Algeciras

La guerra contra las narcolanchas llega a los juzgados por primera vez

  • El primer juicio tras la prohibición sentará en el banquillo en Algeciras a tres hombres que viajaban sin mercancía ilícita y pidieron ayuda de Salvamento Marítimo porque se iban a pique

Narcolanchas apiladas en un depósito en San Roque. Narcolanchas apiladas en un depósito en San Roque.

Narcolanchas apiladas en un depósito en San Roque. / Erasmo Fenoy (San Roque)

Comentarios 2

Tres hombres viajan en una lancha semirrígida de gran potencia –de las utilizadas para el narcotráfico en el Estrecho– cuando detectan una avería y notan que se hunde. Están cerca de la costa de Algeciras, tanto que sería posible tirarse al agua y nadar hasta la playa. Pero no lo hacen.Deciden inmediatamente telefonear a Salvamento Marítimo para que acuda a su auxilio. Cuando la Agencia Tributaria tiene conocimiento del suceso inmediatamente requiere la documentación a los tres tripulantes del barco, que no presentan papel alguno.

Con este relato comienza el que ya es el primer proceso judicial de la historia por la posesión de un barco de alta velocidad. El Gobierno español prohibió las llamadas narcolanchas el pasado 28 de octubre. El suceso antes relatado ocurrió poco después. Tanto que los tres hombres afirman que no eran conscientes de que estaban cometiendo un delito. El caso es que iban a convertirse ayer en los primeros juzgados por este motivo, pero uno de ellos cambió de abogado y el nuevo solicitó el aplazamiento. El juicio se celebrará en unos meses.

Las lanchas de gran potencia como la que llevaban estas tres personas están reguladas por el Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, que justifica la prohibición porque se utilizan “para la rápida introducción de géneros de contrabando (fundamentalmente hachís, cocaína y cigarrillos) mediante el trasbordo o el alijo en la playa” y que esto “es una de las principales amenazas a la que se enfrentan diariamente el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. “Recientemente, además, estas embarcaciones de alta velocidad están siendo utilizadas también para el transporte ilegal de inmigrantes”, se lee en las Disposiciones Generales.

Los detenidos con la narcolancha en Algeciras (dos españoles y un marroquí) tienen antecedentes por tráfico de drogas, pero en el momento en el que solicitaron la ayuda marítima no transportaban mercancía ilícita. Lo que no sabían es que la propia embarcación en la que viajaban era ilegal. La Agencia Tributaria ha tasado en 120.000 euros el barco incautado que se hundía y que los llevará al juzgado de Lo Penal 2 de Algeciras.

En principio estos casos se tratan como diligencias urgentes, lo que evidencia el interés de la justicia por limpiar la costa del Campo de Gibraltar de estos bólidos del mar.

Según la ley, la posesión, fabricación, circulación, importación, exportación o rehabilitación de las narcolanchas constituyen, salvo que se cumplan los requisitos legales, una infracción administrativa si el valor de las embarcación aprehendida no supera los 50.000 euros. Si la cuantía es mayor, será un delito de contrabando, sancionado con pena de prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces el valor de los bienes incautados.

Parece que los tres acusados basarán su defensa en que no han tenido tiempo de inscribir el barco en el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad que el decreto-ley crea para que puedan acogerse a él las exenciones de la prohibición. Estas se refieren principalmente a las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria adscritas al Servicio de Vigilancia Aduanera, las utilizadas para navegación interior por lagos, ríos y aguas fuera de los espacios marítimos españoles, las afectas al ejercicio de actividades empresariales, deportivas, de investigación o formación y las de recreo destinadas a uso privado que cumplan los requisitos reglamentariamente establecidos en materia de seguridad, técnicos y de comercialización. El decreto-ley contempla que los operadores de estos barcos que los tuvieran antes de la entrada en vigor del mismo dispondrán de un plazo de seis meses a contar desde el día 28 de octubre para solicitar su inscripción. En este caso habían pasado tan solo unos días. Esto no ha impedido que la Fiscalía los llevara a juicio en virtud de la falta de documentación básica y la convicción de que el barco se dedicaba al contrabando en el Estrecho.

Embarcaciones incautadas en un depósito en San Roque. Embarcaciones incautadas en un depósito en San Roque.

Embarcaciones incautadas en un depósito en San Roque. / Erasmo Fenoy (San Roque)

La prohibición de las narcolanchas se puso en marcha con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y culminó con el de Pedro Sánchez. Ambos decidieron atender una petición histórica de las coordinadoras antidroga y los sindicatos policiales porque resultaba “muy difícil actuar contra las organizaciones criminales que emplean estas embarcaciones, pues resulta frecuente intervenirlas cuando ya han alijado la droga o el tabaco, o cuando en el transcurso de una persecución los géneros son arrojados al mar”. “En estos casos resulta especialmente complejo proceder administrativa o penalmente contra los patrones y tripulantes, y las embarcaciones continúan siendo utilizadas por las organizaciones criminales una y otra vez para sus actividades ilícitas”, se lee en el texto publicado en el BOE. “Ello produce una sensación de impunidad en la ciudadanía y de cierta impotencia y desánimo entre los miembros de las fuerzas y cuerpos que tienen encomendada la represión del contrabando y el narcotráfico, generando la percepción de que existen ciertas áreas del litoral español –especialmente el más próximo a Gibraltar– en las que el control efectivo del Estado se ve muy mermado cuando no totalmente imposibilitado”, continúa.

Al problema del tráfico ilícito y su impunidad se une el riesgo que para la seguridad marítima suponen estas embarcaciones que navegan a alta velocidad, a menudo en la oscuridad y sin dispositivos de localización o señalización alguno, causando un grave peligro de colisión con otras embarcaciones o incluso de atropello.Por todo ello, el Ejecutivo decidió, dentro de las medidas de represión del contrabando, prohibirlas tomando en consideración sus características técnicas, su titularidad y la finalidad de su uso. El decreto-ley permite incautarlas incluso en tierra y sin carga ilícita e incoar los correspondientes expedientes sancionadores o formular las denuncias que resulten pertinentes. Ya ha caído la primera.

Etiquetas

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios