La Coordinadora TPA denuncia irregularidades en el control fronterizo del Puerto de Algeciras

El sindicato Coordinadora TPA ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social una situación que considera “crítica” en el Puesto de Control Fronterizo (PCF) del Puerto de Algeciras. Según expone en un escrito registrado esta semana, los trabajadores encargados de la inspección física de contenedores están siendo expuestos de forma continuada a productos químicos altamente tóxicos utilizados en fumigaciones realizadas en origen, muchos de ellos no autorizados en la Unión Europea.

El sindicato advierte de que esta exposición supone un grave riesgo para la salud de los empleados y acusa a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) de haber relajado, sin justificación técnica ni consulta previa, el protocolo de seguridad implantado en 2020. Y añade TPA que en lugar de requerir informes de empresas especializadas sobre posibles residuos químicos, como se hacía hasta ahora, se están aceptando declaraciones responsables de los exportadores. “Hay casos en los que los contenedores han dado positivo en sustancias como fosfuro de aluminio, bromuro de metilo o fluoruro de sulfurilo”, advierte Coordinadora TPA.

Además de los riesgos sanitarios, el sindicato denuncia un incumplimiento reiterado de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La modificación del protocolo se realizó —señalan— sin informar ni consultar a los delegados de prevención, lo que vulnera el derecho fundamental de los trabajadores a participar en la gestión de su propia seguridad.

La denuncia también apunta a un fallo grave de coordinación entre entidades públicas y privadas que operan en el PCF. Coordinadora TPA sostiene que ni la empresa gestora del recinto (Docks), ni la Jefatura del PCF, ni la propia APBA han convocado a los representantes sindicales a las mesas en las que se diseñan o modifican los protocolos de actuación. “Se trata de un centro de trabajo compartido donde esta omisión no solo es injustificable, sino contraria al deber legal de coordinación de actividades preventivas”, subraya.

Ante lo que consideran una inacción prolongada por parte de los organismos responsables, el sindicato no descarta acudir a la vía penal. En su denuncia, advierte de que los hechos podrían constituir un delito contra la salud de los trabajadores, tipificado en el Código Penal.

Coordinadora TPA exige de forma inmediata la revisión del protocolo actualmente en vigor, el restablecimiento de controles técnicos rigurosos antes de abrir los contenedores y el cumplimiento estricto de las normas de seguridad laboral. “No se puede permitir que se rebajen los estándares de protección en un entorno con riesgos químicos tan evidentes”, concluye el sindicato, que ha reiterado su compromiso con la defensa de la salud de la plantilla y ha pedido una actuación urgente por parte de la Inspección de Trabajo.