Algeciras La Audiencia gana un sexto magistrado para afrontar una treintena de macrocausas

  • Antigua reivindicación del sector judicial, la llegada del nuevo juez aliviará la carga de trabajo de la sección séptima y permitiría crear dos salas diferenciadas

Fachada de la sección 7 de la Audiencia Provincial en Algeciras Fachada de la sección 7 de la Audiencia Provincial en Algeciras

Fachada de la sección 7 de la Audiencia Provincial en Algeciras / Erasmo Fenoy

La sección de Algeciras de la Audiencia Provincial contará finalmente con un sexto magistrado. El Ministerio de Justicia ha comunicado este jueves la propuesta formulada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la creación de cinco nuevas unidades judiciales en Andalucía, entre ellas la sexta plaza de magistrado que permitirá descongestionar una sección que a lo largo de los años ha destacado por su elevada carga de trabajo pero también por la elevada resolución de asuntos.

Esta sexta plaza llega después de que a finales de 2018 se autorizase la creación de la quinta plaza en la sección. Se trata de una antigua reivindicación del sector judicial, con el ex presidente de la sección, Manuel Gutiérrez Luna, a la cabeza, pero también de una demanda de cuerpos de seguridad, autoridades locales y colectivos antidroga con el objetivo de agilizar la tramitación judicial, especialmente aquella relacionada con el narcotráfico. Hasta la Audiencia llegan los casos con más de cinco años de pena de prisión y los recursos de los juzgados de instrucción y, como muestra de esa carga de trabajo, están los casi 30 macrojuicios, en su mayoría relacionados con el tráfico de drogas a gran escala, con múltiples acusados que tiene en perspectiva.

Con la creación de la sexta plaza se aliviará esa sobrecarga. La llegada de un sexto magistrado permitiría, si así lo decide el CGPJ, traducirse en la creación de dos salas diferenciadas, mixtas o especializadas de forma que hubiera una civil y otra penal. También supondría la creación de más plazas de funcionarios. Se abriría entonces un nuevo reto para aprovechar esta circunstancia: buscar espacio para esa segunda sala, más teniendo en cuenta la necesidad de contar con una sala de vistas habilitada para los macrojuicios en cartera. No obstante, aún hay que convocar el concurso para cubrir la plaza de magistrado.

El Ministerio crea esta plaza en el marco de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, aprobada con el objetivo de evitar que se saturen los juzgados debido al “extenso periodo de ralentización estructural de la Administración de Justicia” durante la pandemia. 

Las nuevas unidades judiciales son: 2 Juzgados de lo Social (Huelva y Córdoba), 2 de lo Mercantil (Cádiz y Granada) y la plaza de magistrado para la sección 7ª de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, correspondiente al orden Civil y Penal. Precisamente la creación del segundo juzgado de lo Mercantil de Cádiz en el marco de este plan generó un profundo malestar en Algeciras al desecharse la posibilidad de crear el primero de esta materia en el Campo de Gibraltar, una zona con una importante actividad industrial y portuaria que requeriría de este tipo de órgano.

Según destaca Justicia en un comunicado, "la ralentización sufrida en la Administración de Justicia como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19, exigía un impulso efectivo que permita dar una salida ágil al volumen de procedimientos suspendidos y acumulados desde que se decretó el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo". El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 7 de julio la aprobación de un Plan de actuación con medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la Covid-19 y aliviar la acumulación de litigios derivada de la crisis sanitaria.

Este Plan se despliega en dos fases y afectará a un total de 315 juzgados, principalmente a los órdenes de lo social, mercantil y contencioso-administrativo. Permitirá adecuar la planta judicial a las necesidades derivadas de la crisis en un plazo de 3 años (un tercio de las plazas se crearán en el primer año), "atendiendo siempre a las necesidades en cuanto a volumen de carga de trabajo habitual, el aumento debido a la ralentización durante la pandemia y a una mejor optimización de los recursos personales y materiales disponibles".

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