El 11 de noviembre de 2020, el Maersk Laberinto, un portacontenedores de casi trescientos metros de eslora y bandera Hong Kong, amarraba en el Puerto de Algeciras. Procedente de Paraguay, la Guardia Civil y la Udyco central de la Policía Nacional aguardaban su llegada desde hacía tiempo, tras haber practicado desde el mes de febrero seguimientos y escuchas telefónicas a los presuntos integrantes de una importante red criminal dedicada al tráfico de cocaína.

Hasta ese momento, los agentes habían logrado armar el rompecabezas casi en su totalidad, pero para completarlo les faltaban las piezas principales: pillar a los implicados con las manos en la masa e incautarse de la droga. Y lo lograron al hallar en el buque un contenedor, repleto de sacos de arpillera llenos de carbón, en cuyo fondo se ocultaban otros 63 de forma rectangular: en su interior se encontraron “paquetes tipo ladrillo con envoltorios de plástico” que arrojaron un peso neto de 1.882 kilos de cocaína de gran pureza, con un valor estimado en el mercado negro de 67,8 millones de euros.

La operación se había iniciado un año antes, el 20 de diciembre de 2019, cuando un intercambio de información entre la Benemérita y la Policía fijó la atención de ambos cuerpos en una furgoneta empleada para el transporte de bidones de aceite. Tras averiguar que el vehículo figuraba como sustraído, procedieron a su inmovilización, hallando en su interior documentación relativa a la importación de carbón vegetal por parte de personas con antecedentes por tráfico de drogas.

Contactos con aduaneros y guardias civiles

La investigación abierta a lo largo de los meses siguientes destapó la existencia de una red empresarial tras la que se ocultaba una trama internacional dedicada a traer importantes cantidades de droga desde Sudamérica a España. Para ello y según consta en las diligencias a las que ha tenido acceso Europa Sur, se utilizaban presuntamente varias empresas, principalmente dos de ellas, cuyos respectivos administradores son Javier T.F., con antecedentes penales no computables a efecto de reincidencia, y José M.B.

Un agente de la Guardia Civil, con un alijo de cocaína en un contenedor en el Puerto de Algeciras.

Los investigadores apuntan a que Javier T.F. importaba la mercancía a través de una tercera empresa y era también el coordinador del operativo de llegada de la droga a España, en tanto que José M.B., además de regentar una de las sociedades clave de la trama, “mantiene contactos con los agentes aduaneros” que, supuestamente, habrían facilitado de alguna forma la entrada de la droga. Este extremo, no ha podido ser confirmado por el momento, según las fuentes consultadas por esta redacción, que apuntan igualmente a la posible implicación en los hechos de miembros de la Guardia Civil que habrían dado cobertura a la red.

En las diligencias aparecen citadas otras tres personas con papel protagonista en los hechos. Uno de ellos en Francisco Antonio G.R., supuesto “coordinador” junto a Javier T.F. de las actividades ilícitas de la trama y con contactos igualmente con miembros de Aduanas, y Enrico M.E.R., quien además de supervisar los ingresos obtenidos con la droga rescindió el contrato de alquiler de una nave industrial localizada en Tarragona y arrendó otra en Algeciras, en la calle Concordia del polígono Cortijo Real, en Algeciras. Durante los registros practicados por los agentes en los domicilios de Francisco Antonio G.R. y Enrico M.E.R. -localizados en las calles Feria y Paco Gandía, en Sevilla- se encontró abundante documentación relacionada con los hechos.

La única mujer que figura como investigada es Martha G.G., a quien los investigadores consideran como responsable de elaborar “el entramado corporativo y financiero” de la red y de formalizar la operación de compraventa de una de las dos empresas. También aparecen como investigados Juan Antonio R.M -con antecedentes penales por defraudación tributaria y falsedad-, a quien se le atribuye el rol de persona de confianza de Francisco Antonio G.R., y José Javier V.L. y José Ángel F.G.

En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía Antidroga de Algeciras solicita para cada uno de los investigados una condena de 12 años de prisión y el pago de una multa de 250 millones de euros. De estos ocho investigados, seis están en prisión provisional, investigados por un delito agravado contra la salud pública, en tanto que los otros dos se encuentran fuera de España. Sobre ellos pesan órdenes de detención internacionales; uno de ellos reside Dubai (Emiratos Árabes), según las fuentes consultadas.

Seis nuevas detenciones

La investigación, con diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Algeciras, sigue su curso y fruto de ello han sido detenidas recientemente otras seis personas, de las que una permanece en prisión provisional por tenencia ilegal de arma de fuego. Las otras cinco han sido puestas en libertad, si bien la Fiscalía Antidroga ha recurrido y pide que también estén encarceladas de forma provisional.

La investigación ha detectado que los miembros de la trama empleaban sistemas encriptados de telefonía para que sus conversaciones fuesen interceptadas por terceros, lo que complicó la labor policial.