El primer macrojuicio por narcotráfico que se celebra en la sede de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz, con 19 acusados, se prolongará, como mínimo, casi una semana más de lo previsto, debido a los retrasos que están causando diversas incidencias técnicas y de preparación de la sala.

Así lo han explicado algunos de los letrados de la defensa, que han lamentado los diversos problemas que se están produciendo y que han llevado a que, de momento, se haya doblado el número de sesiones previstas en esta vista, que han pasado de cinco a diez.

Este martes 13 de abril, estaba previsto el final de la vista, si bien se han ido añadiendo sesiones hasta al menos el lunes 19.

"Este juicio cobaya está siendo un verdadero desastre. Estamos admirados por el tesón y la paciencia de los magistrados, que están haciendo un esfuerzo tremendo, igual que todas las partes", sostiene Alberto Ibars, uno de los letrados de la defensa.

A pesar de los trabajos llevados a cabo en la sala por parte de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que ha invertido 74.194 euros para adaptarla a las medidas de prevención del Covid, los problemas se han sucedido desde que el pasado miércoles día 8 comenzase la vista oral.

Así lo explica Ibars, quien indica que "el primer día estaban poniendo las pantallas; el segundo, los micrófonos; el tercero falló el sistema de grabación y hoy se ha retrasado la sesión porque estaban instalando un nuevo sistema informático", lamenta.

Para el letrado existe "una merma de derechos de nuestros defendidos, porque se está perdiendo la continuidad que deben tener las declaraciones de los testigos".

En la misma línea se expresa otra de las letradas de la defensa, Sofía Morenete, quien lamenta las dificultades que sufren aquellos que tienen que desplazarse desde lejos, como algunos testigos que acuden desde Madrid, ante las continuas interrupciones y suspensiones, con los consiguientes cambios de fecha en sus comparecencias.

"Somos 18 abogados, 19 acusados y todos los testigos, son muchos afectados", explica la abogada, que entiende que "esto es una prueba de que los medios no son suficientes, aunque se hayan reforzado". "Incluso hemos tenido acusados y abogados con dolencias físicas, pero hemos asistido. Quedan muchos testigos por declarar, audición de grabaciones, etc. Es muy posible que se tenga que ampliar", considera.

Los letrados de la defensa han solicitado el aplazamiento del juicio, petición que no ha prosperado, ya que la vista sigue adelante y este mismo lunes se ha celebrado una nueva sesión, también con varias horas de retraso sobre el horario previsto.

La puerta de la sede de la Audiencia Provincial de Algeciras, este lunes.

Se está juzgando a diecinueve acusados de introducir 389 kilos de cocaína a través del Puerto de Algeciras con un 84,2 % de pureza y un valor estimado de trece millones de euros en el mercado negro.

Entre quienes se sientan en el banquillo hay cinco estibadores, un transportista y un pescador, acusados de participar en la descarga de la droga desde un contenedor que había llegado procedente de Guayaquil (Ecuador).

La fiscal pide para los estibadores, como para el resto de los acusados, dos años de prisión por el delito de pertenencia a grupo criminal. Además, para los considerados los tres cabecillas de la organización pide nueve años de prisión por un delito contra la salud pública.

El caso a juicio

El caso que está ahora a juicio en Algeciras se remonta a mayo de 2018, cuando  se estableció un riguroso dispositivo policial que permitió la intervención de la cocaína, que era extraída del Puerto de Algeciras en una cabeza tractora de un camión que previamente había accedido a las instalaciones portuarias.

La droga fue rescatada en varias mochilas por trabajadores portuarios de un contenedor que había llegado desde Guayaquil hacía pocos días, violentando los precintos correspondientes.

El momento exacto de la citada extracción fue perfectamente coordinado por esta organización, que tenía controlado los cuadrantes de servicio de los trabajadores a sueldo de la misma, así como la seguridad de que el citado contenedor no iba a ser sometido a ninguna inspección. Esta operación fue llevada a cabo por el Grupo de Drogas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y coordinada por las Fiscalías Especializadas Antidroga de Madrid y Algeciras.

También participaron la Comandancia de Algeciras y el Grupo de Acción Rápida (GAR), el cual lleva varios meses desplegado en la zona del Campo de Gibraltar luchando contra el tráfico de drogas. 

El juez que instruye el caso decretó entonces el ingreso en prisión de la mayoría de los detenidos, por lo que la Guardia Civil da por desmantelada la principal "colla de rescatadores de droga" que operaba en el Puerto de Algeciras.