La delegada de las áreas de Educación, Pesca, Medio Ambiente y Alumbrado en el Ayuntamiento de Algeciras, Laura Ruiz, se enfrenta a una petición de condena de cuatro años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía de Algeciras por la supuesta comisión de los delitos de revelación de secretos, contra la integridad moral y coacciones. El ministerio público, según consta en el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Sur en primicia, eleva en seis meses la petición realizada por la acusación particular, que reclama para la edil cuatro años de prisión por los mismos delitos.

La defensa, dirigida por el letrado Marcos García Montes, pide en su correspondiente escrito la nulidad de las actuaciones por las "numerosas irregularidades" que, a su juicio, se han cometido durante el procedimiento y la absolución de su clienta por considerarla ajena a los hechos que se le imputan.

La titular del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Algeciras, Belén Barranco, tras incoar el auto de apertura de juicio oral contra la concejal después de dos años de instrucción de las diligencias, pone ahora en manos de los juzgados de lo Penal el señalamiento de la fecha de juicio.

El caso parte de la denuncia presentada el 8 de noviembre de 2017 ante la Policía Nacional por el abogado del exmarido de Laura Ruiz. El letrado fue víctima de un anuncio por palabras en el que figuraban su nombre, teléfono y correo electrónico para ofrecer relaciones sexuales a hombres, hechos de los que dio cuenta Europa Sur en agosto de 2018.

"Chico busca chico para sexo ocasional (masajistas en Cádiz). Busco chico para sexo ocasional. No te arrepentirás. No cobro ni pago", rezaba el citado anuncio. Como consecuencia y según el relato que consta en las actuaciones, la citada publicación provocó que el abogado víctima del anuncio "tuviese que soportar una gran cantidad de mensajes y llamadas solicitando sus servicios sexuales hasta el mes de octubre de 2017".

La investigación llevada a cabo por los agentes policiales especializados en delitos informáticos condujo hasta la dirección IP -número que identifica de forma inequívoca la conexión de una computadora, tableta o teléfono inteligente- desde la que se puso el anuncio en cuestión y que era utilizada de forma habitual por Laura Ruiz. La relación nada amistosa entre la concejal y su ex pareja llevó a la Policía a determinar que era ella quien estaba detrás del anuncio, como venganza contra el abogado.

En el escrito de la Fiscalía se piden contra Ruiz, en concreto, dos años de cárcel por delito contra la intimidad, en la modalidad de revelación de secretos; un año por delito contra la integridad moral y año y medio por el de coacciones, además de una indemnización de 5.000 euros en favor de la víctima.

Esta última, a través de su abogado, eleva esa cifra a 20.000 euros (que Ruiz deberá depositar de forma preventiva antes del juicio) y las penas de tres años de cárcel por los delitos de revelación de secretos y contra la integridad moral, y un año más por el de coacciones.

El pasado mes de septiembre, Barranco acordó ya la tramitación del caso como procedimiento abreviado después de que la Audiencia de Cádiz rechazase el recurso que la defensa de la concejal había presentado bajo el argumento de que parte de las diligencias judiciales iniciadas en su contra se habían desarrollado fuera de plazo.

La defensa insiste nuevamente en que el procedimiento judicial excedió los seis meses de tramitación previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y mantiene también que las pruebas recabadas no implican a la concejal. Además, ha presentado un informe pericial de parte que rebate las conclusiones alcanzadas por la Policía y subraya como atenuantes las dilaciones habidas en el procedimiento.

Un asunto personal

A la vista de la petición de la Fiscalía, la situación de Ruiz en el gobierno municipal algecireño que preside José Ignacio Landaluce queda un poco más comprometida. En octubre de 2020, tras conocerse la decisión de la jueza, el Partido Popular de Algeciras eludió pronunciarse sobre la imputación de la delegada bajo el argumento de que el procedimiento contra Ruiz era un asunto personal y que, mientras esté en manos de la Justicia, no realizaría comentarios al respecto.

Los socialistas algecireños pidieron en ese momento el cese o la dimisión de la delegada de educación Pesca, Medio Ambiente y Alumbrado. "El proceso judicial en el que está incursa la concejal Laura Ruiz sigue sumando capítulos y el alcalde Landaluce está paralizado, ni toma decisiones ni dice nada sobre este asunto. ¿Por qué calla el señor Landaluce? ¿Qué sabe la señora Laura Ruiz para mantener su posición en el equipo de Gobierno? Nosotros exigimos decisiones de una vez por todas", afirmó Fernando Silva, viceportavoz del PSOE en el Consistorio.

A su juicio del PSOE, el alcalde "debería evitar la mala imagen y promover el buen ejemplo político de la institución municipal que encabeza". El PSOE recordó que el PP tiene estatutos que abordan estas situaciones, "y no se conoce ni siquiera la apertura de un expediente informativo sobre la actuación de la señora Ruiz".

"Lo que vemos son comportamientos y silencios lamentables, como si el PP de Algeciras aplicara la omertá, el código de honor siciliano que prohíbe informar sobre las actividades delictivas consideradas asuntos que incumben a las personas implicadas, cuando debería mostrar firmeza y transparencia éticas y democráticas", señaló Silva.