El gobierno local de Algeciras baraja denunciar a la concejal Rocío Arrabal por dar información de la mesa de contratación

El Ayuntamiento de Algeciras ha anunciado que baraja emprender acciones legales contra la portavoz del PSOE, Rocío Arrabal, por lo que desde la entidad local se considera una revelación de información confidencial en el transcurso de la rueda de prensa que ofreció el martes. Arrabal informó sobre deliberaciones de la mesa de contratación del Ayuntamiento y la adjudicación de las obras del puente del río Pícaro "aprovechando su condición de invitada sin voto a las sesiones de este órgano municipal".

“Por un lado, faltó a la verdad indicando que uno de los lotes de la adjudicación había quedado desierto, y por otro, facilitó a la opinión pública datos que son confidenciales, quebrando así la obligación que tienen los concejales de mantener el secreto de las deliberaciones”, según el Consistorio. El anuncio de las acciones legales ha sido efectuado por la teniente de alcalde delegada de Contratación, Paula Conesa.

El Consistorio apunta que este jueves habrá una nueva sesión de la mesa de contratación por la que pasará la licitación del Pícaro "que se recuerda no está concluida ya que se encuentra pendiente de adjudicación, al estar formada por tres lotes".

La entidad local considera que Arrabal habría vulnerado el artículo 16.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), que indica textualmente que “los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación con las informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio”.

Para el Ayuntamiento, la portavoz municipal socialista también habría contravenido el artículo 22 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Algeciras, donde se recoge literalmente que “los concejales tienen la obligatoriedad de preservar la confidencialidad de la información que se les facilite para el desarrollo de su función. Especialmente, habrán de guardar reserva por lo que respecta a la información que pueda afectar a los derechos y libertades de los ciudadanos reconocidos por la Constitución”.