Comisiones Obreras y el Partido Socialista de Algeciras han mostrado este martes su rechazo al despido de trabajadores propuesto en los Centros de Internamiento de Menores Infractores gestionados por empresas privadas en Andalucía, entre ellos en La Marchenilla de Algeciras que está concesionado a la Asociación Ginso.

El sindicato ha exigido a la Consejería de Justicia de la Junta que actúe al respecto, puesto que ha renovado los contratos con estas empresas privadas que ahora plantean Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). En el caso del centro algecireño se ha puesto sobre la mesa la salida de 19 personas.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía, Marina Vega, ha tildado de "inconcebible" y "escandaloso" que la Junta tenga un servicio de estas características "privatizado" y que las empresas beneficiarias se permitan despedir a trabajadores tras la renovación de los contratos de gestión.

Andalucía dispone de 15 centros con un total de 766 plazas en régimen de internamiento y 45 recursos para el cumplimiento de medidas en régimen abierto, según consta en la Memoria Anual de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación.

La organización sindical ha denunciado que se han puesto "sobre la mesa" despidos, sobre todo de educadores, y que no se cubren las sustituciones por vacaciones, lo que provoca una sobrecarga en los profesionales que hace que baje la calidad del servicio.

Según el sindicato, la Consejería de Justicia ha renovado los contratos para el periodo 2022-2025 a cuatro empresas privadas por un importe superior a los 250 millones de euros. 

Así, la Asociación Ginso ha conseguido la gestión de dos centros, el de La Marchenilla en Algeciras y otro en Oria (Almería) por 70.343.437,63 euros con un beneficio de 3.517.171 euros por la prestación del servicio.

La Fundación Diagrama habría obtenido la gestión de ocho centros en Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén, Málaga y Granada por un montante económico total de 116.888.772 euros, cantidad que incluye los costes de personal y de atención a los usuarios, así como gastos ordinarios, seguros y gastos de estructura, entre otros. En ese mismo contrato, según CCOO, se recoge que la entidad obtendrá un beneficio neto de 5.844.438 euros por la prestación del servicio.

Por su parte, la Asociación Afanas ha obtenido la gestión de un centro en Cádiz por valor de 25.761.813 euros, con un beneficio neto de 1.288.090 euros, mientras que la Asociación Adis Meridianos ha renovado la gestión de dos centros, uno en Córdoba, y, otro en Almería por valor de 35.108.341,35 euros y un beneficio para la entidad de 1.755.417 euros.

"Resulta el colmo de la mercantilización y del uso alegal de dinero público que estas empresas, a pesar de obtener beneficios, se permitan despedir a trabajadores porque su voracidad económica y sus intereses empresariales así lo requieren", ha lamentado Vega, que ha insistido en que las cuatro entidades adjudicatarias de los servicios han promovido o están promoviendo despidos.

Ha detallado, en este sentido, que Afanas y Ginso han planteado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), mientras que Adis Meridianos y Diagrama están promoviendo despidos "puntuales".

Vega ha recordado que la Junta de Andalucía es "la responsable última del servicio y garante del correcto uso del dinero público", por lo que corresponde a la Consejería de Justicia "conminar a estas empresas a dar marcha atrás en sus decisiones".

PSOE

El PSOE de Algeciras también ha reclamado a la Junta de Andalucía que impida el recorte plazas en La Marchenilla "cuando presume de superávit". Los socialistas se han reunido con representantes del comité de empresa de este centro para conocer la situación que atraviesa la plantilla ante el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se ha iniciado.

Reunión del PSOE con el comité de empresa La Marchenilla.

La principal preocupación del comité ante el ERE es el despido de 19 trabajadores, algunos con más de 20 años de experiencia en el trato de menores infractores.

“La Junta de Andalucía es la responsable de este centro. No entendemos que presuma de superávit y recorte plazas en una atención tan necesaria como es la de los menores. Más aún en una zona como el Campo de Gibraltar. Piden la especial singularidad para la comarca, pero en sus competencias recortan plazas. Es incoherente”, señala el secretario general del PSOE de Algeciras, Juan Lozano.

Los trabajadores se muestran preocupados, pues el tiempo apremia y ni la empresa, ni la Junta de Andalucía ofrecen soluciones. La única negociación planteada es la reubicación de algunos puestos, pero la plantilla lamenta que esta no sea una solución para todos. El comité pide la acreditación por la experiencia de tantos años realizando labores de esta índole.

El PSOE ha mostrado todo su apoyo a la plantilla, a la que espera que se le dé una solución de justicia. 

“En La Marchenilla encontramos a grandes profesionales con una trayectoria de más de 20 años en la atención a menores infractores. No podemos permitir que se pierda ese capital humano, es de justicia que se les acredite por todo el trabajo que han hecho para que puedan seguir ejerciendo sus labores como educadores sociales”, señala Juan Lozano.