Al mismo tiempo que el coronel Francisco Milans aceptaba la convidada de sus compañeros de armas, el jefe político del Campo de Gibraltar recibía una solicitud de varios vecinos labradores en la que le comentan: “Sobre el perjuicio que les infiere la entrada clandestina de trigos y demás granos procedentes de Gibraltar”. Una vez leída, y siguiendo el procedimiento administrativo habitual, este, reenviaba el escrito a las autoridades provinciales.

Se ha de suponer que tanto el gobernador militar como la llamada Milicia Nacional, tendrían a su vez conocimiento del asunto que tanto preocupaba tanto a los labradores algecireños, como así a los del resto de la comarca. Sin duda y aprovechando el diario correo con la administración centralizada en Cádiz, la solicitud reseñada, se acompañaría -dado el mismo contexto- de otro escrito generado en nuestra ciudad, y por el cual: “Los síndicos del Ayuntamiento de Algeciras solicitan que su Ayuntamiento continúe la habilitación del Puerto para la entrada de buques de América y extranjero, por los perjuicios que sufre su vecindario...”. Esta solicitud pasó a la Comisión de Comercio, y por tanto al llamado Gefe Superior Político.

Al final, la solicitud cayó sobre la mesa del responsable de la Administración General de Aduanas, quién contestó citando: “La Real Orden de 31 de mayo y prevenciones hechas por el mismo Administrador en virtud de las cuales ha cesado la habilitación que se reclama, manifestando su opinión sobre el particular fundándola en las dos bases de utilidad general de la Nación e interés de la Hacienda Pública”. Para el nuevo gobierno constitucional, el puerto algecireño seguía teniendo una gran importancia.

Una de las políticas liberales que tuvieron más incidencia en el Campo de Gibraltar, fue la del reparto de tierras, sobre este tema un vecino de Algeciras se dirigió en memorando al jefe político de la comarca, haciéndole constar: “Antonio Priego, acompañado de varios documentos; dos con fechas de 20 de Abril, uno de ellos datado en Los Barrios, otro en Algeciras, y el tercero de fecha 26 del mismo, también en Algeciras, todos los documentos sobre el reintegro de las suertes de tierra que le fueron repartidas y según tiene conocimiento la Comisión de Justicia, esta comisión acordó la remisión de las tres instancias al Sr. Gefe político Subalterno del Partido de Algeciras para que oyendo al Ayuntamiento, y con presencia de lo prevenido en el Decreto de las Cortes de 4 de Enero y 13 de Septiembre de 1813, informe lo que gradúe oportuno con devolución de los expedientes”.

Grabado del Peñón de Gibraltar.

Por otro lado, el Ayuntamiento algecireño solicitaba: “Que se le admita -por las autoridades provinciales-, que daba de su cuenta el plus que facilita a la partida de Policía que tiene para la tranquilidad y buen orden”. De regreso con el reparto de terrenos, la Comisión de Agricultura acordó: “Pasase la exposición municipal reducida, á que se apruebe la repartición que piensa hacer el Ayuntamiento de Algeciras de la Dehesa de aquellos Propios denominada Algamasilla entre los labradores pobres en suerte de fanegas”.

En la misma línea peticionaria: “Dn Francisco de Arcos y Carrasco, que ejerció las funciones de vocal de la Junta del Partido de Algeciras, expone en solicitud que se le perdone el tanto de contribución que ha cabido en los años de 1810 y 1819 por haber estado ejerciendo como tal”. La respuesta de la administración provincial, no pudo ser más contundente: “Se acuerda no se debe acceder á lo solicitado por ser de notoria injusticia eximir de la Contribución á los vocales de la Junta de Partido, que debían servir estos empleos, como cargas concejiles sin sueldos ni gratificación; y que dichos individuos deberían ser los primeros á dar ejemplo de puntualidad en el pago de la Contribución puesta á su cuidado”.

Mientras en vía administrativa, la resolución de los expedientes sigue de institución en institución, la vida de los algecireños transcurre dentro del ambiente enrarecido por la política y falta del orden público, lo que se reflejaba en asuntos como el que se sigue en el juzgado algecireño: “José Muñoz, vecino de esta ciudad, que por cuanto haberse formado causa criminal de oficio en el Juzgado de primera Instancia de este Partido, y por ante mí, contra Francisco García conocido por el apodo del Africano, vecino de esta ciudad, preso en la cárcel publica de la misma sobre la cuestión y quimera que tuvo la mañana del primero de Julio de este año, con Pedro de Torres, y de la que resultó herido el primero y habiéndose mandado antes de este día se relaje a dicho hacía la prisión que sufre en esta Ciudad y su termino; bajo la fianza de cárcel segura; afín de que tenga efecto su excarcelación en la vía y forma que más haya a lugar, otorga que recibe en fiado como carcelero comentariense al expresado Francisco García, del cual se da por entregado á su voluntad, sobre que renuncia las Leyes de la entrega, en prueba y demás del caso; obligándose á tenerlo en su poder y de pronto y manifiesto y devolverlo á la misma cárcel, siempre que por el Sr. Juez que conozca de la causa se le mande ú otro competente, y tan luego como fuese requerido sin dilación ni plazo alguno aunque para otro le sea concedido, renunciando a cualquier beneficio y las leyes que le favorezcan; y pongo en el caso de no restituir al dicho García a la misma cárcel para que todo cuanto le fuese juzgado en la expresada causa y demás á que se hiciere acreedor”.

Pasado el tiempo, nuevamente Antonio Priego -al que anteriormente se ha hecho referencia-, vuelve a dirigirse a la administración para una nueva reclamación: “Antonio Priego, vecino de Algeciras, se queja de los Ayuntamientos de Los Barrios, San Roque y Algeciras, porque no le guardan los privilegios, ni exenciones que S.M. ordena en su título de Agrimensor; solicitando por las nulidades que expresa se deponga á Dn Sebastián Puche del empleo de Alarife de Algeciras y se le agracie con él […] la Comisión de Justicia acordó se pida informe á los tres Ayuntamientos contra quienes el interesado establece sus quejas”.

Curiosamente con la nueva estructura liberal, se crea la siguiente situación: “Al Excmo. Sr. Secretario de la Gobernación de la Península: El Sr. Gobernador y Comandante de Ceuta piden que se le despache título de Gefe Político de aquella Plaza y que remite al Sr. Gefe Político Superior para que le manifieste lo que se le ofrezca y parezca […] la Comisión de Partido informa de lo negativo de dicha pretensión: pues ni la Plaza de Ceuta es cabeza de Partido, ni Puerto de Mar (sic), ni está amenazada por el enemigo de un modo que pueda tener el trastorno de la seguridad pública, ni su distancia de la ciudad de Algeciras, capital de aquél Partido y en que reside un Gefe Político Subalterno, puede retardar los recursos que necesite la autoridad militar”. Alguien no tenía claro la situación geográfica de la ciudad norteafricana.

Por aquellos días el gobierno dispone 1.051 r.v. para: “La subsistencia de los Escopeteros de Andalucía”. Aclarando posteriormente al margen: “Es de creer no llegará esto á tener efecto, respecto á que estas Compañías se extinguirán por la organización de la Milicia Nacional”. Recordemos que los Escopeteros de Getares, aún estaban en activo.

Por otro lado, persiste el asunto de la entrada clandestina de trigos procedentes de la colonia británica: “El Gefe Político de Algeciras, abre expediente á consecuencia de la queja de los labradores que se quejan de la introducción fraudulenta de trigos y demás granos procedentes de Gibraltar”. Enviado dicho expediente a las autoridades provinciales, estas, dictaminan: “Se conmina con la pérdida de empleo al comandante de aquél resguardo y á sus subalternos, si continua tan perjudicial y escandaloso desorden; y si por otra parte los labradores de aquél Partido meditan algún medio que pueda influir á impedir los indicados fraudes, podría cortarse un mal de tanta trascendencia, proponiéndolo a dicho Sr. Gefe Político Subalterno del Partido de Algeciras”.

Mientras la cabeza del comandante del servicio del Resguardo pendía de un hilo, el Ayuntamiento constitucional de nuestra ciudad, cumpliendo con el calendario establecido: “Envía a la Comisión de Propios, según acuerdo de primeros de Junio, su estado de Contribución”. Al mismo tiempo que el consistorio de la calle Ancha remite la citada información, un vecino de nuestra ciudad, hace llegar a la misma administración provincial la siguiente solicitud: ”Manuel Ballesteros con domicilio en la calle Real, solicita la vara de Alguacil Mayor”. No expresando en su escrito mérito alguno que fundamentara su solicitud, ni otras observaciones que pudieran avalar tal pretensión. Solo le faltó exigir la concesión obligada del cargo.

Mientras el avecindado en la calle Real, espera “se apruebe” su solicitud para ejercer el cargo de Alguacil Mayor, otro domiciliado en Algeciras, presenta ante las autoridades preceptivas escrito de protesta, en el que expresa: “Antonio de los Santos Yzquierdo, de Algeciras, se queja del Ayuntamiento de San Roque porque -según él- arbitrariamente ha incluido en el señalamiento que ha hecho por carteles, los chaparros de su Cortijo denominado El Charcón”. La denuncia fue enviada a la Comisión provincial de Propios y de Justicia.

Sobre la compleja y caótica situación administrativa en la que se encontraba la zona bien puede servir de ejemplo la siguiente denuncia: “Con fecha 15 de Junio remite expediente el Gefe Político Subalterno del Partido de Algeciras, relativo á una instancia de Doña Ángela Pasano, vecina de Gibraltar y dueña de la casa que en la línea de aquel Campo, ocupan los Comandantes militares de aquél punto, y la Oficina de Recaudación de la Hacienda Nacional, solicitando el abono de los alquileres, que según la interesada ascienden á 3.190 pesos fuertes y 6 reales de vellón”. Aquella falta de pago, era una muestra más de la tan necesaria remodelación de la administración española, y que de la mano de los constitucionalistas se esperaba su pronta llegada. El camino para alcanzar la modernización administrativa no estaba exento de obstáculos, pues el espíritu absolutista aún pervivía en el seno de la maquinaria del Estado.