Algeciras

Acaip-UGT alerta de penas irrelevantes para los presos que atentan contra los funcionarios de la cárcel de Algeciras

  • El miércoles, mediante acuerdo previo al juicio, A.R.R., con 64 antecedentes por incidentes penitenciarios, fue condenado a seis meses de prisión

  • La fiscalía pedía un año y nueve meses por intento de agresión y amenazas

El acceso a la cárcel de Botafuegos, en Algeciras El acceso a la cárcel de Botafuegos, en Algeciras

El acceso a la cárcel de Botafuegos, en Algeciras / E.S.

La sección sindical Acaip-UGT de Algeciras denuncia este jueves, a través de un comunicado de prensa, lo que cataloga de “incompresible” decisión de que, mediante acuerdo previo al juicio, haya recaído una condena de seis meses de prisión a A.R.R., un recluso de 40 años de la cárcel algecireña de Botafuegos, que el 18 de mayo de 2020 amenazó e intento agredir a los funcionarios. El sindicato subraya que la petición inicial de la fiscalía era de un año y nueve meses de castigo.

“Resulta del todo incomprensible que los trabajadores penitenciarios, siendo el colectivo de empleados públicos que más agresiones sufre en el desempeño de su trabajo, en concreto en los últimos años salimos a una agresión diaria, a fecha de hoy nos encontremos sin la protección jurídica necesaria”, dice la nota de Acaip-UGT.

“Desde la Sección Sindical Acaip-Ugt en Algeciras en repetidas ocasiones hemos denunciado a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio el Interior, que la Instrucción que regula la intervención de la Abogacía del Estado para representar y defender a los trabajadores en los procedimientos penales debe ser modificada, dotándola de mayor agilidad y celeridad”, sostiene. “En la actualidad tenemos un protocolo obsoleto, lento y carente de eficacia”.

El escrito sigue relatando que este miércoles día tres de marzo “se celebró juicio por unos hechos acaecidos el pasado 18 de Mayo de 2020, a las 19:00 al proceder a cerrar las dependencias del módulo”.

“El interno A.R.R. da voces y profiere insultos en medio del patio, con cuchilla en mano, amenaza y coacciona a los funcionarios presentes con cortarse si se acercan, a la vez que incita al resto de reclusos a que les secunde”, detalla.

“Su agresividad aumenta de modo que trata de arremeter contra los funcionarios primero con una cuchilla y luego con una pesa del gimnasio. Finalmente es separado del resto de reclusos, a pesar de la gravísima resistencia que ofrece y amenazando de muerte con expresiones como, “yo me llevo a uno por delante, me da igual buscarme otro sumario” “os voy a matar donde os encuentre”, y como consecuencia de la intervención dos funcionarios presentan lesiones siendo atendidos en la enfermería del establecimiento penitenciario”, abunda.

“Se trata de un interno de 40 años de nacionalidad española, con la primera entrada en prisión en el año 91 y un largo historial de incidentes penitenciarios, en concreto 64, de diversa gravedad, entre ellos una agresión a un funcionario en 2014 por la que estuvo clasificado en primer grado una larga temporada, así como múltiples incidentes como tentativa de suicidio, tenencia de objetos prohibidos, insultos, amenazas, coacciones y agresiones con lesiones, tanto a funcionarios como a reclusos”, sigue el sindicato.

“Se reproduce de nuevo la misma secuencia en los estrados judiciales, se partía de una petición fiscal de un año y nueve meses y una indemnización de 245 euros a cada lesionado por los siete días que estuvieron de baja”, informa. “Finalmente se llegó a un acuerdo entre las partes evitándose así la celebración del juicio, en el cual los funcionarios lesionados no fueron ni consultados ni informados, dictándose una sentencia de seis meses de prisión y una multa que posiblemente no pague por declararse insolvente”.

No vamos a renunciar a la protección jurídica que nos corresponde como colectivo de empleados públicos y además el que más agresiones sufre en el desempeño de nuestro trabajo y que debe ser proporcionado de forma ineludible por nuestra propia Secretaría General de prisiones, cuyo máximo responsable es el Ministro del Interior”, finaliza.

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