Manuel Gómez y Domingo Enrique Castaño reconocen ante el juez que recibieron dinero de Fitonovo

Los acusados del caso Madeja, Manuel Gómez y Domingo Enrique Castaño, exconcejal y exasesor del PSOE en Sevilla, han confesado este lunes en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional que recibieron dinero de la empresa Fitonovo para favorecerla al adjudicarle contratos públicos.

Ellos y otros siete acusados más han pactado con la Fiscalía una condena inferior de un año para evitar entrar en la cárcel.

El caso Madeja tiene su vertiente algecireña en la existencia de una supuesta comisión a cambio de la adjudicación a Body Factory Gestión del contrato de construcción y explotación del polideportivo El Calvario.

La entrega de comisiones que han confesado los expolíticos se prolongó, según el Ministerio Fiscal, durante al menos quince años, por lo que acabó afectando a múltiples administraciones estatales, autonómicas y locales e involucró en todo el país a un "elevado número de funcionarios y autoridades" de lugares como Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias.

Manuel Gómez, a preguntas de la defensa del PSOE, formación acusada de ser partícipe a título lucrativo, ha asegurado que dio, junto al exasesor y a su vez exdirector del área de Vía Pública del consistorio sevillano, una cantidad total de 30.000 euros en 2007, aunque ha dicho no recordar si hubo más.

El acuerdo con la Fiscalía

Tanto el exconcejal como el exasesor socialistas se han declarado culpables a cambio de una rebaja de las penas requeridas por la Fiscalía, que solicitaba más de un año y medio y que, finalmente, ha reducido sus peticiones por debajo del año de cárcel y a un máximo de 1.800 euros las multas, frente a las iniciales de más de 4.200, al apreciar las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas.

El Ministerio Fiscal ha alcanzado un acuerdo con diez de los acusados en esta pieza del 'caso Madeja', salvo con los exconcejales de Izquierda Unida (IU) Antonio Rodrigo y José Manuel García y el exedil del PP Joaquín Peña, que aún no han declarado.

Nueve de los acusados han admitido su papel en los hechos, por lo que se han reconocido culpables de cohecho o tráfico de influencias. Para el décimo, José Gutiérrez, el fiscal ha pedido que sea absuelto por prescripción, ya que se desvinculó de Fitonovo en el año 2003.

Por otra parte, el fiscal ha solicitado al tribunal de la Audiencia Nacional que se suspendan las condenas para que no entren en prisión, puesto que la pena de cárcel que han admitido es inferior a dos años.

Entre los que también han pactado con la Fiscalía menos de un año de cárcel y multas inferiores están Antonio Miguel Ruiz, exasesor de IU; Francisco Amores, exjefe del servicio de Parques y Jardines; el capataz Manuel Pineda; Francisco Luis Huertas, jefe de mantenimiento del Parque María Luisa, y empresarios o representantes de empresas como Carlos Alfonso Lozano, Juan Antonio Salas y Juan José López.

Durante las cuestiones previas, el PSOE no se ha pronunciado y la defensa de IU, que ha alegado que su supuesta participación habría prescrito, ha negado que el partido recibiese dinero de la empresa.

La abogada de IU ha adelantado que dicho partido "no tuvo beneficio alguno, no incorporó dinero ni a su contabilidad ni a su patrimonio," y ha pedido aportar como prueba al juicio informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas para demostrar que "no hay trampa ni cartón".

Las cifras

El escrito de las conclusiones provisionales de la Fiscalía que recoge Europa Press señala que Domingo Enrique Castaño y Manuel Gómez consiguieron que Fitonovo, "a cambio de las adjudicaciones ilícitas y un permanente trato de favor hacia la empresa", asumiera pagar al partido alrededor de 160.000 euros, entre otras cosas, para unas obras en la Agrupación Local Macarena.

Respecto a IU, el Ministerio Público detalla que José Manuel García, Antonio Rodrigo y Antonio Miguel Ruiz recibieron de Fitonovo 155.000 euros, de los que 70.000 se le habrían entregado a uno de ellos en una caja de zapatos, por numerosas adjudicaciones, como once contratos para poner césped artificial en campos de fútbol.

La actividad de Fitonovo

La Fiscalía describe que Fitonovo creó una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a lograr "contratos públicos irregulares". Mediante la estructura comercial de la empresa, armó una red de contactos con "funcionarios corruptos" que les facilitaban la contratación y estableció una "contabilidad paralela" que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar los "sobornos" a funcionarios públicos.

La continuidad de las prácticas corruptas entre 1995 y 2013, el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados "llevan a concluir que las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal", asegura.

Según la Fiscalía, Fitonovo puso en marcha una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, usó "medios ilícitos" para conseguir las contrataciones, "causando grave daño al interés público", ya que "pervirtieron" numerosos concursos "en detrimento" de las arcas e interés públicos, causando un "grave daño socioeconómico" a las empresas que participaban de forma legal, "al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama", señala, coincidiendo con el juez instructor José de la Mata, que en 2019 abrió juicio oral a 88 personas por las siete piezas del caso.

Como el pago de comisiones a funcionarios no podía justificarse de forma lícita, añade, Fitonovo tenía una 'caja B' que se nutría de facturación falsa con un gran número de empresas suministradoras o proveedoras, operaciones que se registraban en la contabilidad oficial aparentando compras de suministros o de servicios.

El juez instructor atribuyó tanto a PSOE como a IU la condición de partícipes a título lucrativo en la investigación que afecta al Ayuntamiento de Sevilla por beneficiarse de la trama corrupta.