Algeciras, parada de una marcha de 3.000 kilómetros por la liberación de 32 presos políticos saharauis: "Sufren torturas constantes"

La Marcha por la Liberación de los Presos Políticos Saharauis, que desde el pasado mes de marzo recorre los tres mil kilómetros que van desde la localidad francesa de Ivry-sur-Seine hasta la cárcel de Kenitra, en el norte de Marruecos, ha hecho parada este sábado en la Plaza Alta de Algeciras para pedir la liberación de los 32 saharauis defensores de Derechos Humanos que "permanecen encarcelados de forma arbitraria" al otro lado del Estrecho.

"Son sometidos a torturas constantes y desprovistos de los derechos penitenciarios reconocidos por las convenciones internacionales", ha explicado desde Algeciras Claude Mangin, una de las promotoras de la marcha y esposa de Naâma Asfari, preso político del campamento de Gdeim Izik desde 2010 y a quien, en los últimos 9 años, Marruecos solo ha autorizado una visita de su mujer.

Mangin, que incluso hizo una huelga de hambre de 30 días en 2018 para poder ejercer el derecho de visita y comunicación con su marido, fuen recibida ayer en la Mancomunidad de Municipios junto a representantes del movimiento prosaharaui solidario en España. Su historia, o mejor dicho la de Asfari y el resto de encarcelados, comienza cuando entre octubre y noviembre de 2010, unos veinte mil saharauis levantaron un campamento de protesta pacífica con millares de jaimas en los alrededores de El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental. Nunca se había producido una movilización tan numerosa en el Sáhara desde el inicio de la ocupación marroquí, en 1975. En este campamento, llamado de la Dignidad o de Gdeim Izik, se denunció la política de Marruecos de discriminación hacia los saharauis y se exigió la celebración del referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui prometido por la ONU desde 1991.

Pero la noche del 6 de noviembre de ese año 2010, y con motivo del 35º aniversario de la Marcha Verde, el rey Mohamed VI ofreció un discurso a la nación en el que advirtió que no toleraría ninguna duda sobre la marroquinidad del Sáhara Occidental. "En la madrugada del 8 de noviembre, varios helicópteros de la gendarmería marroquí sobrevolaron el campamento de Gdeim Izik mientras comenzaron a arder varias decenas de jaimas sin que se conociera el origen del incendio. Los acampados comenzaron a salir de sus jaimas mientras efectivos del ejército y de las fuerzas de seguridad marroquíes que habían entrado en el campamento empezaron a lanzar gases lacrimógenos, golpear a los saharauis y destrozar y quemar tiendas, lo que provocó algunos encontronazos con muertes en los bandos enfrentados: once agentes de seguridad marroquíes y un número indeterminado de saharauis", relataba Mangin a su llegada a España en la web El Sáhara Occidental.

"Otros cientos de estos últimos fueron arrestados y torturados en el marco de una represión a gran escala siendo, veinticuatro de ellos, juzgados por un tribunal militar. Los veinticuatro fueron procesados por asesinato y todos ellos afirmaron haber confesado sus crímenes bajo tortura. Muchos de los acusados eran destacados defensores de los derechos humanos o periodistas", continúa.

El Tribunal Militar de Rabat condenó a la mayoría de ellos a penas de prisión muy severas que iban de 20 años de cárcel a la cadena perpetua. "Las flagrantes irregularidades de este juicio, carente de unas mínimas garantías procesales, fueron denunciadas por numerosas organizaciones internacionales de derechos humanos". Naâma Asfari fue uno de los condenados a 30 años.

En noviembre de 2016, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas condenó a Marruecos por torturar a Naâma Asfari y exigió a Marruecos que se abstuviera de cualquier represalia contra su familia. El 11 de octubre de 2023, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria declaró ilegal el encarcelamiento de los activistas saharauis del grupo de Gdeim Izik. En su dictamen, la ONU instó a Marruecos a liberar inmediatamente a estos presos.