El pleno adjudica definitivamente a Nicolás Luna el servicio de la grúa

El Ayuntamiento aprobó ayer en pleno municipal la adjudicación definitiva del nuevo contrato de gestión del servicio de grúa a la empresa Nicolás Luna León con los votos favorables del PSOE e IU y la abstención del PP. Este punto fue objeto de un acalorado intercambio de intervenciones por parte del portavoz socialista, Diego Sánchez Rull, y el portavoz del (PP), José Ignacio Landaluce, llegando el alcalde, Tomás Herrera, a hacer callar al político popular hasta en cinco ocasiones.

Landaluce rechazó de esta empresa la "falta de solvencia" y el que los trabajadores no hayan demostrado "veteranía y profesionalidad porque no sabemos en qué labores han estado trabajando". Igualmente criticó que no haya podido aportar un contrato con las suficientes garantías y que el presupuesto sea de tan sólo 3.000 euros .

Para Sánchez Rull, sin embargo, cuenta con acreditación como transportista, con solvencia económica y financiera "y cumple con todos los requerimientos para ser la adjudicataria" y que la diferencia "era abrumadora respecto a las otras ofertas presentadas" (se presentaron nueve). Añadió que había otra oferta muy buena pero se desestimó porque ofrece su servicio desde dos puntos diferentes mientras que la adjudicataria dispone de una parcela en Cortijo Real de 9.500 metros. Sánchez Rull quiso dejar claro que el PP había tenido acceso a todos los debates suscitados respecto a la adjudicación. Sánchez Rull criticó a Landaluce el mezclar la adjudicación y la "desgraciada situación con Servicios Generales del Estrecho, que nosotros rechazamos" y le culpó de defender los intereses y los mismos argumentos de esta empresa.

Precisamente el Ayuntamiento remitió ayer a la Fiscalía el expediente de la antigua concesionaria para que analice si hay indicios suficientes sobre la comisión de un delito en la prestación de los servicios. Landaluce echó en cara que se haya tardado tanto lo que el PP había planteado hace siete meses y criticó que en ese tiempo se ha permitido que se cobre de más a los algecireños que no se haya hecho nada para devolver el dinero .

Sánchez Rull, explicó que no es el Ayuntamiento el que está obligado a devolver ni el resto de los ciudadanos, sino el culpable de esta situación.

Uno de los argumentos que más crispación propició fue al decir Sánchez Rull que cuando se concedió la concesión a Servicios Generales, Landaluce era el responsable municipal de Contratación. Este respondió que el pacto con el PA se rompió en julio del 97 y se adjudicó en el 98.