Mandos de la Guardia Civil que declararon como testigos ante el Servicio de Asuntos Internos de la Benemérita aseguraron que no habían reclamado las obras que ahora se investigan en un juzgado madrileño por presuntas irregularidades en su adjudicación al considerar que los trabajos de pintura encargados no estaban entre las "prioridades". Según apuntaron, las reformas se llevaron a cabo tras una "llamada" del teniente general Pedro Vázquez Jarava, o de su equipo en la Subdirección General de Apoyo del Instituto Armado.

La Comandancia de Algeciras es la tercera con mayor volumen de proyectos adjudicados a la trama investigada por la Justicia, con 29 obras valoradas en 399.189,48 euros.

Así consta en el sumario —al que ha tenido acceso Europa Press— de la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid, donde hasta el momento figuran como investigados Vázquez Jarava; el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, que fue jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila entre 2015 y 2017; el trabajador por cuenta propia Salvador Gutiérrez; y el empresario canario Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon, que además aparece en el sumario del caso Mediador como persona vinculada al general investigado Francisco Espinosa, que está en prisión preventiva, y antiguo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras.

Según la información aportada al procedimiento, entre agosto y septiembre de 2020 el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil tomó declaración a al menos una decena de mandos de la Benemérita sobre las obras que se llevaron a cabo en 2017 en cuarteles en diferentes provincias de España.

Uno de los testigos, que ejercía funciones en la Comandancia de A Coruña, indicó a los investigadores que —según recordaba— "entre las prioridades correspondientes al ejercicio 2017 no se encontraban los trabajos de pintura llevados a cabo en los acuartelamientos de Ortigueira y Sigüero".

"No se siguió el procedimiento"

Otro de los interrogados, este destinado en el Cuartel de Ortigueira (A Coruña), apuntó que para las obras ahora investigadas "no se siguió el procedimiento" que estaba previsto a la hora de acometer reparaciones o trabajos en las instalaciones del acuartelamiento. Según relató, solían remitirse a la Comandancia "hasta tres presupuestos y luego se elegía por regla general el más económico para su ejecución". En este caso, aseguró que no se hizo así.

Explicó que recibió un correo electrónico en el que se le participaba que la Subdirección General de Apoyo Superior Centro Directivo —entonces a cargo de Vázquez Jarava— había "descentralizado crédito para el pintado de fachadas de los acuartelamientos" y que los trabajos de pintura serían realizados por "una empresa contratada a nivel nacional".

El brigada aseguró que llegó a enviar un correo electrónico a la Comandancia de A Coruña en el que adjuntó un certificado de "no conformidad con los trabajos realizados", aunque días después remitió un segundo correo, este sí con un certificado de "conformidad", por una factura en la que se eliminaron dos partidas que figuraban en el presupuesto inicial y que se correspondían a "trabajos no ejecutados".

Según apuntó, se pudo constatar "mediante el visionado de las propias cámaras de seguridad que posee el acuartelamiento" que dichos trabajos "no se habían realizado".

"Muy caro"

Por su parte, un sargento que estuvo destinado en el acuartelamiento de Sigüero (A Coruña) aseguró a los investigadores de Asuntos Internos que no recordaba haber elevado a la Comandancia ninguna necesidad de obra en dicho cuartel.

Según consta en su declaración como testigo, la reforma estuvo a cargo de uno o dos trabajadores, "sorprendiéndole que no fueran gallegos" y que realizaran las obras "un fin de semana por la tarde".

Al margen, señaló que aunque carecía de los "conocimientos técnicos necesarios, el importe de la factura le pareció muy caro para el trabajo realizado", en referencia a la reparación de la fachada, raspado, proyectado de corcho y pintado, por la que se abonó factura de 4.392,22 euros a la mercantil Solocorcho SL —de la que era socio y administrador Ángel Ramón Tejera de León—.

Una prueba "extensiva" a otros cuarteles

Asimismo, otro sargento de la Guardia Civil —destinado al Cuartel de Tarazona de la Mancha (Albacete)— indicó que "recibió llamada telefónica del negociado de Apoyo de la Comandancia de Albacete" en la que le comunicaron que su acuartelamiento había sido designado como "puesto piloto" para "una prueba que consistía en el pintado parcial de una fachada (...) en la que se empleaba una pintura anti-humedades".

En este sentido, precisó que cuando se realizó la obra uno de los operarios le dio a entender que "era una prueba y que si era efectiva la Dirección General de la Guardia Civil la haría extensiva a otros acuartelamientos".

Al igual que otros mandos de la Benemérita que prestaron declaración como testigos ante Asuntos Internos, este sargento manifestó que ninguno de los trabajadores de la empresa de Mon acudió al cuartel antes de realizar las obras para determinar el presupuesto previo a los trabajos a realizar.

A su vez, consta que un teniente coronel de la Guardia Civil destinado a la Comandancia de Albacete aseguró que por lo que respecta a los acuartelamientos de Tarazona de la Mancha y Riópar, "al igual que el resto" de los cuarteles de la provincia, no constaba ningún informe de situación o propuesta de obra elevado a unidades superiores u órganos centrales. También señaló haber recibido una llamada telefónica de Vázquez Jarava, quien le indicó que la empresa de Mon utilizaba "una técnica de impermeabilización de fachadas que ofrecía buenos resultados".

Estas declaraciones se aportaron al caso que lleva ya al menos ocho meses paralizado en el juzgado madrileño a la espera de un informe pericial sobre las obras efectuadas en 13 comandancias de la Guardia Civil: las de Algeciras, Murcia, Albacete, Alicante, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Toledo.

En concreto, Asuntos Internos cifra en 3,3 millones de euros el importe de las obras adjudicadas entre 2008 y 2019 por dichas unidades territoriales de la Benemérita a las empresas administradas por Mon, pese a constar que algunas de ellas no fueron ejecutadas o fueron realizadas parcialmente, "lo que pudiera ser constitutivo de los delitos de falsedad en documento mercantil y malversación".