Un juicio contra diecinueve acusados de introducir 389 kilos de cocaína ha inaugurado esta semana la reformada sala de vistas de la sede de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz. El recinto ha sido especialmente habilitado para acoger los macrojuicios contra redes de narcotráfico.

Este juicio ya adelanta las dificultades que tendrá la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz para acoger vistas con mayor número de acusados, y más en tiempos de Covid.

La sala cubrirá por completo su aforo con los 19 acusados de su primer juicio, con sus respectivos abogados. Así que ya se da por sentando que no podrá albergar juicios que tendrán 40 e incluso, uno de ellos, 140 acusados.

"Se buscarán otras instalaciones con más capacidad para estos casos", han señalado fuentes de la Delegación en Cádiz de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

La delegación territorial en Cádiz de este departamento ha invertido 74.194 euros para adaptar esta sala de vistas a macrojuicios "garantizando la protección de todos los asistentes y cumpliendo el protocolo de prevención e higiene", con el objetivo de colaborar "con el importante esfuerzo que están realizando las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar", según explicaba en una nota de prensa.

El juicio

El juicio que ha inaugurado la nueva sala para macrojuicios es fruto de una operación llevada a cabo el 2 de mayo de 2018, cuando la Guardia Civil interceptó saliendo del Puerto de Algeciras un camión sin remolque que en su cabina transportaba varias mochilas con 389,5 kilos de cocaína de una pureza del 84,2%, que habría alcanzado en el mercado negro un valor más de 13 millones de euros.

Fueron detenidos los 19 acusados que ahora se sientan en el banquillo, entre ellos cinco estibadores que se organizaron y apañaron sus turnos para extraer la droga del contenedor llegado al puerto desde Guayaquil (Ecuador) en la que había llegado, para que después otros miembros con acceso al puerto, un transportista y un pescador, entre ellos, pudieran sacarla.

La fiscal pide para los estibadores, como para el resto de los acusados, dos años de prisión por el delito de pertenencia a grupo criminal.

Para los tres cabecillas de la organización que prepararon y dirigieron la llegada del alijo, la fiscal pide además nueve años de prisión por un delito contra la salud pública.

Este juicio, que se celebrará hasta, como mínimo, el próximo martes, dirime una operación que se produjo meses antes de que en noviembre de 2018, el Gobierno aprobara el Plan Especial contra el Narcotráfico en el Campo de Gibraltar.

La Fiscalía Antidroga de Cádiz ya advirtió en su memoria de 2019 de la urgencia de acompañar con "una adecuada estructura judicial", la lucha policial contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar para evitar un "efecto embudo" en los juzgados, que podría provocar que los plazos instrucción se alargaran y con ellos expirarán los plazos de prisión preventiva que se podía imponer a los narcos.

Ha sido el caso de Isco Tejón, líder con su hermano Antonio del clan de Los Castaña, uno de los más importantes del narcotráfico del Campo de Gibraltar, que quedó en libertad provisional el pasado 3 de marzo tras pagar una fianza de 200.000 euros, ya que llevaba más de dos años en prisión provisional.

Los juzgados se están enfrentando a causas complicadas, especialmente por el elevado número de acusados y abogados en cada una de ellas.

Y, a medida que los jueces concluyen las instrucciones, aflora ahora el problema de buscar espacios para celebrar juicios con tantos acusados. De momento, la Audiencia de Algeciras cuenta ya con una sala especial.