San Roque y la Junta acuerdan construir una nueva sede judicial para atender a una población de 50.000 habitantes en 2050

San Roque da el primer paso para contar con una nueva sede judicial que responda al crecimiento demográfico y a las necesidades de los operadores jurídicos del municipio. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, y el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, han firmado este viernes un protocolo que abre la vía a la futura construcción de un Palacio de Justicia en la localidad. El acto ha tenido lugar en el Palacio de los Gobernadores y ha contado con la presencia de ediles de todos los grupos municipales, representantes autonómicos, operadores judiciales y cuerpos de seguridad.

La pieza clave de esta iniciativa será la cesión por parte del Ayuntamiento a la Junta de una parcela de más de 6.200 metros cuadrados ubicada en la zona de Huerta Varela, junto a la nueva sede de la Universidad Popular. El solar es propiedad de la empresa municipal Emroque y permite la edificación en hasta tres alturas, lo que permitiría alcanzar una superficie útil de hasta 18.000 metros cuadrados.

El alcalde explicó que se trata de una necesidad largamente demandada por la comunidad jurídica local. “Hace más de veinte años que venimos reclamando una solución. Incluso se barajó en su momento ubicar la sede judicial en el Pabellón B del Complejo Diego Salinas, pero la Junta lo descartó por considerarlo insuficiente”, recordó. El regidor destacó que los técnicos municipales y autonómicos han trabajado conjuntamente para seleccionar un emplazamiento adecuado, que permita atender no solo las necesidades actuales, sino también las previsibles a medio y largo plazo.

San Roque ha experimentado en la última década un notable incremento poblacional: ha pasado de 29.000 a 35.000 habitantes, y las proyecciones municipales estiman que en 2050 podría superar los 50.000 residentes. Ruiz Boix también apuntó la posibilidad de que la futura sede judicial albergue funciones que actualmente se desempeñan en otras localidades, como en el Palacio de Marzales de Algeciras, cuyas instalaciones presentan “importantes carencias”.

Por su parte, el consejero de Justicia subrayó que el Campo de Gibraltar —y San Roque en particular— requiere una intervención decidida en materia de infraestructuras judiciales. “Si no se responde a esta demanda, se pone en riesgo el potencial de crecimiento de la zona”, afirmó Nieto. Añadió que el Gobierno andaluz también actuará en Algeciras y La Línea de la Concepción, donde los órganos judiciales presentan igualmente problemas de espacio y operatividad.

Nieto explicó que, pese a haber solicitado al Ministerio de Justicia un aumento del número de jueces para la comarca, la respuesta ha sido negativa por falta de infraestructuras disponibles. La nueva legislación, que contempla la transición de tribunales unipersonales a colegiados, hace aún más urgente una ampliación de espacios.

“El objetivo es que San Roque tenga lo último de lo último en instalaciones judiciales”, dijo el consejero. El proyecto se ejecutará por fases: una primera etapa cubrirá las necesidades actuales, y las siguientes se irán adaptando a la evolución demográfica del municipio, con un horizonte de hasta 60.000 habitantes.

Nieto expresó su deseo de que el protocolo firmado este viernes se materialice en un convenio formal en los próximos meses, lo que permitiría redactar el proyecto de ejecución antes de 2027 y comenzar las obras de cara a tener el nuevo edificio terminado antes de 2030.

San Roque es cabeza de un partido judicial que también componen Castellar de la Frontera y Jimena de la Frontera. La sede actual se ubica en la planta baja de un edificio residencial alquilado por la Junta de Andalucía desde 2008. Cuenta con 1.512,08 m² que acogen los tres juzgados de Primera Instancia e Instrucción, el Registro Civil y el Servicio Común.