LA reordenación del sector público andaluz es la gran china en el zapato de la Junta durante la etapa Griñán. Mantiene en tensión a una Administración que siempre ha vivido en una calma chicha, ha encrespado a un sector habitualmente sumiso al poder y está incordiando sobremanera a los gobernantes, acosados en numerosos actos oficiales por pitos, pancartas, pegatinas y achuchones.

Muy seguro no debe estar el Gobierno regional de haber hecho bien las cosas en esta materia cuando no deja de rectificar. Conforme han arreciado las protestas, afectando de manera directa a Griñán, e incluso a Chaves, la Junta ha procedido, sucesivamente, a destituir al secretario general para la Administración Pública, José Ortiz, que había gestado el decreto en cuestión, a modificar el texto inicial aprobado en julio para incorporarle los cambios pactados con CCOO y UGT y, finalmente, a tramitar su contenido como una ley normal, según anunció ayer la consejera del ramo -y también de Hacienda-, Carmen Martínez Aguayo, del núcleo duro del griñanismo.

Aguayo justificó esta última marcha atrás parcial por su voluntad de que "se ponga blanco sobre negro a través de enmiendas y del debate público cuál es la posición de cada uno de los grupos" (por cierto, qué manía con decir "blanco sobre negro" cuando se pretende decir "negro sobre blanco", y no sólo Aguayo). Se busca, en todo caso, una mayor legitimación de la reestructuración del sector público andaluz y que el debate despeje el temor de buena parte del funcionariado a verse perjudicados en sus condiciones de trabajo o relegados por los empleados no funcionarios que se integran en las agencias públicas creadas o de que éstos se funcionaricen sin haber aprobado una oposición.

Probablemente lo que más ha movido a la Junta en esta última pirueta ha sido la sospecha de que pueda prosperar alguno de los recursos presentados por los sindicatos de funcionarios, concretamente el que se refiere a la improcedencia de legislar por decreto algo que carece de la urgencia extraordinaria que exige el concepto jurídico de decreto. Y a todo esto, el lío del montepío de la función pública andaluza obedecía, según se dijo, al programa de adelgazamiento de la Administración autonómica que Griñán comprometió en su investidura como presidente de la Junta, y ahora el propio Griñán pretende tranquilizar los ánimos garantizando que la Administración no se reduce. Entonces, ¿para qué se arma todo este follón?

Con haber mandado a la Cámara desde el principio un proyecto de ley y haber negociado con todos los sindicatos representativos se habrían ahorrado tanta rectificación y tanto embrollo.