El alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil, se pronunció ayer al respecto de la crítica emitida desde el Instituto de Estudios Campogibraltareños (IECG), que ha cuestionado la decisión del actual equipo de gobierno de no renovar contrato al arqueólogo municipal, Alejandro Pérez-Malumbres.

En tal sentido el alcalde señaló que se está atravesando un momento especialmente delicado en el aspecto económico, que obliga a asumir decisiones controvertidas como prescindir de los servicios del arqueólogo municipal. Sin embargo, Gil García señaló que siendo consciente de la importancia cultural, histórica, patrimonial y arqueológica, las arcas municipales no pueden asumir el coste de la contratación y aboga porque sean las administraciones superiores quienes asuman esa competencia.

Sobre la conclusión, de Junta de Consejeros del IECG de estimar "imprescindible la existencia de la figura de arqueólogo municipal en la ciudad de Tarifa", el alcalde tarifeño invitó al IECG ha plantear su demanda ante la Mancomunidad de Municipios entendiendo que el patrimonio cultural y arqueológico no sólo es exclusividad de Tarifa, sino de toda la comarca por lo que podría de ser el ente supramunicipal el encargado de contar con la figura de un arqueólogo.

Gil García apuntó además a que la no renovación del arqueólogo se debe a la propia coyuntura económica, no descartando que si en los meses sucesivos la situación económica del Consistorio cambiase, propiciar la contratación de un arqueólogo que podría estar representado por el propio Pérez-Malumbres o cualquier otra persona de su misma cualificación.

Por otro lado, Codepa se sumó a las críticas del IECG y manifestó ayer su rechazo a la decisión del Ayuntamiento de Tarifa de cesar a su arqueólogo. El colectivo señaló que el acuerdo aparta del servicio de defensa del patrimonio histórico de la ciudad al que hasta ahora ha sido su responsable, cuya preparación profesional y científica y su dedicación a la protección y conservación de la riqueza patrimonial histórico-artística tarifeña ha sido reconocida y puesta de relieve por el propio IECG.

Sin embargo, precisó Codepa que, aún siendo lamentable la separación de su función de un especialista tan cualificado como Pérez Malumbre, "más que el cese es de rechazar la razón por la que se produce, que no es otra que la desaparición de su puesto de trabajo".

Codepa añadió que resulta de todo punto inaceptable que una ciudad como Tarifa no mantenga en su organización el puesto de arqueólogo municipal, como garante del cumplimiento estricto y riguroso de lo establecido en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Además, el colectivo afirmó que se opondrá, en el momento que proceda, ante las administraciones local y autonómica, a la delegación de competencias al Ayuntamiento de Tarifa para la concesión de licencias de obras en el conjunto histórico de la ciudad, en tanto que en su relación de puestos de trabajo no se incluya -y se cubra- el de arqueólogo municipal.