La Audiencia Provincial de Cádiz ha ordenado hoy la reapertura de las diligencias judiciales abiertas en torno al fraude de la estiba al aceptar el recurso que el fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, presentó a comienzos del pasado mes de mayo contra el auto en el que la juez instructora, Belén Barranco, instaba al archivo de las actuaciones.

La decisión de la sección de Algeciras de la Audiencia de Cádiz, a la que ha tenido acceso Europa Sur y contra la que no cabe recurso alguno, da paso a que se retomen las investigaciones policiales por las que se investiga la presunta venta de puestos de trabajo en los muelles algecireños a cambio del pago de sustanciosas comisiones. La decisión de aceptar el recurso ha sido adoptada por los magistrados Manuel Gutiérrez Luna, presidente de la sala, María de las Nieves Marina Marina y Juan Carlos Hernández Oliveros.

Belén Barranco, titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Algeciras, tomó la decisión de archivar la causa en un auto fechado el 2 de mayo bajo el argumento de que las diligencias habían llegado tras seis meses de instrucción a una situación de punto muerto sin que hubiera podido avanzarse en los indicios de criminalidad detectados inicialmente. Esos seis meses constituyen el periodo máximo que fija el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dictar un auto de conclusión en los procedimientos abreviados, como es este caso.

La Audiencia entiende, sin embargo, que dicho plazo de seis meses no se cumplió y que quedan aún veinte días de instrucción, una vez descontados los períodos en los que las actuaciones estuvieron bajo secreto sumarial y, por tanto, sin que las defensas tuvieran acceso a las diligencias.

En estas actuaciones están siendo investigados, entre otras personas, el ex presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Luis Ángel Fernández, y uno de sus hijos, Ángel Fernández, a quien la Policía Nacional atribuye el presunto cobro de comisiones a cambio de situar en la estiba a las personas que le pagaban. Su padre, según la investigación, habría colaborado supuestamente en la devolución de parte de ese dinero, reclamado por quienes finalmente no lograron un empleo portuario.

El auto de la Audiencia se produce el mismo día en que Luis Ángel Fernández ha cesado en sus funciones como máximo responsable de la Mancomunidad, ya que hoy ha tenido lugar la elección y toma de posesión de su sustituto en el cargo, el socialista Juan Lozano. La polémica abierta ya le costó a Fernández su exclusión en la lista electoral del PP por Algeciras en los comicios municipales del pasado 26 de mayo.

La juez consideraba que la instrucción debió darse por concluida a fecha de 30 de noviembre de 2018, es decir, pasados seis meses desde el 23 de mayo, cuando estimó que se iniciaron las diligencias. La Fiscalía, por contra, mantuvo en su recurso que las actuaciones o parte de ellas estuvieron bajo secreto de sumario varios meses, por lo que ese cómputo de seis meses se habría extendido mucho más allá.

La Audiencia de Cádiz comparte con leves matices el criterio del fiscal y estima además, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo y a las decisiones de otros tribunales (como la Audiencia Nacional o la Audiencia de Granada) que las pruebas practicadas más allá de esos seis meses no pueden declararse nulas cuando se dan determinadas circunstancias.

El auto de los tres magistrados estima que las diligencias judiciales dieron comienzo en verdad el 9 de agosto, cuando la juez ordenó la intervención de los teléfonos de dos de los presuntos implicados, en concreto, de dos estibadores despedidos posteriormente por su implicación en la trama.

Las investigaciones policiales previas al 9 de agosto, concluye la Audiencia, no computan a efectos de tiempos de instrucción y determina que, contado desde la notificación de su auto de hoy a las partes, quedan aún los citados veinte días de instrucción.

La validación de las pruebas practicadas es capital puesto que la detención e ingreso en prisión provisional de Ángel Fernández fue llevada a cabo el 28 de diciembre del año pasado y porque, en fechas inmediatamente posteriores, Luis Ángel Fernández, pasó a tener la condición de investigado en compañía de su exesposa.

La Audiencia deja ver también su reproche hacia la juez por no haber comunicado ni a la Fiscalía ni a las defensas su decisión de levantar el secreto de sumario sobre algunas de las piezas en que se divide la investigación, lo que limitó el margen de actuación de todas ellas.

Causa compleja

La Audiencia deja también abierta la posibilidad de que la Fiscalía de Algeciras solicite que la causa sea declarada de especial complejidad, una posibilidad recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo cual permitiría la prolongación de las investigaciones y evitar el sobreseimiento de la causa. En el caso de que Cisneros lo solicitase y la juez admitiese sus argumentos, las diligencias podrían prolongarse hasta 18 meses.

Cisneros, como desveló en exclusiva Europa Sur, presentó directamente ante la Audiencia Provincial de Cádiz su recurso de apelación contra el auto de conclusión de diligencias de la juez, prescindiendo así del recurso previo de reforma cuya resolución hubiera correspondido a Barranco en exclusiva.

En su escrito, el fiscal deslizó duros reproches contra la decisión de la juez y cuestionó la forma en que ha llevado el procedimiento. En concreto, aludió a una "vulneración flagrante del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal" y a una "vulneración de la doctrina jurisprudencial sobre la naturaleza de las diligencias practicadas fuera de plazo". El ministerio público sostuvo también haber sido víctima de "indefensión" debido a que la instructora no le comunicó su decisión de levantar el secreto de sumario en algunas piezas, un paso clave para decidir actuaciones posteriores.

El fiscal apuntó que las diligencias, de una forma un tanto peculiar, estuvieron bajo secreto sumarial en diferentes periodos y solo en algunas partes y que, como consecuencia de ello, no se podían computar como cumplidos los seis meses de la instrucción.

En el caso del fraude de la estiba hay una diversidad de víctimas que presuntamente pagaron comisiones y diez investigados como supuestos partícipes de actos delictivos, que van desde la corrupción entre particulares al blanqueo de capitales.