El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Algeciras ha anunciado este martes el inicio de acciones legales contra la secretaria general del PSOE local, Rocío Arrabal, y el secretario de organización y portavoz del grupo municipal, Fran Fernández, tras acusar al alcalde, José Ignacio Landaluce, de cometer un delito de prevaricación continuada por la contratación de una empresa de control de accesos en los edificios municipales.

En concreto, las afirmaciones se vertieron en una rueda de prensa de Arrabal, acompañada por Fernández, celebrada el 8 de noviembre, cuando se informó que el PSOE de Algeciras había trasladado a la Fiscalía del Tribunal Supremo documentación para que investigase presuntas irregularidades en la gestión del alcalde en la contratación de una empresa, Garancruz, al margen de los procedimientos legalmente establecidos, para la prestación de servicios de vigilancia en diferentes dependencias.

Los servicios jurídicos municipales fueron consultados entonces por el equipo de Gobierno para informarse sobre el posible carácter delictivo de esas afirmaciones, emitiendo un informe al respecto en el que se recogen los fundamentos de las acciones judiciales que serán emprendidas.

El documento pasó este lunes por la Junta de Gobierno Local y se expondrá el 5 de diciembre en el pleno ordinario de la Corporación municipal para presentar la denuncia.

El acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local establece textualmente “elevar al próximo pleno autorización para interponer las acciones legales que correspondan, incluidas las de naturaleza penal, a fin de depurar el presunto delito de calumnia y cualquier otro ilícito penal que pudiera derivarse de la investigación de los hechos, así como exigir las responsabilidades civiles a que hubiera lugar en derecho en la que los mencionados pudieran haber incurrido como consecuencia de dichas manifestaciones públicas”, informan desde el Ayuntamiento en un comunicado.