El derribo del parking La Escalinata vuelve a poner el contador a cero. El Ayuntamiento de Algeciras ha iniciado el proceso para contratar de nuevo la redacción del proyecto y dirección de obra de la demolición del edificio, según la información a la que ha tenido acceso Europa Sur, después de que el adjudicatario anterior no haya cumplido el contrato alegando dificultades técnicas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictaminó el derribo del edificio en 2016 tras un largo proceso judicial, pero este está declarado ilegal desde 2004.

El Ayuntamiento adjudicó en noviembre de 2019 el contrato a la UTE Vsing Innova 2016- VS Servicios y Urbanismo por 54.326,13 euros (IVA incluido). La adjudicataria tenía un plazo de tres meses para elaborar un estudio de la estructura actual y su relación con las edificaciones y servicios existentes, redactar el proyecto de demolición, elaborar los estudios de seguridad y salud y de gestión de residuos, coordinar la seguridad y salud durante el derribo y ejecutar la dirección facultativa de la obra de demolición. 

El plazo dado a la contratista vencía el 12 de marzo de 2020, justo antes del inicio del estado de alarma. Pero el trabajo no estaba ejecutado y Ayuntamiento y contratista plantearon una prórroga que quedó en suspenso con el confinamiento. Acabado este, las negociaciones no prosperaron y se inició el procedimiento de resolución el pasado junio. 

Según los informes elaborados por el Ayuntamiento, el adjudicatario alega que no ha cumplido el contrato por "la enorme complejidad técnica, la importante repercusión en los edificios colindantes (estado actual de los mismos y su compatibilidad de uso durante las obras de demolición) y las grandes dificultades que implica la ejecución de la demolición del aparcamiento Escalinata en la avenida Virgen del Carmen de Algeciras, actualmente en servicio", unas actuaciones que "suponen una actividad de peligro extrema y se deberían realizar con todas las garantías posibles en materia de seguridad y salud, ambiental, socio-cultural, afección y explotación de viarios y servicios básicos existentes en el entorno, etc.".

El Consistorio había licitado este contrato precisamente porque consideraba que carecía de medios técnicos propios para redactar el proyecto. Varios meses después de la adjudicación, el contratista ha alegado que es necesario "un estudio previo de análisis y gestión de riesgos".

Con esta argumentación, el Ayuntamiento acepta una resolución del contrato de mutuo acuerdo y considera que no cabe imposición de penalización al adjudicatario pese a no haber ejecutado el trabajo. 

Una vez comunicada la resolución, el Consistorio ha iniciado vía decreto de la Alcaldía el expediente para un nuevo contrato, que se declara de urgencia, mediante procedimiento abierto simplificado. Saldrá a licitación por un importe algo superior al de 2018, de 91.438,26 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses.

Demora tras demora

La ejecución del derribo del parking Escalinata lleva sumando demoras desde hace casi 15 años. El aparcamiento de la avenida Virgen del Carmen fue declarado ilegal tras una denuncia de los propietarios del vecino edificio Atlántida. El Tribunal Supremo ratificó la ilegalidad del inmueble en 2006 y, en ese momento, la comunidad de vecinos del Atlántida y los propietarios del Escalinata solicitaron el derribo del parking.

Desde entonces, el Ayuntamiento de Algeciras (primero con gobierno del PSOE y después con el PP) ha estado intentando evitar esa demolición. Primero presentó un plan de movilidad para tratar de regular la rasante de los aparcamientos que fue anulado por el Tribunal Supremo en 2014. Después, un incidente de imposibilidad de ejecución de la sentencia. Esgrimía la afección a las edificaciones colindantes y el quebranto económico para las arcas municipales y proponía una demolición parcial, pero esto también fue rechazado por el TSJA. Era noviembre de 2016. En mayo de 2017, el Tribunal Supremo denegó el recurso de casación.

El Alto Tribunal andaluz ha venido reclamando al Ayuntamiento que ejecute esa sentencia pendiente. Solicitó un calendario de actuaciones, pidió que se identificase a los responsables de la ejecución de la sentencia y ha preguntado en varias ocasiones por la marcha de los trabajos. A finales de 2017, el Consistorio comunicaba al juzgado que carecía de medios técnicos para la redacción del proyecto, por lo que encargaría el trabajo a una empresa especializada. El Ayuntamiento todavía intentó eludir el derribo mediante el acuerdo con los propietarios del edificio Escalinata para indemnizarlos por los gastos sufridos.

Finalmente, en agosto de 2018 se convocó el concurso para la redacción del proyecto del Escalinata, pero la adjudicación quedó aplazada para recabar la colaboración de personal técnico de otras administraciones para evaluar las ofertas. La adjudicación del contrato se produjo en noviembre de 2019. En septiembre de 2020, el TSJA volvía a advertir al Ayuntamiento de Algeciras: tenía que cumplir la sentencia de derribo. Y además lo apercibía: si no cumple, los encargados de la ejecución de la sentencia se enfrentan a multas e incluso a la delimitación de responsabilidades penales por no hacerlo.

El Consistorio ya ha comunicado al juzgado la resolución del contrato y la apertura del nuevo expediente.