El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha imputado a los nuevos dueños de Nueva Rumasa -Ángel de Cabo, Iván Losada y Fernando Lavernia- por presuntos delitos de blanqueo de capitales e insolvencia punible dentro de la causa abierta contra la familia Ruiz-Mateos. Curiosamente, Lavernia, director de la división de Alimentación y Bebidas de Nueva Rumasa, fue el encargado de presentar el martes en Jerez los planes de sostenibilidad y viabilidad para las bodegas del Grupo Garvey y en los que se contempla el despido de la mitad de la plantilla.

La imputación se extiende a una hija del empresario, Rocío Ruiz Mateos, a su marido Luis Ojeda y a su primo, Alfonso Barón Rivero, tras la admisión a trámite de la querella presentada por el exabogado de los Ruiz-Mateos, Joaquín Yvancos.

La decisión judicial cuenta con la opinión favorable de la Fiscalía anticorrupción y los imputados han sido citados a declarar los próximos días 28 y 29 de febrero.

Inicialmente la querella que presentó Yvancos el pasado 11 de diciembre afectaba también a otros de los hermanos Ruiz-Mateos -José María, Zoilo, Alfonso, Francisco Javier, Alvaro y Pablo- si bien se les ha dejado fuera dado que ya están inmersos en una querella previa.

Yvancos pedía para los querellados prisión provisional eludible con fianza de 290 millones de euros, ante el "elevadísimo riesgo de fuga que existe, fundado en las numerosas conductas penalmente relevantes realizadas que se le imputan".

Anticorrupción está rastreando, además, posibles cuentas de los Ruiz-Mateos en Suiza y Alemania. Precisamente, y tras su encontronazo con la Justicia por las descalificaciones a los jueces realizadas por José María Ruiz-Mateos el martes tras retirarle un juzgado el pasaporte y prohibirle salir del país, el fundador de Nueva Rumasa se vio ayer sorprendido por la orden de entrada y registro de su domicilio dictada por la Audiencia Nacional.

Efectivos de la Policía judicial cercaron el domicilio del empresario jerezano en Somosaguas (Madrid) desde primeras horas de la mañana para la práctica de un registro ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el curso de la investigación abierta contra los Ruiz-Mateos por un presunto delito de estafa en la emisión de pagarés de distintas empresas de Nueva Rumasa.

La decisión judicial responde a la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción dentro de la pieza bajo secreto de sumario por la que se investiga al fundador de Nueva Rumasa, su esposa Teresa Rivero, sus seis hijos varones y un sobrino.

Agentes montaron guardia a la entrada del domicilio -que se encuentra embargado como garantía de una deuda bancaria-, ante el que se apostaron dos furgones de la Policía Nacional, mientras efectivos de este cuerpo de seguridad procedían al registro en el interior.

La llegada de los agentes sorprendió dentro del domicilio familiar a José María Ruiz-Mateos y a su mujer, que abandonaron la vivienda momentos después por separado. El registro se extendió al chalé vecino, utilizado por los hijos del empresario jerezano como oficinas y en el que estaban domiciliadas las principales sociedades del grupo empresarial antes de su venta a Back in Business.