Continuando con las festividades del día 19, y teniendo como escenario la Plaza Alta, prosigue el texto: “Repetidas estas dulces cláusulas con la energía y entusiasmo de tan bizarros patriotas, a que correspondió el inmenso pueblo que vistosamente adornaba las espaciosas colinas, el General con sus Ayudantes se puso a la cabeza de la columna de camino, que mandó; y entonando el himno patriótico del inmortal héroe don Rafael del Riego, se dirigió hacía la Plaza de la Constitución: a su entrada se formó la columna de honor, y colocado el General al frente de la lápida, pasó la columna, saludando cada sección con los vivas más entusiastas. El general se despidió, y mientras se formó la batalla para retirar la bandera cuya acción aún es muy digna denotarse, pues el benemérito Jefe de la Corona dispuso fuese aquella escoltada por una mitad de la compañía de Milicia Local. De este modo, españoles, se concebía la unión, fraternidad y entusiasmo por nuestras sabias leyes. Y a la noche dio a sus expensas en el teatro un lucido baile público, que duró casi hasta el amanecer del día inmediato. Por la noche del mismo día hubo iluminación general en toda la ciudad”.

El periodo constitucional, como posteriormente ocurriera en el periodo absolutista, no estuvo exento de las tradicionales actitudes cainitas hispanas. El mismo Santacana recoge: ”No era tampoco fácil que el nuevo sistema de gobierno llegara a funcionar con regularidad y sin grave perturbación en el país”. En nuestra ciudad aconteció que: “Un gran gentío formado en su mayor parte por los miembros de la Milicia Nacional y público en general, que reclamaban del ayuntamiento, que tomase medidas de precaución para poner a cubierto la salud y libertad de la Patria con algunas personas que la opinión general del pueblo tenía marcada como desafectas al sistema constitucional”. Tomándose la decisión de crear una comisión, de la cual formó el vecino y cura de la Palma, el diputado doceañista Vicente Terrero Monesterio.

En sus conclusiones, la nombrada comisión política, estableció según el acta resultante: ”Guiados por los principios de amor a la Patria y del sistema constitucional, habían concebido cierta desconfianza sobre algunas personas existentes en esta ciudad, y aún en la inmediata de San Roque, porque sus opiniones estaban sobradamente marcadas de desafectos al sistema constitucional y en tal concepto exigían una medida que calmase sus recelos y pusiese a cubierto en todo tiempo el resultado que su influencia pudiese proporcionar”. Siendo los realistas denunciados: “El teniente general José O'Donnell, el brigadier Manuel María Albergoti, el presbítero Francisco Cid, el médico del hospital militar Crescencio Santos y el capellán del mismo, Hilario de Barcelona. Todos fueron trasladados a la Isla Verde”.

Otros algecireños marcados como “desafectos” y sobre los que había que actuar en precaución para “poner a cubierto la salud y libertad de la Patria”, fueron encarcelados, como así se recoge en la siguiente información judicial: “Algeciras á 13 de Marzo de 1821 […], Ramón Lagares, vecino de esta dicha Ciudad, manifiesta que al estarse procediendo criminalmente por el Juez de primera Instancia de este Partido don José Colety de la Calle, contra Francisco Lobé, preso en la Cárcel publica con motivo de las Almaradas (puñales), que en su persona le ocupó el Sr. Alcalde primero Constitucional D. Ventura Fita, la tarde del 21 de Febrero último, cuya causa se continúa de oficio, y en la que á petición de Don Lorenzo Arata y Ortiz, Curador; al reo se ha mandado en providencia de este mismo día poner en libertad bajo de Fianzas Carceleras; y á fin de que tenga debido y cumplido efecto la escarcelación del nominado Lobé, y en aquellas vías y forma que más haya a lugar otorga: Que lo fía y recibe en fiado preso -Ramón Lagares- como Carcelero comentariase al referido Francisco Lobé, obligándose el compareciente a tenerlo en no poder de pronto y manifiesto á devolverlo á la Cárcel pública, siempre que por el mismo Sr. Juez u otro Competente se le mande y sea requerido”.

De igual modo también aconteció, según el expediente judicial correspondiente: “Manuel Gómez, vecino de esta Ciudad, en el Juzgado de primera Instancias de esta Ciudad, se rige causa criminal de oficio contra Antonio Puyol, vecino de esta Ciudad y otros, por haber sido delatado por haber proferido expresiones contra individuos del Batallón de la Milicia Nacional, y otras subversiones y contra la Constitución y actual sistema, en cuya censura se ha mandado por auto y declarado por preso al citado Puyol que se ponga en la cárcel pública con embargo de sus bienes hasta en cantidad suficiente a cubrir en resulta del juicio, y que se suspendiere la practica de las diligencias siempre que en este mismo día prestase fianza de Cárcel Segura [...], y dió por entregado a su voluntad obligándose -Manuel Gómez- a tenerlo en su poder, de pronto y manifiesto y de presentarlo en la cárcel pública, cuando sea requerido por el Sr. Juez que compete”.

Dentro de aquella persecución política, antecesora de la que a partir de 1823 harían los absolutistas, los algecireños intentaban normalizar sus vidas: “Francisca Muñoz, natural de Manilva y vecina de Algeciras, viuda de Isidro Rodríguez de Tapia, manifiesta que debe 2 meses de alquiler a Rafaela y María González. Y que a ella le debe Francisca García, mujer de Manuel Ribera 2 onzas de oro, pagándome cada semana 5 reales, según dispuso el Sr. Alcalde primero, sobre la cual hubo juicio de paz. También 2 onzas de oro de Sebastián de Tapia que siembra una suerte en el Acebuchal e igual cantidad de Gregorio Benítez que es vecino de Los Barrios por 9 fanegas de trigo, lo cual quiero que se cobre”.

Y mientras el consistorio cambiaba oficialmente la denominación de la calle Imperial llamándola de Riego, los algecireños veían como al igual que años atrás durante la lucha contra los franceses, los precios de los alimentos no dejan de subir, ante la escasez motivada por el conflicto: “Precios corrientes en ésta Plaza: Comestibles y granos del país. Garbanzos 86 á 96 r.v. Habas 30. Maíz de 58 á 60. Cebada de 38 á 40. Arroba de vino blanco, de 28 á 30. Arroz la arroba, de 36 á 38. Aceite, de 50 á 51. Café, la libra, de 7 á 8. Comestibles y granos ultramarinos: Trigo de 68 a 70 reales. Habichuela la arroba, de 33 a 34. Chícharos secos, de 22 á 24. Pimiento molido, de 50 á 70. Bacalao, el quintal, de 160 á 190. Manteca de Flandes, la libra, de 7 ½ á 8 r. v. por mayor”.

A todo esto, el cabildo local con su flamante Alcalde constitucional, que curiosamente aunaba en el ejercicio de su diaria responsabilidad, el poder judicial como juez de primera Instancia y el político como primer regidor de la ciudad, proseguía su cotidiana labor, dentro del periodo liberal: “El Sr. Dn. Ventura Fita, Alcalde primero constitucional de ella y Juez Interno de primera Ynstancia del Partido, habiendo visto la aceptación y levantamiento prestado por Dª. Ana Muñoz, viuda de Dn Francisco Acosta, vecina de esta Ciudad, su Señoría, dijo: debía de discernír y discernio el cargo y oficio de tutor Curadora y Administradora de las personas y bienes de Dn. Juan, Dn Venancio, Dª. Olimpia, Dª Orencia y Dn Rafael Barhen y Acosta, menores hijos de los difuntos Dn. Juan Barhen y Dª Rafaela de Acosta, de sus bienes, mientras subsistan en la menor edad”.

El cura constitucionalista de la Palma, Vicente Terrero participó en las comisiones.

A tenor de lo que recoge el siguiente texto, fue aprobada la petición -como se recogió en un capítulo anterior-, de algunos algecireños de: “Solicitar la gracia de que se repartan las Dehesas de propios, situadas en esta Ciudad”. Dando como resultado: “Pedro Vilches, dueño de una suerte de terrenos para sembrar sito en la Dehesa de Las Abiertas, que le fue señalada en el reparto celebrado el año anterior por este Ayuntamiento Constitucional en las Dehesas que denominada de Las Abiertas y sitio del Acebuche, término de esta Ciudad [...], cede a Miguel Morales por el término de 6 años, que principiará á correr y contará desde Sn Miguel del presente siendo condición previa [...], que el producto de la cosecha, deducido costas ha de ser partible á igualdad entre ambos [...] si resultare pérdidas Vilches de obliga a satisfacer al Morales la mitad de ellas [...], pués esta compañía lo es á pérdida y ganancial”. Siendo quizá una posible muestra de la política agraria llevada a cabo durante el Trienio Liberal.

Otra cuestión es la situación que sufren los funcionarios de la administración destinados en Algeciras, ante el lento cambio de sistema de gobierno que se está produciendo: “Ignacio Valle Marimón, capitán de navío de la Armada Nacional y juez de alzado y arribada de esta Ciudad, concede representación á Ignacio Casal vecino y del comercio de Cádiz, para que en su nombre reclame ante la Tesorería, Pagaduría y demás Oficinas que correspondan la cantidad de varios sueldos que de su citado empleo se le están adeudando y devengando”.

Desgraciadamente, y aún cuando el sistema liberal ya se encontraba implantado, persiste la persecución, como refleja el siguiente documento: ”Gabriel Gómez, vecino de esta dicha Ciudad, manifiesta que por cuanto ha estarse procediendo criminalmente por el Juez de primera Instancia de este Partido, contra Diego Ortiz, preso en la Cárcel publica por el delito de ser sospechoso en su conducta y haberse mandado en providencia del día de antes de ayer 13 y no aparece mérito para imponer pena corporal al referido Ortiz […], se le carcelare bajo pena de fianza bastante de cárcel segura […], y á fin de que tenga debido y cumplido efecto la excarcelación del nominado Ortiz, y en aquellas vías y forma que más haya a lugar otorga: Que lo fía y recibe en fiado, preso como Carcelero comentáriense al referido Gabriel Gómez, de quién se dá por entregado á su voluntad sobre lo que renuncia las Leyes de la entrega y su prueba, obligándose el compareciente a tenerlo en no poder de pronto y manifiesto á devolverlo á la Cárcel pública, siempre que por el mismo Sr. Juez u otro Competente considere”.

Y llegó el fin del Trienio Liberal, y con él el fin del sueño constitucionalista, y la Algeciras absolutista recibió la victoria de los Cien Mil Hijos de San Luís, como la Algeciras constitucional hizo lo propio al tener conocimiento del levantamiento en Las Cabezas de San Juan. Nos pocos liberales optaron por atravesar con urgencia la bahía y desembarcar en Gibraltar. Los que no pudieron marchar sufrieron el tradicional y señalado anteriormente cainismo nacional.

La administración plasmó en sus encabezamientos el nuevo giro del cambio político, del: “Habilitado, Jurada por el Rey la Constitución en 9 de Marzo de 1820”; se pasó al: “Habilitado por el Rey Nuestro Señor en la plenitud de sus derechos Soberanos en 1 de Octubre de 1823”.

Mientras que para las naciones modernas, ciertos planteamientos como Constitución o monarquía quedaron superados en el pasado, dos siglos más tarde -en este 2020- tales conceptos siguen siendo cuestionados por la sociedad española, como si de una asignatura pendiente con la historia se tratara. Parafraseando a Mendizábal, bien se puede afirmar que España es como una noria condenada al eterno retorno.