Un informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) acusa al Ministerio del Interior de “una lamentable descoordinación” en el trato a los personas en situación irregular que fueron ingresados en Centros de Internamiento de Extranjeros al iniciarse la segunda ola de la pandemia.

El SJM pide al Gobierno de España que trabaje en la Unión Europea para que abandone la respuesta del internamiento en esos CIE ante la migración irregular y afirma que “los proyectos de reforma de los CIE quieren acoger las recomendaciones del Defensor del Pueblo y de los juzgados de control, pero revelan una apuesta política por el internamiento, confirmada por el proyecto de obra nueva de un CIE junto a la prisión de Botafuegos, en Algeciras”.

El informe está impulsado por el Servicio Jesuita a Migrantes España, una red de entidades que trabaja por la defensa de los derechos de las personas migrantes y su pleno acceso a la ciudadanía. La red está a su vez impulsada por la Compañía de Jesús y, dentro de ella, por diversas entidades jesuitas centradas en la inmigración de toda España.

Tras visitar los CIE de Madrid, Barcelona, Valencia y Algeciras-Tarifa desde antes y después de la pandemia, y mantener contacto con personas internadas durante la misma, los equipos del SJM señalan que España acertó al vaciar los CIE durante la primera ola.

Sin embargo, continúan, ese acierto contrasta con la decisión contraria, reanudar el internamiento, cuando se iniciaba la segunda ola. Todo ello en medio de “una lamentable falta de coordinación” en cuanto a las medidas de prevención y de contingencia en caso de contagio por parte de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, perteneciente al Ministerio del Interior, competente en la materia.

Así, añade, se produjeron contagios en los CIE, que condujeron a “severas medidas de aislamiento en medio de climas de ansiedad y angustia de los internos, hasta verificarse algunos intentos de suicidio”.

El Estado tuvo que responder patrimonialmente por la negligencia de los servicios médicos del CETI de Melilla y el CIE de Madrid, añade el informe, que recuerda el caso del fallecimiento de Samba Martine. Las indemnizaciones llegaron, recuerda también, después de pasar por “procedimientos penales y civiles largos y complicados”.

Frente a ello, el informe insta a velar por la salud de los migrantes, investigar las denuncias por torturas o malos tratos, aceptar el reconocimiento de la minoría de edad cuando las pruebas susciten dudas y hacer lo mismo con la tramitación de las solicitudes de protección internacional. Y pide que se deniegue el internamiento en esos dos últimos casos.

En el informe se llama la atención sobre el preocupante repunte de llegadas de pateras y cayucos a Canarias, una estadística detrás de la cual hay “rostros y esperanzas frustradas”, y se recogen testimonios de inmigrantes que manifiestan no entender por qué, cuando “no han hecho daño a nadie” salvo intentar trabajar para enviar dinero a sus familias, acaban encerrados.

El informe concluye: “Puesto que la reactivación del internamiento en septiembre de 2020 se produjo en clave de política europea, es preciso que el Gobierno de España influya para que las instituciones de la UE, en el marco del nuevo pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, se abstengan de adoptar cualquier nueva legislación que introduzca o amplíe las posibilidades de internamiento".

Y eso, advierte, "podría ser el caso de la propuesta de reglamento de control de nacionales de terceros países en las fronteras exteriores o de la propuesta modificada de reglamento sobre procedimiento común en materia de protección internacional”.