"Un día te insultan y no pasa nada. Otro, te tiran piedras, y tampoco hay consecuencias, así que al día siguiente te tiran piedras más grandes. Después llegan las embestidas con los todoterreno y los intentos de atropello, y tampoco pasa nada. El resultado es que se sienten impunes. Y nosotros sentimos mucha impotencia". Así resume uno de los policías nacionales destinados en La Línea de la Concepción la escalada de violencia que en los dos últimos años han venido denunciando los agentes del Campo de Gibraltar y que el pasado martes desembocó en el asalto al hospital linense de una veintena de encapuchados para liberar a un narco que acababan de detener y que estaba siendo atendido. El narcotráfico expande sus tentáculos y las fuerzas policiales libran una guerra desigual con los delincuentes.

Los narcotraficantes cruzaron el martes una línea roja, otra más remarcan los cuerpos policiales. Es un hito más en un camino que ha dejado escenas como el apedreamiento de guardias civiles y policías cuando intentaban abortar alijos, varios intentos de atropello, una paliza a un guardia civil cuando se dirigía a su puesto de trabajo vestido de paisano y la trágica muerte del policía local Víctor Sánchez cuando perseguía una motocicleta cargada con tabaco. Eso es lo que ha trascendido a la opinión pública, pero los insultos y agresiones son el pan nuestro de cada día de los cuerpos de seguridad. "Hemos llegado a un punto en el que cuando estamos haciendo cualquier labor diaria, como una identificación, en ciertas zonas tenemos que tener un ojo en que no nos llegue una piedra", explica uno de los efectivos. La intimidación ha llegado incluso en casos a la vida personal: "Hace años no hubiera ocurrido, como sí ha pasado ahora, que un narco se encarase con un agente en un centro comercial cuando iba con su familia. Es algo excepcional, pero antes no pasaba nunca".

Una sola patrullera de la Guardia Civil puede encontrar en alta mar 15 o 20 narcolanchas

Pero, ¿cómo se ha llegado ahí? "Las nuevas generaciones de narcotraficantes son más violentas", resumen los agentes. La Línea tiene una larga historia de lucha contra el tráfico ilegal que comenzó con el contrabando de tabaco y tiene ahora su principal objetivo en el hachís, cada vez a mayor escala. Pero en ese cambio ha habido también una evolución en el perfil del traficante: si los llamados gayumberos intentaban pasar desapercibidos y tenían cierto respeto por la autoridad, los narcotraficantes actuales hacen gala de serlo ("van vacilando por la calle") y han dado un salto violento en el que no respetan nada, "ni siquiera la vida". "Si antes interceptabas un alijo y cogías al narco este se tiraba al suelo, en cierto modo decía, 'vale, esta vez habéis ganado'. Pero ahora hacen lo que sea para evitar que los cojan y sacar adelante el alijo". Por eso de un tiempo a esta parte han cambiado su modus operandi: a cada cargamento van varios todoterreno y el primero de ellos se encarga de abrir paso: su objetivo es embestir a los policías si los encuentra en el camino para inutilizar sus coches. Otro ejemplo que refleja esa mentalidad más violenta es el hecho de que los narcos lleven ahora pistolas en las embarcaciones, algo que no era habitual. O los cinco kalashnikov que se encontraron el pasado año en el Campo de Gibraltar, un arma considerada "de guerra" y que relacionan con la llegada de narcos de otras nacionalidades.

No les frena siquiera la posibilidad de acabar en la cárcel. Las asociaciones y sindicatos policiales critican que las penas que se les imponen son bajas. En el caso del guardia civil al que le dieron una paliza, los detenidos por los hechos fueron condenados a 18 meses de prisión, pero eludieron la cárcel tras cada uno 3.000 euros de fianza. También fue muy criticada la puesta en libertad el Messi del hachís, Abdellah El Haj, considerado por la Policía y la Guardia Civil el líder de la mayor organización criminal de tráfico de hachís que opera en España a través del Estrecho de Gibraltar y que quedó en la calle tras pactar con la Fiscalía su entrega voluntaria y pagar 80.000 euros de fianza. En el caso de llegar a la cárcel, denuncian, es por un tiempo corto en el que incluso "hacen contactos en prisión. Ellos mismos te dicen que no les importa entrar, al salir tienen intacto su patrimonio y a su familia no le ha faltado de nada". "Es la impunidad total", remarcan los agentes.

"Así es normal que cunda el desánimo", destaca el secretario de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Cádiz, José Encinas. La reforma del Código Penal es una de las reivindicaciones de los cuerpos de seguridad, con penas más duras para el narcotráfico. Pero por encima de todo desde el Campo de Gibraltar se reclaman personal y medios. Y que lleguen de forma permanente, puesto que tras la muerte del policía local linense hubo un refuerzo en La Línea, pero a los tres meses "ya no quedaba ninguno", explica el portavoz del Sindicato Unificado de Policía en el municipio, Javier López. Es una queja generalizada: los agentes que llegaron fueron dejando la comarca poco a poco y cuando estalló la crisis catalana se fueron al Norte para no volver. Las palabras del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, asegurando que la seguridad frente al narcotráfico "es la adecuada" han sentado como un jarro de agua fría en la comarca.

En La Línea, el catálogo de la Policía Nacional no está cubierto, hay 284 agentes frente a los 319 que podría haber. En Algeciras el catálogo sí está levemente sobrepasado, con 630 agentes, mientras que en el caso de la Guardia Civil los alrededor de 1.100 efectivos no llegan a coparlo. Pero el problema no es la cobertura del catálogo, señalan los sindicatos, sino que este está obsoleto. "Las necesidades han cambiado" remarcan, en una comarca que tiene una serie de singularidades que atender: la frontera con Gibraltar, una prisión, un Centro de Internamiento de Extranjeros, el mayor puerto del país, la creciente presión migratoria que suponen las pateras y, además de todo ello, el peso del narcotráfico en una costa que está a escasos kilómetros de Marruecos, el mayor productor de hachís del mundo. Al final, los efectivos que quedan para atender la calle, para seguridad ciudadana, "son los mínimos", advierte López. De modo que hay veces que no hay personal suficiente para sacar más de uno o dos coches a la calle. El SUP calcula que harían falta al menos 300 policías más para el Campo de Gibraltar; la AUGC reclama 500 guardias civiles más para Cádiz, de los que la mitad serían para la comarca. Así podrían solventarse algunas de las incongruencias que detectan los sindicatos, como el hecho de que no haya una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en La Línea, cuyos policías no tienen medios antidisturbios. Pero también crear y reforzar grupos de investigación que ataquen al narcotráfico por otros flancos, que permitan descabezar las organizaciones en lugar de detener solo a los escalones más bajos de ellas.

Si se pasa al capítulo de medios materiales la lista de reivindicaciones crece sin parar. La falta de medios empieza en lo más básico: carencia de chalecos antibalas individualizados, coches antiguos y no adaptados a las persecuciones por la playa de los coches robados de alta gama que usan los delincuentes. El SUP también reclama algún medio intermedio entre la porra y la pistola, como armas taser, sprays o defensas extensibles. O que se renueven los cascos que tienen décadas. Faltan visores nocturnos y linternas.

Al pasar a otra clase de medios ya no hay comparación posible: hace unas semanas la Policía Nacional desmontaba un sistema de contravigilancia con radares y antenas que era utilizado por múltiples organizaciones. Las narcolanchas son mucho más rápidas que las embarcaciones de la Guardia Civil y las multiplican en número. Es frecuente que haya solo una patrullera de la Benemérita en alta mar, que puede encontrarse 15 o 20 narcolanchas esperando, explica uno de los agentes. Algunas sirven de señuelo, otras están cargadas y la imposibilidad material de hacerles frente es evidente. Además "si surgen pateras tenemos que dejar el servicio, porque la prioridad es el servicio humanitario". Las dos nuevas lanchas de Vigilancia Aduanera completan el dispositivo, que sigue siendo insuficiente. Por ello, desde distintos ámbitos se reclama una normativa que evite el uso de las lanchas para el narcotráfico, algo en lo que ya está trabajando el Gobierno central.

Mientras tanto los cuerpos de seguridad se enfrentan a la llegada de entre 7 y 10 embarcaciones diarias a La Línea, cada una puede portar entre 2.500 y 3.000 kilos de hachís. Los esfuerzos han supuesto un aumento de aprehensiones, pero el narcotráfico crece cual hidra de siete cabezas, perciben los que luchan contra él. Un cálculo estima en 16 las organizaciones que se han asentado en el Campo de Gibraltar; en La Línea se han multiplicado los grupos dedicados al tráfico de hachís.

"Si hace un tiempo sabíamos dónde buscar la droga ahora podemos encontrarla en cualquier sitio de la ciudad", asegura un policía linense. Es un síntoma más del auge del narcotráfico, que ya ha ocupado barrios enteros pero ahora se extiende por la ciudad. "En el entorno de la playa del Tonelero hay un porcentaje muy importante de vecinos que viven de esto. Si llegas a interceptar un alijo surgen 100 personas para impedírtelo. Estamos en desventaja siempre". Pero más allá de esa zona, los ciudadanos de La Línea contemplan con una mezcla de indignación y pena la extensión de la narcoeconomía.

Por ello, el portavoz de la Plataforma Tu seguridad, la de todos, Francisco Mena, reclama trás décadas de activismo contra el narcotráfico un plan integral para una zona marcada por el paro. "Se necesita una intervención global", expone, resaltando que el problema se extiende a todo el Campo de Gibraltar, con organizaciones asentadas en distintos municipios. La primera medida de choque tiene que ser policial y contundente, reitera, pero después "hay que hacer un trabajo en profundidad a medio y largo plazo" para reconducir una situación en la que "el narcotráfico es visto como una forma de vida". Una forma de vida que es muy lucrativa y genera cientos y miles de euros en el trabajo de una sola noche en función del papel que se cubra en las escalas del narcotráfico, del punto encargado de vigilar al conductor de la lancha. "Durante los años de crisis hay quien se ha escudado en la situación económica para justificar el narcotráfico como forma de subsistencia. Hay que acabar con eso también". La comarca, reivindica, necesita inversiones, empleo y formación para los jóvenes, para sacar a determinadas barriadas de la exclusión social.

Además, La Línea es una zona de especial singularidad, reclaman desde la plataforma, y así tiene que ser reconocida. Algo que también serviría para paliar una de las graves derivadas del auge del narcotráfico: el daño a los servicios públicos, que no encuentran funcionarios para cubrir los servicios. Una de las sanitarias del hospital de La Línea lo resumía en una frase preocupada: "Después de lo ocurrido, ¿quién va a querer venir aquí?". La preocupación no es infundada. La Junta de Andalucía sacó una convocatoria para cubrir 42 plazas de facultativos especialistas para los hospitales de La Línea de la Concepción y Punta de Europa de Algeciras, así como para centros de Atención Primaria y solo ha cubierto cinco. Ello a pesar de que los contratos que se habían sacado a concurso eran de interinos. Este problema para encontrar médicos, que repercute en una ampliación de las listas de espera o incluso en consultas anuladas, se extiende a otros funcionarios. La Línea es una zona de difícil cobertura, pero esa calificación empeora ante las agresiones que se han hecho frecuentes en el centro de salud de Los Junquillos. Por eso los sanitarios reclaman un aumento de las medidas de seguridad, pero también cambios en la configuración de algunos servicios para que lo ocurrido esta semana no vuelva a suceder.

La reivindicación de unas mejores condiciones salariales y laborales para los funcionarios en la zona es otra de la reivindicaciones antiguas también en los cuerpos policiales. Buena parte de los agentes de La Línea son de fuera del municipio y no residen en él. Pero la situación es tan complicada que incluso los autóctonos se plantean irse, ya que "aquí no encuentran unas condiciones atractivas", explican.

"El narcotráfico está parasitando la sociedad, está destruyendo socialmente a La Línea", lamenta el alcalde linense, Juan Franco. Ese parásito se ha ido expandiendo, ocupando barriadas que estaban degradadas y creciendo a partir de ellas hasta crear una narcoeconomía en la que "los niños quieren seguir en las empresas familiares, crecen rodeados de dinero fácil". Una situación que tiene un efecto perverso en la economía de la ciudad: mientras el flujo de dinero negro aumenta (con depósitos incluso bajo tierra en Sierra Carbonera, afirman en La Línea), la actividad legal huye espantada. Los inversores que podrían dar un impulso a la economía linense contemplan la expansión de los narcos como un factor de riesgo. Se está hipotecando un posible futuro turístico, porque "¿quién va a ir de turismo a un sitio tomado por el narcotráfico?", se pregunta Franco.

El alcalde ha programado ya una reunión con la Plataforma Por tu seguridad, en la que están incluidas organizaciones contra la droga, sindicatos y asociaciones policiales, como un primer paso para iniciar una nueva ronda de reivindicaciones. La que tiene que dar un resultado, para evitar encontrar respuesta a la pregunta que ronda en la cabeza de todo linense: ¿Cuál será la próxima línea roja que cruce el narcotráfico?