La Delegación Territorial de Salud ha condenado la agresión a una enfermera que tuvo lugar en el centro de salud de La Ardila de San Fernando el pasado viernes. Según han informado, una mujer empujó, golpeó, amenazó e insultó a una enfermera del centro Dr. Joaquín Pece, que estaba asistiendo a una paciente, "para que la atendiera y le tomara la tensión porque tenía prisa". 

La presunta agresora fue detenida al día siguiente, tras la denuncia presentada por la profesional, que recibió la primera asistencia sanitaria en su propio centro. El Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda ha activado su Plan de Prevención de Agresiones tras este episodio de violencia al que tuvo que acudir el Cuerpo Nacional de Policía.

Además, ha puesto a disposición de la profesional afectada todos los recursos necesarios (entre ellos asesoramiento legal y apoyo psicológico), al tiempo que condena públicamente estos hechos. También la Delegación Territorial de Salud y Consumo, a través de su delegada, Eva Pajares, se ha sumado a lamentar lo sucedido y también ha mostrado su apoyo a esta enfermera, así como al resto de personal sanitario.

Delito de atentado 

La agresión física o intimidación grave contra personal sanitario en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión. De hecho, una sentencia del pasado 27 de marzo ha condenado a una mujer a penas de prisión, orden de alejamiento y multa económica por una agresión de carácter verbal a una médica del Centro de Salud Barrio Alto de Sanlúcar.

Salud cuenta con diversos instrumentos de lucha contra esta lacra incluidos en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como la creación de la figura del ‘profesional guía’, la implantación de canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de sufrirla; atención psicológica durante el tiempo que sea necesario; o el refuerzo de las medidas de seguridad en los centros sanitarios y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo.

Otro de los instrumentos del plan es la comisión provincial contra las agresiones a profesionales de centros sanitarios, que pretende encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales.