ME he propuesto calentar (o sea, concienciar, pero dicho en avanzado estado de cabreo) a la opinión pública sobre la situación de la Isla de Tarifa. Entiendo que hurtar a los ciudadanos la posibilidad de disfrutar de un paraje único en todas sus vertientes es una cacicada y, como tal, comienzo con esta columna una serie de actuaciones tendentes a acabar de una vez por todas con esa negación inconcebible.

Durante años la Isla fue coto particular del Ejército. Lugar de interés para la defensa nacional y, por lo tanto, restringido a las visitas del personal civil. Hasta ahí nada que objetar, si añadimos que entonces era más fácil de acceder que ahora.

Perdido ese interés defensivo, el paraje volvió a manos del Ministerio de Medio Ambiente. Muchos nos frotábamos las manos con aquello pues, al tratarse de un Dominio Público Marítimo Terrestre, entendíamos que por fin la Isla iba a convertirse de verdad en patrimonio de todos. Nuestro gozo en un pozo.

Hacía falta un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), y los jerifaltes de este país o lo que sea no tuvieron otra feliz ocurrencia que instalarlo en la Isla. Y, además, prohibir el paso a todo el mundo. Tengo serias dudas de que en un dominio público se pueda prohibir el acceso. También, la seguridad de que allí no pueden desarrollarse actividades contrarias al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural del Estrecho.

Pero como uno no está versado en leyes, probablemente sea el Fiscal de Medio Ambiente de Cádiz quien, más pronto que tarde, despeje esas dudas que yo y otros muchos ciudadanos mantenemos. Y a ver qué pasa.