La titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Algeciras, Belén Barranco, ha decretado el archivo parcial de las diligencias abiertas en mayo de 2018 por las que se investigaba el fraude en la estiba algecireña, consistente en el cobro de comisiones a cambio de facilitar puestos de trabajo en los muelles. Entre las personas que quedan ahora libres figura el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Algeciras, Luis Ángel Fernández, su hijo Luis, la madre de este último y otras tres personas.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Sur y firmado con fecha de ayer, 2 de mayo, la juez anula todas las pruebas recabadas con posterioridad al pasado 30 de noviembre con el argumento de que, transcurridos desde mayo de 2018 los seis meses máximos para la instrucción, no ha quedada demostrada la existencia de los delitos que de forma indiciaria existían contra los investigados.

La juez apunta que la Fiscalía no ha pedido a lo largo de toda la fase de instrucción la declaración de la causa como compleja, lo que habría permitido prorrogar la investigación 18 meses y dar por válidas, por tanto, todas las pruebas recabadas después del 30 de noviembre.

Luis Ángel Fernández, al igual que el resto de personas exoneradas por el auto de la juez, ni tan siquiera ha comparecido ante el juzgado. Su declaración en sede judicial, junto a su exesposa, y los otros investigados estaba fijada para el pasado 2 de abril, pero las elecciones generales -convocadas oficialmente ese mismo día- hizo recomendable aplazar su testimonio al próximo día 28, una vez pasados no solo esos comicios, sino también los municipales del día 26, a los que Fernández no concurre ya como miembro de la lista del PP.

Ángel Fernández aparecía, según la investigación policial basada en los seguimientos a los que fue sometido y los pinchazos de las líneas teléfonicas que utilizaba, como una de las personas que supuestamente había cobrado comisiones a modo de presunto mediador ante las empresas contratistas. La Policía Nacional le detuvo bajo los presuntos delitos de corrupción entre particulares y estafa. La supuesta implicación de sus padres estaba vinculada al pago de cantidades de dinero adeudado por su hijo a quienes no habían logrado un puesto de trabajo.

Investigación

A raíz de las denuncias de algunos afectados, la Policía Nacional inició a comienzos del pasado año una investigación que fue cobrando fuerza con el paso de los meses, recabando testimonios incriminatorios, haciendo seguimientos e interceptando las líneas telefónicas de los presuntos implicados.

El 13 de marzo de 2018, el sindicato Coordinadora, mayoritario en la estiba española, alertó públicamente de la existencia de una trama de estafadores en Algeciras que ofrecían puestos de trabajo a cambio de dinero. Coordinadora denunció que la citada red estaba utilizando los nombres de miembros del comité de empresa de la estiba algecireña para obtener empleos.

En agosto de 2018, la Policía Nacional detuvo a tres personas por su presunta relación con estos hechos. Dos de ellos, padre e hijo, eran estibadores convertidos en presuntos comisionistas de la red. Ambos habrían cobrado importantes cantidades de dinero por facilitar el acceso a puestos de trabajo en los muelles. Tanto en un caso como en otro, fueron despedidos en octubre por el centro portuario de empleo de Algeciras, la Sagep.

El pasado 28 de diciembre, agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional detenían a Ángel Fernández Cortés, hijo del presidente de la Mancomunidad, ante la sospecha de que pensaba irse de España, amenazado por las personas que supuestamente le habrían pagado comisiones sin haber obtenido un puesto de trabajo.