No por lo inesperado, debe sorprendernos la decisión del presidente del Gobierno de convocar elecciones generales. Naturalmente, habrá meditado cómo hacerlo, pero es evidente que tenía que hacerlo. Seguramente alguien le habrá susurrado al oído que la situación es muy parecida a la de las municipales del 12 de abril de 1931, si bien en aquel caso se dieron circunstancias que hoy no podrían darse. Eran unos comicios locales que se convirtieron en un plebiscito. La monarquía se había dejado seducir por la dictadura en un gesto que traducía esa tentación totalitaria sobre la que distintos pensadores han reflexionado en diferentes contextos. En las grandes ciudades ganaron las candidaturas diseñadas contra lo establecido, la monarquía y, aunque al contrario de lo que sucede en este caso, globalmente ganaron los partidarios del establishment, el resultado fue entendido como un aviso de que el rey debía de dar paso a la república. Luego sucedió lo que sucedió, a España le esperaba una de las mayores tragedias de su historia, pero esa es otra historia, y lo que en realidad fue un golpe de Estado perpetrado por la clase política dirigente, se convirtió en un “esto es lo que hay”.

Sin duda, el presidente Sánchez ha reunido a lo más granado de sus sesudos asesores y éstos han resuelto que lo mejor es convocar elecciones generales. Y lo ha hecho a su estilo, convirtiendo sus más que repetidas declaraciones de que se acabaría la legislatura, en pura filfa; es decir, mintiendo una vez más, y saltándose la Constitución, que ordena reunir al Consejo de Ministros antes de comunicárselo al Jefe del Estado. El Art. 115, punto 1, dice lo siguiente: “El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones”.

En todas las actuaciones del presidente destaca el halo de falsedad, ignorancia y trampa que ilustra su personalidad política. El anuncio de disolución de las Cortes Generales se ha producido, no ya de modo irregular, sino con el confeso desconocimiento de parte del Gobierno y del partido: en Ferraz se han enterado a través de los medios de comunicación.

Como está ocurriendo ya, la especulación sobre las razones y los propósitos de tan importante decisión, precipitada según muchos –sobre todo, según aquellos a los que les afecta– crece y se retroalimenta ad libitum. Hay innumerables recursos a los que acudir para probar fortuna con la explicación, pero las evidencias apuntan, dado el carácter del sujeto, a un “van a ver ahora”.

Con el PSOE pasa como con esos operarios o empresarios sin demasiados escrúpulos, que aceptan cobrar sin factura o se prestan a lo que haga falta con tal de evitar la intervención del Estado, en la cosa pública, o los inconvenientes que puedan derivarse, a efectos fiscales o de cualquier otra naturaleza, en las operaciones privadas. Separatistas, antisistemas, inútiles sociales, vividores, demagogos y demás especies de tantas como pueblan el tejido político se benefician de partidos a la contra, practicantes de la subvención y el subsidio, como el PSOE, y temen como a vara de nardo, a la disciplina y el orden, que identifican como características de las derechas.

El “se van a enterar” asociado al ya esperable deterioro progresivo del partido y de la propia figura del presidente son, con mucha seguridad, los motores de la decisión. Lo del domingo, día 23 del mes de julio, en época de vacaciones y en medio de un puente (el día 25, martes, es Santiago), es para fastidiar, sobre todo a los “más pudientes” que, ya se sabe, “son votantes de la derecha”.

Cuando el 12 de abril de 1931, las mujeres, según las izquierdas, eran “débiles instrumentos en manos de sus confesores”, había que tener por lo menos 25 años y ser, al menos aparentemente, varón para tener derecho a voto. La República, estaba cantado, llegaba para liberarnos.