La Guardia Civil busca "presiones de políticos" en el complejo Body Factory

Las investigaciones que se llevan a cabo tanto por parte de la Guardia Civil, como de la juez Mercedes Alaya dentro de la Operación Enredadera que en Algeciras afecta a la adjudicación del complejo deportivo Body Factory y al pago de presuntas comisiones ilegales por parte de la empresa Fitonovo para conseguirla, han entrado en una nueva fase en la que se buscan a los responsables políticos de la misma. Así al menos se desprende de los detalles conocidos por Europa Sur de los interrogatorios a los que los tres funcionarios fueron sometidos por parte de agentes pertenecientes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de Sevilla.

En ellos, la mayoría de las preguntas que les fueron realizadas a los funcionarios municipales, trataban de conocer los detalles sobre el proceso de adjudicación de la construcción del centro deportivo en El Calvario y de los aparcamientos adyacentes. Asimismo se les cuestionó en repetidas ocasiones sobre si "a la hora de redactar los informes en el sentido que lo hicieron, recibieron algún tipo de presiones políticas y de quién se trataba".

Los agentes pretenden desentrañar la maraña de personas que decidieron la adjudicación final a la sociedad formada al 51% por Body Factory y al 49% por Fitonovo, sociedad que centra el entramado de mordidas que la juez Alaya tiene bajo su lupa y que dio origen al caso Madeja que ha desembocado en la Operación Enredadera llevada a cabo por la UCO la semana pasada.

José Álvarez Ruiz, ingeniero municipal, prestó declaración el jueves ante la Guardia Civil y se encuentra a la espera de ser llamado por la magistrada. José Alberola Visiedo, arquitecto municipal, también compareció el jueves ante los agentes y está citado por la magistrada en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el próximo lunes, cuando podría reactivarse de nuevo la trama política del caso de cobros de presuntas mordidas. Por su parte, Javier Malla Calvente, coordinador de los servicios del Patronato Municipal de Deportes, compareció ayer para ser escuchado.

Según pudo saber Europa Sur de fuentes cercanas a los hechos, a pesar de las constantes preguntas acerca de la posible implicación de cargos políticos en el proceso de adjudicación, los tres funcionarios se mantuvieron en su postura de "defender su trabajo desde un punto de vista técnico, sin ningún tipo de presiones" por parte de los cargos políticos que en aquel momento formaban parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Algeciras.

Lo que sí se confirma es que los tres están imputados, aunque aún no se conoce los delitos por los que serán llamados a declarar, con toda posibilidad ante la juez los próximos días, ya que se está a la espera de que esta haga público el auto correspondiente, en unas actuaciones que aún siguen bajo secreto del sumario.

Lo que también parece descartado, al menos de momento aunque caben esperarse novedades en este intento de Alaya por desentrañarla trama política de las comisiones ilegales pagadas por Fitonovo a varias instituciones, es que vayan a ser citados responsables políticos del consistorio algecireños, ni tampoco a más técnicos municipales cuyos informes también se incluyen en los que se valoraron por parte de la Mesa de Contratación que dio vía libre a la adjudicación a Body Factory del complejo deportivo, algo que fue refrendado con 15 votos del PSOE e IU y la abstención del PP en un pleno municipal celebrado el 14 de julio de 2010 en Algeciras.