Algeciras El Defensor confirma que Algesa incumple la Ley de Transparencia

  • La oficina de Jesús Maeztu insta a publicar información sobre puestos de trabajo y ofertas de empleo vía web

  • Recuerda las consecuencias de desatender al Consejo andaluz: cese del cargo responsable y que este no pueda ser nombrado en cargos similares por tres años 

Trabajadores y un camión de Algesa realizando labores de desinfección en Algeciras. Trabajadores y un camión de Algesa realizando labores de desinfección en Algeciras.

Trabajadores y un camión de Algesa realizando labores de desinfección en Algeciras. / E. S.

La empresa municipal de limpieza de Algeciras, Algesa, incumple la normativa de transparencia nacional y andaluza al no facilitar el acceso a su portal de transparencia y al no publicitar en este información sobre su procedimiento de contratación y en materia de recursos humanos. Así lo pone de relieve el Defensor del Pueblo Andaluz en una reciente resolución en la que insta al Ayuntamiento de Algeciras a corregir esos incumplimientos y también a aportar la información solicitada hace ya dos años por el antiguo secretario de Acción Sindical de CSIF, José Miguel Ahumada, sobre la selección de personal en la empresa pública.

El Defensor emite esta resolución tras dos años de tramitación. En septiembre de 2018, CSIF formuló una queja después de que Algesa no entregase a los denunciantes la información sobre las contrataciones realizadas por la empresa a partir de 2014. El sindicato había formulado su petición tras constatar que se había producido un proceso de contratación no gestionado por el Servicio Andaluz de Empleo y que, según denunciaba, no había sido publicitado por los medios establecidos.

Al no obtener respuesta acudió al Defensor. Esta oficina requirió informaciones por escrito e incluso por teléfono en varias ocasiones a Algesa sin que la empresa municipal contestase. La respuesta llegaría solo después de que el Defensor denunciase públicamente la “actitud entorpecedora” de la dirección de Algesa; la empresa alegaba que no procedía acceder a la solicitud planteada en base a los informes emitidos. Corría ya febrero de 2020, casi 17 meses después del primer requerimiento del Defensor.

Ante la inconcreción de la respuesta, la Oficina de Jesús Maeztu decidió dirigirse a la Alcaldía del Ayuntamiento de Algeciras y en junio recibió contestación. El secretario general se hacía eco en ella de argumentos expresados por la dirección de Algesa: la petición era considerada abusiva por el elevado volumen de información solicitada, que supondría la paralización del departamento de personal al tener que aportar información sobre alrededor de 6.000 contratos. Es más, señala Algesa, “todos los datos necesarios están publicados en la página web de la empresa conforme marca la Ley de Transparencia”. También alegaba que había una colisión entre el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos de carácter personal.

Tras estudiar la respuesta, el Defensor difiere de la posición del Ayuntamiento, le advierte que la respuesta dada no encuentra acomodo de la normativa y remarca que en el portal de transparencia de Algesa no se encuentra la información requerida por la ley y también por el Consejo de Transparencia.

Así, para el Defensor del Pueblo, en la solicitud formulada a Algesa “concurre una circunstancia objetiva, seria y legítima, como es obtener información sobre las contrataciones de personal realizadas”. Pero es que además el volumen de la documentación que reclama el usuario “obedece a causas más imputables a la Administración que al propio interesado”. Así, señala, si la información sobre la relación de puestos de trabajo, ofertas de empleo o contrataciones se hubiese facilitado en la web de transparencia tal y como obliga la normativa el volumen de la petición hubiera sido menor.

Por otro lado, el peticionario ha acotado su demanda “a las selecciones de personal, así como los expedientes de las personas despedidas y vueltas a contratar”, contenido “más limitado y que consideramos que no debe plantear problema alguno para su atención”. El Defensor mantiene que negar de modo absoluto el derecho a la información no es una opción siempre que concurra una finalidad seria, legítima y objetiva en la solicitud de información pública y tenga una directa conexión con la finalidad legal de transparencia, como sucede en el caso analizado.

Jesús Maeztu recuerda asimismo en su resolución un requerimiento anterior formulado por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que dio a la empresa 30 días para resolver una serie de incumplimientos de la normativa referente a la publicidad activa en la administración pública. La resolución fue formulada en enero de 2019 y el Defensor ha constatado que no se le ha dado cumplimiento, lo que, recuerda, puede suponer una infracción muy grave, que puede llegar a ser sancionada con el cese del cargo responsable y que este no pueda ser nombrado en cargos similares por un período de hasta tres años (por otra parte, el gerente de Algesa está condenado por un delito contra la propiedad industrial en grado de tentativa que admitió en sede judicial).

Con este contexto, el Defensor insta a Algesa a publicar información actualizada sobre la relación de puestos de trabajo o catálogo de puestos de la empresa, información pormenorizada en relación con la oferta pública de empleo de la empresa y el estado actual de la oferta de empleo público vigente de la misma, información actualizada y detallada en relación con los procesos de selección de personal abiertos en Algesa y de los resultados de los mismos, así como en a cada uno de los apartados en que se ha estructurado el portal de transparencia de Algesa en materia de recursos humanos. Esta información deberá estar actualizada, advierte.

El Defensor también recomienda que “se facilite al promotor de la presente queja la información solicitada, con las precisiones en cuanto a su contenido que el propio interesado ha introducido en relación con el alcance de su solicitud inicial, respecto a la selección de personal y expedientes laborales demandados, con los límites y salvaguardas previstas en las leyes reguladoras de la transparencia y acceso a la información pública”.

El Ayuntamiento de Algeciras tiene ahora un mes de plazo para responder a las recomendaciones formuladas.

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