Dos problemas se exponían en el informe que la Subinspección del 16º Tercio (Málaga) había elevado el 5 de agosto de 1931 al director general de la Guardia Civil, sobre la petición de incremento de ocho efectivos más en el puesto de San Roque, efectuada por el alcalde del municipio.

Uno era el ya citado en el capítulo anterior sobre la falta de espacio para su alojamiento en la casa-cuartel, cuyo estado era penoso. Se proponía como solución que los nuevos guardias civiles fueran solteros y que las obras de adecuación de la sala-dormitorio comunitaria fuesen costeadas por el ayuntamiento peticionario.

El segundo problema era aún más difícil de solventar: el teniente coronel jefe de la Comandancia de Cádiz había informado a su vez que “no se cuenta con fuerza disponible para atender al aumento solicitado”.

El alegato de “plantilla insuficiente” para asumir los cometidos y funciones asignadas al Cuerpo de la Guardia Civil no era una simple excusa sino una palpable realidad. En verdad ha sido siempre uno de los principales males endémicos que ha padecido el benemérito Instituto desde su época fundacional.

La seguridad pública siempre ha tenido un elevado coste económico, tanto en recursos humanos como materiales, amén del que conllevan las instalaciones y su mantenimiento. Darle la prioridad que se merece entre todas las atenciones y necesidades que tiene el Estado ha sido siempre imposible de alcanzar, resultando más fácil para el gobernante de turno sostener al respecto una política económica de mínimos en vez de pretender una de máximos. Algo similar venía sucediendo en el ámbito de la defensa nacional, de la sanidad y enseñanza públicas así como de las infraestructuras terrestres y marítimas, por ejemplo.

Dado que para sufragar desde el Tesoro Público tan elevado coste económico era imprescindible establecer una estricta política fiscal que evitara y persiguiera duramente el contrabando, la defraudación y la evasión, el Estado contaba desde 1829, entre otras instituciones, con el Cuerpo de Carabineros. No obstante, su dotación de recursos humanos y materiales dejaba también bastante que desear, incluso en una comarca como la del Campo de Gibraltar, tan castigada por el contrabando procedente de la colonia británica.

Respecto a la Guardia Civil, se trataba de la única fuerza de seguridad pública que ha sobrevivido, desde hace más de 176 años, a todas las que le precedieron en su creación e incluso a algunas que surgieron con posterioridad. Todo gobernante, de la clase, condición e ideología que fuera, al final siempre ha querido contar con la Guardia Civil, tanto por lo que su apoyo representa como por tratarse de una herramienta realmente extraordinaria para la estabilidad y protección del Estado.

Especialmente significativo es lo escrito en sus memorias por Niceto Alcalá-Zamora Torres, primer presidente la Segunda República, cuando el 14 de abril de 1931 llegó a la entrada del Ministerio de la Gobernación, sito entonces en lo que actualmente es sede de la Comunidad Autónoma de Madrid, ubicada en la emblemática Puerta del Sol: “Se gritó para advertir nuestra presencia y tras unos instantes de ansiedad aquellas puertas se abrieron un momento, cerrándose detrás de nosotros. En el portal la Guardia Civil nos presentó armas; todo había acabado en paz y éramos ya más que la revolución triunfante, su gobierno reconocido y servido por la fuerza armada regular”.

Regresando a San Roque, había concluido ya el expediente “por hallarse en estado ruinoso la casa-cuartel”, que el teniente coronel Joaquín Fernández Trujillo había ordenado instruir al alférez Juan Sánchez Díaz. El 19 de noviembre de 1931, el nuevo Subinspector del 16º Tercio, coronel José Gil de León Díaz, lo elevaba a la Dirección General de la Guardia Civil para la resolución que se estimase oportuna.

Informaba que se habían anunciado dos concursos de propietarios para arrendamiento de otro edificio, resultando desiertos. Requeridos entonces los dueños de inmueble sito en el núm. 14 de la calle Herrería, donde se encontraba el puesto de San Roque, para que practicasen las obras necesarias de reparación, manifestaron inicialmente su conformidad en efectuarlas si se aumentaba el alquiler en 25 pesetas mensuales.

Sin embargo, los propietarios posteriormente procedieron a realizarlas, renunciando al incremento solicitado. Dado también que el ayuntamiento no podía facilitar otro edificio, el coronel Gil de León concluía su informe, mostrando su conformidad con el jefe de la Comandancia de Cádiz y el instructor, que se daba por concluido el expediente, proponiéndose continuar ocupando en actual acuartelamiento.

Adecentada mínimamente la casa-cuartel para la plantilla entonces existente no se llegó finalmente a conceder el aumento de efectivos solicitado por el alcalde Gabriel Arenas Díaz de Bustamante, aún a pesar del informe favorable de toda la cadena de mando del benemérito Instituto, ya que no había posibilidad de detraerlos de otras unidades.

La República no estaba siendo más tranquila que la última parte de la Monarquía de Alfonso XIII en materia de orden público y la Guardia Civil era necesaria en todas las localidades.

El problema de falta de personal que tenía el puesto de la Guardia Civil de San Roque se vió incrementado a mediados de 1932 como consecuencia de la enfermedad que padecía su comandante de puesto, el suboficial Jesús Mulero Pallarés. Su mal estado de salud le había llevado a ser ingresado en el hospital militar de Sevilla para tratarse de sus dolencias, no siendo previsible su alta a corto plazo, preveyéndose además que necesitaría posteriormente unos meses de licencia para poder recuperarse.

Al igual que había ocurrido en la mayor parte de los puestos de la Comandancia de Cádiz, se había tenido que suprimir en el de San Roque la vacante existente de cabo, al objeto de destinarla a otras unidades de nueva creación fuera de la provincia.

Ello motivó que tuviera que hacerse cargo del mando accidental del puesto un guardia, no considerándose oportuno que dicha situación se prolongara en el tiempo, “tanto por la importancia de la población, como por ser punto forzado de paso de personas sospechosas y maleantes que se internan en la vecina plaza de Gibraltar”.

Recabados cabos voluntarios en el ámbito de la Comandancia de Cádiz, ninguno se ofreció a ello, máxime cuando no había vivienda disponible en la casa-cuartel. También se desechó por la superioridad la posibilidad de concentrar temporalmente un cabo procedente de otra unidad. La razón de ello era económica, evitando gravar “el presupuesto de concentraciones bastante agotado por el número excesivo de ellas”, tal y como resolvía al respecto el general de brigada Benito Pardo González, en escrito de fecha 21 de julio de 1932, dirigido al jefe de la Comandancia, conforme lo ordenado por el director general del Cuerpo, general de división Miguel Cabanellas Ferrer.

Finalmente, se decidió el aumento de plantilla y destino forzoso del cabo Miguel García Pérez que estaba destinado en el puesto de Jimena de la Frontera, donde sí había un sargento como comandante de puesto. Se le adjudicaría el pabellón que venía ocupando uno de los guardias casados del puesto de San Roque, el cual sería a su vez destinado forzoso al de Jimena y se destinaría a aquél, uno soltero.

(Continuará)