Una política turística con perspectiva de futuro

En los últimos meses proliferan las informaciones sobre el turismo. Por una parte, por los debates sobre las tasas y los pisos turísticos y, por otra, por el elevado aumento del turismo en los dos últimos años, lo que está generando mucho empleo y colaborando decisivamente en que España y otros países del Sur de Europa estén experimentando un crecimiento diferencial sobre las economías centroeuropeas. Estamos viviendo lo que han denominado “el turismo de venganza”, refiriéndose al deseo a viajar después de las restricciones por la pandemia y sus secuelas.

Tras este intenso aumento, el debate se centra en las ventajas e inconvenientes del turismo masivo. La ventaja más evidente es la gran capacidad de generación de empleo a corto plazo sin requerir inversiones cuantiosas ni tecnológicamente complejas. Su principal limitación es que el turismo es una actividad intensiva en empleo de escasa cualificación, bajos salarios y productividad y reducida innovación. Por ello, se produce la paradoja de que las comunidades autónomas con mayor especialización turística experimentan un crecimiento del PIB per cápita en el medio plazo menor que la media nacional, por lo que tienden a descender en el ranking autonómico.

Además, el turismo genera costes externos negativos, como la barrera de cemento del litoral español en la explosión del turismo de sol y playa de décadas pasadas. Los costes sociales también se están manifestando en la intensificación del turismo urbano, que está provocando múltiples incomodidades a los ciudadanos: masificación; ocupación del espacio público; pérdida de comercio de proximidad en beneficio de franquicias, comercios de souvenir y restauración; sobrecostes municipales; y encarecimiento de la vivienda con la consiguiente expulsión de los vecinos de los centros de algunas ciudades, que van camino de convertirse en parques temáticos.

Lógicamente, los empresarios turísticos desean seguir aumentando el número de turistas, y también muchos responsables públicos quieren anotar los efectos benéficos a corto plazo del turismo, pero su aumento expansivo no se puede dejar a la exclusiva regulación del mercado, sino que los responsables públicos deben de evitar (o minimizar) las externalidades negativas.

Es por ello por lo que en los últimos años se está produciendo una reorientación de las políticas turísticas, desde las dominantes de promoción (en la actualidad casi innecesarias) a las de regulación y vigilancia, singularmente con las siguientes iniciativas:

a) Tasas turísticas: Impuestos a los turistas que se alojan con una doble motivación: Una recaudadora, para colaborar en la financiación del gasto público municipal por los servicios que los turistas utilizan (limpieza, basuras, transportes públicos, seguridad, mantenimiento de edificios, mobiliario, parques y jardines). Y otra, como ticket moderador para acompasar la recepción de turistas a las posibilidades de cada ciudad.

Las tasas turísticas vienen implantándose en muchas ciudades del mundo entero: en EEUU en la mayoría de los estados, en Europa en más de 130 ciudades de 20 países, en Francia está muy extendida, en Alemania en las principales ciudades, también en Países Bajos, Italia, Grecia, Portugal, Malasia, Japón o Nueva Zelanda, y en España en Cataluña y Baleares.

b) Regulación de la oferta turística, singularmente de los pisos turísticos, que tiene por objeto: 1) Limitar la capacidad de alojamiento en zonas saturadas; 2) Asegurar la calidad de los alojamientos para los clientes; y 3) Evitar los inconvenientes a los vecinos. El notable aumento de los pisos turísticos en los últimos años y los problemas que generan están provocando un rechazo ciudadano creciente, y una presión regulatoria y sancionadora más intensa en algunas comunidades (Canarias, Madrid, Asturias, Comunidad Valenciana).

c) Ordenación del espacio público para evitar la masificación, su ocupación por actividades privadas, la incompatibilidad con otras actividades productivas y la vida de sus habitantes.

Estas y otras actuaciones deben configurar una política turística que debe anticiparse a que las externalidades negativas del turismo se desborden en las ciudades. Por ello, no parece razonable la demora que ha tenido la regulación de los pisos turísticos en Andalucía ni que, tras la reclamación de la tasa turística por algunos alcaldes de ciudades andaluzas y una reunión de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, empresarios del sector y el Consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, se dé por zanjada negativamente la tasa turística, que está tan extendida en los países desarrollados, y que antes o después será imprescindible en ciudades que ya la reclaman como Sevilla, Málaga, Córdoba o Cádiz.