El Ayuntamiento isleño se personará en el procedimiento de reintegro por alcance que ha abierto el Tribunal de Cuentas por la supuesta anomalía de ingresos que supone para las arcas municipales no haber cobrado a la asociación de pescadores deportivos Casería de Ossio un total de 123.913,81 euros correspondientes al canon por el uso de las instalaciones del club náutico que ocupan desde 2012. Un nuevo proceso contable que ha puesto en la diana a la alcaldesa, Patricia Cavada, y a su predecesor en el cargo, José Loaiza, así como a sus respectivos concejales de Urbanismo, Claudia Márquez y Ángel Martínez. Las diligencias preliminares, de hecho, los señalan como los presuntos responsables, como se conoció el pasado viernes tras la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del inicio del procedimiento parte del departamento 2º de la sección de enjuiciamiento. En el caso de prosperar el proceso contable se enfrentan a cantidades que oscilan entre los 100.000 y los 20.000 euros.

De ahí que el tema se haya querido abordar en una junta de portavoces específica. De hecho, se intentó convocar para la misma jornada del pasado viernes, poco después de la publicación en el BOJA, pero finalmente se descartó al no poder acudir varios de sus miembros. Así que esta junta de portavoces se celebró finalmente ayer. Según el delegado de Presidencia, Conrado Rodríguez, el objeto de tratar la cuestión con los grupos políticos municipales tenía por objeto informar a sus representantes y resolver las cuestiones que pudieran plantear ante este nuevo procedimiento de reintegro por alcance que afecta al Ayuntamiento isleño.

Desde el equipo de gobierno se insistía el pasado viernes en que en ningún momento se ha producido menoscabo de las arcas municipales y se aseguraba que, de hecho, se ha alcanzado un acuerdo para que la asociación de pescadores afronte el pago de las cantidades que adeuda,, que en su totalidad asciende a 157.073,55 euros. La liquidación, explicaba, se ha llevado a cabo una vez que ha expirado la concesión de uso, lo que ha generado un derecho de cobro a favor del Ayuntamiento. Una cuestión –insistía– que ya se le ha trasladado al Tribunal de Cuentas, por lo que presume que el proceso, aunque especialmente llamativo al implicar a alcaldes y concejales, tendrá escaso recorrido.

No obstante, la apertura del proceso de reintegro por alcance obliga también al Ayuntamiento isleño a personarse en el procedimiento en su calidad de administración afectada. Eso, con independencia de la postura que vaya a defender en el proceso, en la que previsiblemente insistirá en la ausencia de menoscabo en las arcas municipales.

De ahí también que el tema se vaya a abordar en la comisión informativa que está previsto que se celebre este miércoles. El expediente correspondiente con toda la información –aclaraba ayer el delegado de Presidencia– se remitió también el pasado viernes a todos los grupos municipales para su conocimiento.

Para que el Ayuntamiento se persone en el proceso contable no es necesaria la aprobación del pleno, pero sí la de la Junta de Gobierno Local, previo paso por la comisión informativa en la que están representados todos los grupos municipales. De ahí todos estos trámites vinculados al procedimiento de reintegro por alcance que se llevarán a cabo a lo largo de esa semana, antes de que expire el plazo dado por el Tribunal de Cuentas y después de que el tema trascendiera tras su publicación en los boletines oficiales.