Prosiguiendo con el devenir liberal en nuestra ciudad, y la influencia en esta de la actividad normativa del Estado que llega hasta este Partido de Algeciras a través de la autoridades liberales de la provincia, estando entre ellas la incomprensible figura del Secretario Censor, un asunto parece preocupar a la clase política algecireña motivando la petición de información por parte de las autoridades provinciales: “Comisión de Justicia. Sumaria que remite al Ayuntamiento de Algeciras, relativa á la irregular conducta que ha observado el juez de primera instancia, contra Dⁿ Francisco Contilló”.

De marcado ideario absolutista, este impresor algecireño -hermano del administrador de las reales loterías en Algeciras, Rafael Contilló-, sería objeto de señalamiento por los liberales. Antes de que finalizara el trienio Contilló fallecería, haciéndose cargo del negocio su viuda, quién, como se ha reseñado en anteriores entregas, publicó el censurado opúsculo titulado: Pruebas contra la conducta política del Iltmo. Sr. D. Rafael de Vélez. Obispo de Ceuta […] publicadas en Algeciras por la imprenta de Viuda de Contilló.

Mientras las autoridades provinciales seguían reclamando ayuda económica a los ayuntamientos para el mantenimiento de la figura del censor, el consistorio de la calle Ancha se ve en la necesidad de recurrir a la Comisión de Sanidad Provincial para expresar mediante: “Oficio del Ayuntamiento y Junta de Sanidad de Algeciras, manifiestan se hallan sin fondo para atender á los gastos que ocasiona la nueva ocurrencia de enfermedad que se ha presentado”. Lógicamente y dada la cercanía, los restantes municipios del Partido estarían en la misma situación de necesidad económica ante este nuevo brote u “ocurrencia” de fiebre amarilla.

Al mismo tiempo que la epidemia seguía estando presente en el Partido de Algeciras, quizá por agravio comparativo, el cabildo algecireño envía un oficio a las autoridades provinciales, exponiendo lo que sigue: “Ayuntamiento de Algeciras, fecha 12 del corriente […], consulta sobre si el Capitán, Teniente y Subteniente, Gefes, Ayudantes y Sargentos de las seis Compañías de Milicias Urbanas que hoy en esta Ciudad deben considerarse exceptuados del alistamiento para la Milicia Nacional”. Respondiendo las autoridades: “Se acordó se diga á dicho Ayuntamiento que el Cuerpo de Milicias Urbanas se halla extinguido, y sus oficiales en el mismo caso para la Milicia Nacional que los retirados del Ejército, debiendo ser comprehendidos todos los demás en el alistamiento para la Milicia Nacional”.

Siguiendo en el mismo contexto, el consistorio vuelve a solicitar autorización, para: “Oficio del Ayuntamiento de Algeciras de fecha 13 de este mes, pidiendo se le faculte para amueblar de camas el Cuartel que sirve de alojamiento á las tropas de la guarnición por cuenta de la contribución del presente año”.

La epidemia de fiebre amarilla y la escasez de recursos económicos no impiden continuos enfrentamientos entre absolutistas y liberales

A pesar de la epidemia de fiebre amarilla y de la falta de recursos económicos en la caja del consistorio, la clase política local de ambos bandos, siguen en su guerra particular: “Oficio del 14 del corriente de Dⁿ Pedro Juan Barte (ex Alcalde), Juez de primera instancia del partido de Algeciras, en que manifiesta las contestaciones que ha tenido con el Alcalde Constitucional, á motivo de no querer proporcionarle fondos para sacar la correspondencia que tiene detenida en el correo”. Se da cuenta del hecho al jefe político, quién: “Con decreto marginal pido informe”. Añadiendo: “Manifiesta á S. E. que con motivo de igual caso ocurrido con uno de los Jueces de primera instancia, está pendiente de la resolución de instancia hecha al Gobierno, lo cual cuando se reciba servirá de regla para la determinación que deba recaer á cerca de la solicitud que hace el citado Dⁿ Pedro Juan Barte, cuyo oficio se devuelve á S.E.”. Llama la atención la facilidad con la que se acude a las más altas instancias del Estado para temas de segundo orden, mientras que otros de gran necesidad para las poblaciones de los pueblos del Partido, se quedan estancado en la capital de la provincia.

Extracto propuesta de extinción de los Escopeteros de Getares.

Ante la falta de presupuesto, y dadas la deudas que el consistorio algecireño mantiene con instituciones de otras provincias, las autoridades liberales superiores deciden: “Que la Comisión de Propios, donde hay antecedentes, reciba oficio de Algeciras de fecha 17 del corriente, relativo á su adeudo á las cárceles de Sevilla”.

Por aquellos días, el jefe subalterno del Partido de Algeciras recibe de la Comisión Provincial de Comercio, en su afán de regenerar la provincia, el siguiente: “Reglamento para el seguro de incendios remitido por la Compañía de San Fernando de Madrid, de que hace mérito el número 17, de la sesión del 18 de este mes […], y conforme en un todo de lo que propone la Comisión, se acuerda: se devuelva al Excmo. Sr. Gefe Político para que si lo tiene á bien, haga conocer al público dicho reglamento por medio de los periódicos, á fin de que enterado pueda interesarse en aquel establecimiento; y al tiempo de dirigirlo se manifieste á SE sería oportuno que al director de la Compañía le indicase como, pide individuo capaz para destino de comisionado en esta provincia de dicho establecimiento”.

Al mismo tiempo que la citada compañía de seguros madrileña intenta ubicarse en las localidades de la provincia, incluida nuestra ciudad, otra comisión se interesa por la disolución de un cuerpo de gran raigambre en Algeciras: “La Comisión de Justicia presentó dictamen, según sesión de 8 de Octubre, para la extinción de la Compañía de Escopeteros de Andalucía, acordándose se remita á S. M. dicha exposición suplicándole se sirva mandar se suspenda el pago á las Compañías de Escopeteros á que estaban afectos los fondos de Propios de la provincia desde principios de este primer año económico, respecto de haberse aprobado en las Cortes el presupuesto de gastos de la Secretaría de la Guerra en que están inclusos los pertenecientes á dicha Compañía de Escopeteros; y como no podrá menos de acceder á tan justa petición dígase […], se abstenga de pagar cosa alguna respectiva el año económico para evitar la involucración de cuentas, ínterin resuelve S. M. la consulta en la cual también se apoyen las razones poderosas […], se funda para solicitar la extinción de la expresada Compañía de Escopeteros”.

Mientras la tramitación de la extinción y suspensión de pago del cuerpo de Escopeteros se remite a la Casa Real, el consistorio algecireño elabora y aprueba un expediente sobre: “La irregular conducta que dice se ha observado el Juez de primera instancia Dⁿ Francisco Contilló”. Dicho expediente, fue remitido a las altas esfera liberales gaditanas, dando como resultado: “Y oído el dictamen de la Comisión de Justicia, á quién se pasa, según resulta al número de 22 de la sesión de 23 de este mes, se acordó se resuelva el expediente al Excmo. Sr. Gefe Superior Político manifestándole que en su opinión esta clase de quejas corresponde a la Audiencia Territorial, y que solamente sería de la atribución de S.E. Si se tratase de infracciones á la Constitución, y que por lo respectivo al modo de manejarme en el cobro de las contribuciones y créditos de Propios debe decir el Ayuntamiento de Algeciras, que manda las providencias gubernativas no surtan el efecto que se apetece, acuda al tribunal de Justicia”.

Al mismo tiempo que los algecireños liberales y absolutistas vuelven a enfrentarse en los despachos, el cabildo de la ciudad se enfrenta a una serie de vecinos por la imposición de una serie de infracciones: “Con fecha de 24 de Agosto, se presenta ante el juez letrado de esta Ciudad, instancia por los vecinos solicitando una Certificación de las multas exigidas por el Ayuntamiento de Algeciras”. El consistorio a modo de queja, remite el siguiente oficio: “Pide se la haga entender (al juez), no está en sus atribuciones intervenir en el manejo de aquella Corporación”.

No es difícil suponer la utilización de los vecinos en el enfrentamiento entre los bandos locales reseñados anteriormente. Todo lo cual genera un dictamen de la Comisión de Justicia provincial en el que se expresa: “Las atribuciones de los juzgados de primera instancia y de toda Autoridad judicial, están ceñidas á los negocios contenciosos y que no tiene este concepto la instancia de Dⁿ José Cañas de Ocaña y de Dⁿ Juan Ventura Fort, para que el juez letrado le mandase facilitar la Certificación de las multas exigidas por el Ayuntamiento, pues no siendo una demanda formal, no han podido los interesados instruirla ni admitirla el juez sin preceder al juicio de conciliación, siendo por lo tanto indudable que la instancia debió dirigirse á la Autoridad gubernativa que ejerce el Ayuntamiento y sus Alcaldes, y en queja en el caso de negativa al Excmo. Sr. Gefe Político; bajo estos principios se acuerda […] se diga al Ayuntamiento de Algeciras sostenga sus derechos, y que si el juez insistiese en que el Depositario produzca la certificación, podrá quejarse de infracción á la Constitución y Decretos que demarcan las respectivas facultades de las Autoridades gubernativas y judiciarias”. Nuevamente el enfrentamiento con los vecinos -y con una clara politización de la cuestión-, estaba servido.

Entre conflicto y conflicto con los partidarios del antiguo sistema, aún le quedaba tiempo al Consejo local algecireño para proseguir su lucha comenzada meses atrás en favor de potenciar su fondeadero: “Envío expediente á la Comisión de Comercio solicitando habilitación del Puerto de Algeciras, diciendo que ya nada se le ofrece por decir en el asunto, mediante ha estar resuelto por las Cortes con haber declarado en 4 del corriente mes, como puerto habilitado el de Algeciras para el Comercio Nacional y Extranjero”.

La realidad era que, según se desprende de la documentada reseña anterior, oficialmente el Puerto de Algeciras, independientemente de la resolución del gobierno liberal central, venía ejerciendo el comercio nacional e internacional desde bastante tiempo atrás; siendo sus principales puertos de contactos, según se ha reseñado en capítulos anteriores, los de la región levantina por el Mediterráneo y el de Cádiz por la costa Atlántica; así como también, en el contexto internacional, los puertos de Tánger o Gibraltar, entre otros. Nuevamente, la actividad administrativa está por detrás de la realidad del Campo de Gibraltar o Partido de Algeciras; extremo este que sería una constante en el futuro devenir de la zona.