El Libro Blanco de los Territorios Británicos de Ultramar, el primero editado por el Foreign Office en más de diez años, reconoce la vigencia del Tratado de Utrecht (1713) en el apartado dedicado a Gibraltar, frente a lo esgrimido tanto por su actual ministro principal, el socialista Fabian Picardo, como por su antecesor, el socialdemócrata Peter Caruana, que consideran nula la validez de dicho tratado frente a la histórica reclamación española.

En el extenso informe de 123 páginas, en el que Londres insiste en que seguirá garantizando la soberanía británica de sus 14 territorios de ultramar, incluidos Gibraltar y las Islas Malvinas, así como el derecho de sus ciudadanos a la autodeterminación, el Foreign Office analiza de forma general la situación y relación que mantiene con sus colonias, a las que después dedica apartados específicos a modo de resumen.

En el caso del Peñón, el Libro Blanco que firman el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, y su ministro de Exteriores, William Hague, recoge que la soberanía de Gibraltar fue cedida a Londres por España bajo el Tratado de Utrecht en 1713 y que, desde entonces, Madrid ha intentado recuperarla.

"A pesar de la presión española, que incluyó el cierre de la frontera desde 1969 hasta principios de los 80, ésta ha servido para fortalecer el sentimiento de identidad de los gibraltareños. El Gobierno del Reino Unido se reafirma en que nunca llegará a acuerdos que traspasen la soberanía de Gibraltar a otro Estado en contra de los deseos de sus habitantes y, más aún, jamás entrará en un proceso de negociación de la soberanía con el que el Peñón no esté de acuerdo", dice el anexo.

Añade que la actual Constitución data de 2006, que fue aprobada en un referéndum por el 60% de los habitantes -24.127 gibraltareños según datos de 2010- y que entró en vigor el 2 de enero de 2007, "modernizando la relación entre el Reino Unido y el Peñón y dando a Gibraltar el control sobre sus asuntos internos.

El Libro Blanco también analiza a Gibraltar desde el punto de vista demográfico, religioso, económico y en el contexto de la Unión Europea.

En este último apartado, el Foreign Office explica que el Peñón es parte de la UE en virtud de su Tratado de Funcionamiento, pero matiza que, bajo el Acta de Acceso del Reino Unido, Gibraltar está excluida de cuatro áreas de la política comunitaria: Unión Aduanera, Política Agraria Común, Política Pesquera y aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Agrega a este respecto que aunque el Reino Unido es el responsable último de la aplicación de la legislación comunitaria en Gibraltar, dichas medidas son aplicadas en la práctica por el propio Gibraltar mediante legislación emanada del Parlamento.

En cuanto a la economía, argumenta que desde finales de la década de los 70 Gibraltar "la ha diversificado, desarrollando sectores que requieren poco terreno pero ofrecen un elevado valor añadido y adaptados a los cambios".

Expone no obstante que la economía gibraltareña está "dominada" por cuatro sectores principales: los servicios financieros, regulados por una comisión "y que cumplen los estándares de la UE"; el comercio y el turismo -sólo la terminal de cruceros, que abrió en 1997, recibió a más de 300.000 visitantes en 2010-; el tráfico marítimo; y las casas de apuestas por internet, "que dan trabajo a unas 2.000 personas".