Un juzgado de Algeciras investigará la supuesta condonación de un millón de euros a Nautagest por el polémico parking Escalinata
Al sur del Sur
La Fiscalía traslada una denuncia anónima presentada ante la Oficina contra la Corrupción por presuntos delitos de malversación, prevaricación, falsedad, frustración de ejecución y denuncia falsa
Esta información ha sido rectificada por Nautagest SL: Nautagest niega la condonación de deuda alguna por parte del Ayuntamiento de Algeciras
Así será la nueva plaza de la Escalinata en Algeciras, en vídeo

El pasado 16 de junio, el Ayuntamiento de Algeciras dio por concluida la primera fase de construcción de la nueva Escalinata y el inicio de una segunda, llamada a convertir ese espacio en una plaza elevada que contará con un anfiteatro, miradores y jardines verticales con el fin de conectar el centro de la ciudad y su puerto. Con ello se pretende corregir el desaguisado urbanístico iniciado en 2001 con la demolición de la vieja Escalinata y la construcción en su lugar, en altura y sin licencia, en un espacio libre público, de un parking de explotación privada. Ilegal de cabo a rabo.
Entremedias, hasta llegar a día de hoy, se produjo la declaración en ruinas de un edificio de viviendas cercano, el desalojo forzoso de los inquilinos de este, un juicio sin consecuencias para los responsables del desastre, varios pleitos cruzados y unos costes económicos altísimos afrontados en buena medida con fondos públicos, del Ayuntamiento.
Ahora, lejos de enterrarse la polémica, una denuncia trasladada por la Fiscalía de Algeciras a los juzgados de la ciudad la resucita con un amplio abanico de delitos apuntados: malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental, principalmente, a los que se unen los de frustración de ejecución y denuncia falsa.
La denuncia fue presentada inicialmente de forma anónima ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), que la trasladó a su vez a la Fiscalía por el carácter de los hechos descritos: en apariencia, una sucesión de decisiones adoptadas por el gobierno municipal del PP que habrían llevado a condonar sin justificación alguna un millón de euros a Nautagest SL, la empresa adjudicataria de la construcción y explotación comercial del aparcamiento entre 2001 y 2021, y a cerrar de mutuo acuerdo los contenciosos existentes entre las dos partes.

Ni la OAAF ni la Fiscalía de Algeciras -por medio del fiscal Juan Cisneros- han entrado a evaluar en profundidad los términos expuestos en la denuncia, aunque el hecho de que el ministerio público la haya derivado hacia los juzgados algecireños indica, al menos, que los argumentos expuestos a lo largo de 18 folios tienen coherencia. Pendiente de saber en qué juzgado cae la causa por reparto, el hecho de que la denuncia provenga de la Fiscalía anticipa, por lo pronto y salvo sorpresa mayúscula, su admisión a trámite y el inicio de diligencias preliminares.
Conceptos "perdonados"
Los conceptos económicos supuestamente perdonados o condonados indebidamente a Nautagest abarcarían el abono durante varios ejercicios del canon anual pactado por la explotación del aparcamiento, una miriada de impuestos y de tasas municipales, además de la mitad de los costes derivados del realojo de los vecinos del edificio Escalinata, situado sobre el parking y afectado sin rehabilitación posible por la construcción deficiente de aquel. En total, la deuda de Nautagest con el Consistorio ascendía a 1.270.937 euros, según recogió un informe del letrado municipal. De ese cálculo quedó fuera la indemnización por la ruina del inmueble, de la que se hizo cargo el seguro.
La denuncia subraya que Nautagest tan solo habría satisfecho una cuarta parte de esa deuda con el Ayuntamiento y que, a pesar de ello, los responsables municipales acordaron renunciar al cobro del principal en un acuerdo de Pleno, celebrado en abril de 2022. Solo contó con el voto favorable de los concejales del PP. Formalmente, en esa sesión se llevó a cabo una compensación parcial de deudas bajo el epígrafe “Pacto de conciliación del Ayuntamiento de Algeciras y Nautagest SL”, dado que el Ayuntamiento también adeudaba a Nautagest 7.404.469 euros en concepto de lucro cesante, derivado del hecho de que la adjudicataria no pudo culminar el periodo de explotación del aparcamiento, y de otros conceptos. Aunque el saldo a favor de la empresa era de 6.134.532 euros, el Ayuntamiento “le condonó o no le cobró”, reza la denuncia, alrededor de un millón de euros.
¿Por qué adoptó esa decisión el gobierno municipal? Según la denuncia, el acuerdo alcanzado con Nautagest “en perjuicio de la Hacienda pública local” se realizó por un pacto secreto, por el que la empresa aceptaba retirar varias acciones penales dirigidas “contra integrantes del Ayuntamiento, así como para desistir de otras acciones” contra el Consistorio.

“Es decir, que en vez de compensar la cifra total que se adeuda a la administración pública por Nautagest SL como deudor, se tergiversa el expediente, o se eluden datos durante la tramitación del mismo, para realizar una compensación a su favor por una cantidad menor de la que le debe dicha empresa Nautagest SL, sin razón ni argumento alguno, solo ocultando deudas, como si no existiesen, y tras ello, dando finiquito y carta de pago total, a favor de la empresa ilícitamente beneficiada”, subraya la denuncia.
“En el expediente administrativo tramitado al efecto de la suscripción del tal acuerdo conciliatorio”, añade a renglón seguido, “se obvia y/o se oculta tal deuda condonada parcialmente por el Consistorio a Nautagest SL. Y ello con la intención de que no le sea pagada por tal mercantil al Ayuntamiento, a pesar de provenir de sentencias judiciales, y/o de resoluciones administrativas firmes y ejecutivas. Y las que se le cobran, son calculadas sin intereses, a pesar que su devengo y obligación de pago había vencido hace mucho, y procedía legalmente, el cobro de los correspondientes intereses de demora”.
Cinco presuntos delitos
La denuncia apunta la comisión de cinco presuntos delitos por parte de los responsables municipales en relación a Nautagest:
Malversación de caudales públicos
Según la denuncia, se habría producido malversación al haberse condonado la deuda municipal y dado finiquito y carta de pago a Nautagest, sin que, supuestamente, se hubiera abonado todo el débito de la empresa con el erario público municipal, tanto de principal como de intereses. Por ley, "el Ayuntamiento no puede condonar deudas, ni realizar liberalidades", sentencia.

Prevaricación administrativa
La prevaricación vendría derivada del pacto alcanzado con Nautagest y de la resolución administrativa que autoriza a la suscripción de tal pacto. El informe jurídico municipal que justifica el pacto indica que no se ha renunciado a cobrar cantidad alguna a Nautagest SL, si bien la denuncia mantiene lo contrario.
Falsedad en documento público
La denuncia aprecia este delito porque tanto el acuerdo con Nautagest como la resolución administrativa que lo autoriza obviarían “la existencia de deuda municipal contra Nautagest SL y a favor del Ayuntamiento, porque al nombrarla, se habría de compensar por supuesto al ser incondonable”.
Frustración de ejecución
A tenor de la denuncia, se ha incumplido la sentencia judicial que condenaba a Nautagest SL de manera solidaria con el Ayuntamiento de Algeciras a favor de la comunidad de propietarios del edificio Escalinata. “Dicha condena", destaca, "solo ha sido pagada por la administración local, sin que se cumpla la solidaridad de la condena”.
Acusación o denuncia falsa
“Nautagest SL desiste de una querella criminal que interpuso falsariamente contra funcionarios municipales (querella como medida de presión o coacción), pero tal desistimiento solo la articula tras la firma del pacto transaccional, lo que indica la falsedad de tal denuncia, que ha sido artificiosa moneda de cambio del pacto”, se lee en la denuncia.
El escrito concluye proponiendo a las instancias competentes -llegados a este punto, al juzgado- que recabe del Ayuntamiento a modo de prueba numerosa documentación para esclarecer las deudas que se reclamaron el Consistorio y Nautagest, los litigios judiciales existentes entre las partes o las liquidaciones realizadas entre ambas.
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