El guardia 2º José Antonio Montes Gil, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular nº 13 de la Inspección General de la Guardia Civil, fechada el 1º de mayo de 1939, volvió a ser destinado a la Comandancia de Cádiz, causando alta en la revista del mes de junio siguiente. A su regreso de Jaén se reincorporó al puesto de San Roque, donde permanecería prestando servicio hasta marzo de 1941 que fue destinado al puesto de La Atunara, en La Línea de la Concepción.

Siendo guardia de 1ª clase pasó a la situación militar de retiro a finales de febrero de 1944, tras cumplir la edad reglamentaria. Ésta se había fijado en 50 años, cuando antes era a los 54, conforme lo dispuesto en la ley de 15 de marzo de 1940, mediante la que se reorganizaba “el benemérito Cuerpo de la Guardia Civil”.

No obstante, existía la posibilidad de solicitar voluntariamente la continuación en el servicio hasta las 56 años de edad, si se contaba con la aptitud física necesaria, para nutrir los Tercios de Veteranos creados en la citada ley. A éstos se les encomendó “la custodia de cárceles, penales, campos de penados y otros organismos similares, constituyéndose con personal especializado las Compañías afectas a la represión del fraude y vigilancia del contrabando en las Aduanas y en el interior del país”.

Consecuente con ello una orden fechada el 8 de mayo de 1940, dimanante del Ministerio del Ejército, cuyo titular era el general de división José Enrique Varela Iglesias, había dejado en suspenso la concesión del pase a la situación de retirado de aquellos que deseasen continuar prestando servicio. Tras el nombramiento, en julio de 1943, del nuevo director general de la Guardia Civil, general de división Camilo Alonso Vega, el criterio de concesión fue radicalmente restrictivo como lo demuestra lo sucedido al guardia 1º Montes. A pesar de haberlo peticionado en plazo y forma así como contar con el informe muy favorable del jefe del 16º Tercio Rural (Cádiz), coronel José Enríquez Ramírez-Cárdenas, le fue desestimado. La razón de ello se debió a la imposición, hacía ya más de veinte años, de unas sanciones disciplinarias de carácter leve que llevaban invalidadas casi dos décadas.

Por otra parte hay que significar que dado que el sueldo que percibían los guardias civiles era ya de por sí reducido, la pensión de retiro a percibir lo era aún más, siendo proporcional a los años de servicio. Como los que pasaban a retiro a los 50 años solían tener todavía una importante carga familiar, se contemplaba en la mentada ley que pudiesen cubrir, con carácter preferente, “en concurrencia con otros agentes de fuerzas de Orden Público”, las plazas que hubiera vacantes de “guardias de puertos, aduanas, inspectores o vigilantes de Resguardos, porteros de los Ministerios y otros destinos menos activos que pudieran establecerse en la Administración Central, provincial o municipal”.

En dichos destinos percibían del Estado el haber pasivo que hubiesen acreditado, más una gratificación mensual a satisfacer por la entidad a la que fueran afectos. Podían permanecer en esos puestos de trabajo hasta los 60 años de edad, pasando entonces a la situación de “jubilados”, si bien podían prorrogar seis años más la prestación de sus servicios, según la índole de los mismos y previo reconocimiento médico que determinase su aptitud. Todo ese periodo de servicio les valía para mejorar su pensión hasta llegar al ciento por ciento del que disfrutaban y que percibirían a partir de los 40 años de servicios.

Otra opción que se les daba en dicha ley, previa a alcanzar la edad de retiro, era que aquellos que cumpliesen 20 años de servicios en el Cuerpo, tuvieran derecho preferente para ocupar “las plazas de guardias de la policía urbana” que sacasen a concurso los ayuntamientos, así como las de guardas forestales y aquellas otras que pudieran señalarse y requiriesen determinada aptitud física. En tales casos percibirían el sueldo mensual previsto para el puesto de trabajo, a abonar por la corporación correspondiente, más un treinta por ciento de la pensión que tuviesen fijada por el Estado.

El guardia 1º Montes al retirarse estableció su residencia en San Roque con su esposa Josefa Ramos Bellido, natural de Vélez-Málaga, y sus cuatro hijos llamados Sebastián, Josefa, Antonio y Jesús. Fallecería en noviembre de 1980 en La Línea de la Concepción a los 87 años de edad.

El guardia 2º José Barragán Vega, natural de la localidad malagueña de Cortes de la Frontera, tenía también 43 años de edad el 18 de julio de 1936. Llevaba destinado en el puesto de San Roque desde diciembre de 1930, procedente del puesto de Casas Viejas. Sus vicisitudes durante la contienda fueron similares a las de su compañero Montes ya que fue otro de los guardias civiles de la Compañía de Algeciras que estuvo concentrado hasta mediados de marzo de 1937 en San Pedro de Alcántara. También, a fin de marzo de 1939, marchó a Jaén formando parte de la 35ª Compañía Expedicionaria de la Guardia Civil cuyo jefe era el capitán Eduardo Comas Añino, que estaba al mando de la Compañía de Algeciras.

Barragán, tras los mismos cambios de destino de la Comandancia de Cádiz a la de Jaén y retorno que tuvo su compañero Montes, fue nuevamente destinado al puesto de San Roque. Continuó prestando servicio en él hasta fin de junio de 1941, mes en el que pasó destinado al puesto de La Línea de la Concepción.

En enero de 1944, casado con Cristobalina Reyes Sánchez, natural de Cádiz, y con cinco hijos, de los que cuatro eran hembras, pasó a la situación de retiro tras cumplir la edad reglamentaria. Inicialmente fijó su residencia en la barriada de San Martín del Tesorillo, perteneciente entonces al municipio de Jimena de la Frontera. El Consejo Supremo de Justicia Militar le asignó una pensión mensual de 227’50 pesetas. Por aquel entonces un guardia civil percibía poco más de 300 pesetas mensuales. Fallecería en la navidad de 1963 en Valencia cuando contaba 71 años de edad.

El guardia 2º Manuel Medina Martín, natural de La Línea de la Concepción, tenía 37 años de edad el 18 de julio de 1937. Llevaba destinado en el puesto de San Roque desde septiembre de 1929, procedente del puesto de Alcalá del Valle. En marzo de 1938 fue destinado al puesto de Zahara, perteneciente a la Compañía de Villamartín, donde fue ascendido en junio al empleo de cabo por méritos de guerra contraidos “en el primer periodo de operaciones desde el 17 de julio al 31 de diciembre de 1936”.

En la revista de julio de 1938 fue destinado al puesto de Puerto Serrano donde apenas permaneció tres meses ya que en octubre pasó al puesto de Arcos de la Frontera. Ordenada su incorporación a la 7ª Compañía Expedicionaria de la Guardia Civil, encuadrada en el Cuerpo de Ejército Marroquí, se presentaría en la localidad zaragozana de Caspe el 18 de noviembre. Durante el resto de la contienda seguiría las mismas vicisitudes del cabo Rodrigo Vázquez Villalobos, ya relatadas en un capítulo anterior.

Continuará.