EL magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dio ayer un paso adelante en su autoasignado papel de justiciero general al declararse competente para investigar las desapariciones ocurridas en la Guerra Civil española y la inmediata posguerra. La investigación fue instada por una veintena de asociaciones de memoria histórica y estaba referida a los asesinatos, torturas y exilios de los vencidos en la guerra fratricida, aunque posteriormente Garzón amplió la petición de información a los tribunales republicanos creados durante la contienda en Madrid. En su auto, conocido ayer, el magistrado autoriza la exhumación de diecinueve fosas comunes, entre ellas la que encierra los restos mortales de Federico García Lorca, y ordena la búsqueda e identificación de desaparecidos en toda España. A la vez, solicita certificados de defunción de Franco y otros treinta y cuatro altos cargos de su Régimen, que mandaron entre 1936 y 1951, como presuntos responsables de los crímenes cometidos en un contexto, dice Garzón, de "crímenes contra la humanidad". Este auto es un disparate: cuando se cometieron los delitos mencionados, por uno y otro bando, sólo podían calificarse como delitos comunes de asesinato, detención ilegal o lesiones, ya que el tipo penal del crimen contra la humanidad no fue creado y aplicado hasta los juicios de Nuremberg (1945). En segundo lugar, los crímenes en cuestión tendrían que ser perseguidos, en su caso, por los juzgados correspondientes a los lugares en los que se cometieron, no siendo competente la Audiencia Nacional. Por último, aunque no menos fundamental, la Ley de Amnistía de 1977, hito básico en los albores del sistema democrático, implicó que este tipo de delitos, tanto en la propia guerra como durante la dictadura e incluyendo a los de terrorismo, prescribieron en ese momento. Fue lo que hizo posible la reconciliación y una transición de la dictadura a la democracia que todavía sigue siendo estudiada como modelo en numerosos países. Baltasar Garzón se entretiene persiguiendo fantasmas y resucitando rencores que los españoles de hace treinta años acordaron enterrar para hacer posible la paz y el perdón.