El fortalecimiento de la Guardia Civil en 1848-1849

Si bien en España, en el año 1848, se seguía disputando otra guerra civil, llamada “Segunda Guerra Carlista”, los hechos de la misma que afectaron a la provincia de Cádiz no fueron de armas, pues no se libró en ella batalla alguna como sí ocurrió en otras partes de la Península.

Los hechos de mayor trascendencia de aquella época en nuestra provincia, respecto a dicha contienda, fueron, por ejemplo, los traslados de “presos de guerra”, tanto “carlistas” como incluso liberales “extremistas”. Procedían de otros puntos del territorio nacional y tenían por destino sufrir cautiverio en puntos geográficamente lejanos. A tal efecto, fueron conducidos hasta el puerto de Cádiz siendo embarcados y transportados en buques hasta las Islas Filipinas, que entonces formaban parte de España.

También hubo dicho año, por ejemplo, casos concretos y destacados, del refugio temporal en la colonia británica de Gibraltar, de algunos personajes españoles disidentes del poder institucional. Esto último ya había ocurrido antes y seguiría sucediendo después, tratándose en buena parte de personas relevantes, que, en función de diversos intereses, incluido por supuesto el político británico, se exiliaron y refugiaron temporalmente allí, significándose que en determinados casos y diferentes causas, algunos fueron prontamente expulsados de la colonia.

Mientras tanto, el cuerpo de la Guardia Civil continuaba potenciando su despliegue por toda la provincia gaditana y su Campo de Gibraltar, al igual que se iba expandiendo y fortaleciendo como primera fuerza de seguridad del Estado, por todo el territorio nacional. Un significativo ejemplo de ello, aunque sucediera fuera de nuestra comarca, pudo acreditarse cuando el 26 de marzo de 1848 se produjo en la capital del reino un intento de sublevación que fue rápidamente sofocado. Tanto el Ministerio de la Guerra como el de la Gobernación publicaron inmediatamente sendas reales órdenes meritando y poniendo en valor a sus fuerzas.

A estos efectos, mención especial merece la disposición dictada por este último ministerio, en la noche de dicha jornada, que comenzaba diciendo: “Alterado hoy el orden público en esta capital, el Gobierno ha tenido la satisfacción de verlo completamente restablecido al cabo de pocas horas”, para exponer seguidamente que: “La guardia civil, los salvaguardias, los empleados de protección y seguridad pública, todos han sido dignos émulos de la bizarra guarnición, cuya lealtad y decisión exceden a todo encarecimiento”.

Al día siguiente, y relacionado con los mismos hechos, se dictaba otra real orden, esta vez del Ministerio de la Guerra, felicitando a las fuerzas actuantes: “Las tropas de la guarnición de Madrid, la guardia civil, los carabineros del reino y los salvaguardias, dieron ayer una nueva y brillante prueba de su disciplina y fidelidad a la Reina y la Constitución, restableciendo con su decisión el orden público alterado por los conspiradores”.

Continuando adelante, y ya finalizada oficialmente la “Segunda Guerra Carlista”, para mejor entendimiento de la situación que se fue experimentando en el ámbito de la seguridad pública, tanto en todo el territorio nacional como en el Campo de Gibraltar por supuesto, resulta de interés la real orden de 20 de julio de 1849, dimanante del Ministerio de la Gobernación. Dirigida a los jefes políticos de las provincias ponía en valor una vez más a la Guardia Civil.

Tal y como había sucedido tras la “Primera Guerra Carlista”, el nivel de seguridad pública del país, en general, se vio perjudicado en algunos casos concretos por la “desmovilización” de algunos miembros de las fuerzas combatientes que, en vez de volver a sus actividades laborales anteriores, se dedicaron a la práctica de actos meramente delictivos, mientras que en otros, lejos de rendirse y entregar las armas, continuaron “combatiendo” en la medida de sus posibilidades, si bien terminaron degenerando en actos entendidos y difundidos como de delincuencia común.

Los vencedores de la contienda fueron inexorables en el contenido de dicha real orden. El inicio de la misma no daba lugar a duda alguna, expresándose con toda crudeza: “Los diferentes robos ocurridos en los caminos públicos de pocos días a esta parte han llamado muy particularmente la atención del Gobierno. Por lo mismo que la terminación de una guerra desbanda siempre a los criminales que encontraron en ella un pretexto para eludir momentáneamente la nota de bandidos, es un deber de los Autoridades redoblar su celo y su vigilancia a fin de perseguirlos sin tregua ni descanso”.

Curiosamente, “a muchos de los ladrones aprehendidos se les han encontrado sus correspondientes pasaportes, y a casi todos, licencias para uso de armas. Esto hace ver que en la expedición de dichos documentos no se observan con escrupulosidad las reglas establecidas, dando así lugar a que sirva de instrumento para facilitar el crimen lo que tiene por único y exclusivo objeto el prevenirlo.” Ello motivó que se hiciesen “las más terminantes prevenciones a los Alcaldes y a los empleados de protección y seguridad pública, no solo para que se abstengan de expedir pasaportes y licencias de uso de armas a los que ofrezcan las garantías suficientes, sino para que adopten las más eficaces disposiciones a fin de asegurar los caminos y de capturar a los ladrones en el momento que tenga lugar un robo”.

Por lo tanto, se ordenó seguidamente, en nombre de la reina, a los mentados jefes políticos de provincia que obrasen “con la mayor severidad y energía”, y que se constituyesen “en cualquier punto en que tenga noticia de que se conciertan los ladrones, o de que se ha verificado un robo, siempre que otras atenciones del servicio no se lo estorben absolutamente”.

Por último, se concluía prometiendo en nombre de la reina, “que procediendo de este modo y llenando la Guardia civil el objeto de su instituto, para lo cual se han comunicado ya las instrucciones competentes, los caminos quedarán asegurados cual corresponde”.

Otra real orden de interés, dimanante también del Ministerio de la Gobernación, dictada muy poco después y que es uno de los orígenes de la realidad actual sobre el traslado de presos por todo el territorio nacional por parte de la Guardia Civil, incluidos los traslados que se hacían y se siguen haciendo desde el puerto de Algeciras hasta Ceuta, por ejemplo, fue dictada el 26 de agosto de 1849.

(Continuara).