Cupo catalán: si general, peor

La llamada financiación singular de Cataluña consiste, en la práctica, en un cupo fiscal similar al vasco. El hecho de que los que lo defienden insistan en que no lo llamemos cupo solo muestra que les preocupa que captemos su verdadero significado. Y aciertan en ese empeño de ocultación, pues el precedente vasco nos ha enseñado que ese tipo de singularidad fiscal se traduce en desvincularse de la solidaridad económica interterritorial. De hecho, Vasconia apenas aporta nada al fondo de solidaridad autonómico. Resultado: la renta pública media se eleva en Vasconia al doble de la media española. Calificar ese método de solidario se aproxima al cinismo. Ampliarlo a Cataluña agravará el problema, pues esa comunidad autónoma, que aporta el 20% del Producto Interior Bruto español, es uno de los principales contribuyentes al fondo de solidaridad. Si ahora va recaudar todos los impuestos que se generen en su territorio esa contribución va a disminuir drásticamente. Es fácil comprender que nadie pide controlar la recaudación para incrementar o mantener su aportación solidaria, sino más bien para todo lo contrario. Tampoco resulta nada tranquilizador que, según enseña la experiencia, el que recauda, manda. En concreto, los gobernantes catalanes transferirán a la caja común española la cantidad que estimen oportuna y, para colmo, en el momento que ellos decidan. Lo normal es que esa contribución tienda a cero. Si eso va a empezar a ser así con un gobierno socialista, no digamos qué ocurrirá cuando gobierne IRC o JxCat.

Muchos me dirán que un gobierno socialista, como el que preside Sánchez, jamás tolerará que Cataluña deje de realizar sus sustanciosas aportaciones a la caja común. No comparto ese optimismo revolucionario. Por un lado, los socialistas son socios del PNV en el gobierno de Vasconia y eso no ha impedido que esa comunidad no ceda ni un euro al resto de España. Por otro lado, no deja de resultar inquietante que los representantes del gobierno español y del gobierno catalán se hayan cuidado muy mucho de dejar abierta la cuantía de la solidaridad en el texto del acuerdo que han alcanzado para implantar el cupo catalán. Ese vacío delata que piensan recortar notablemente el fondo común. Así, una de las regiones más adineradas de España, como es Cataluña, dejará de ayudar a las regiones menos adineradas, como Murcia y Andalucía. En resumen, se trata de un acuerdo fiscal profundamente regresivo, justo lo contrario de lo que deberían defender los partidarios de la igualdad social.

En un infructuoso intento de engañar al respetable, los que están perpetrando este acuerdo afirman que es igualitario porque todas las regiones que lo deseen podrán implantar el mismo método. Idealmente, todas. Pues bien, de ser así la situación pasaría de muy grave a catastrófica. Las regiones que necesiten recibir fondos no van a dejar de necesitar esas transferencias porque pasen a recaudar sus propios impuestos. Todavía peor: casi todas las regiones tendrían que recortar gastos si, además del cupo catalán, se implantase un cupo madrileño. El motivo es bien sencillo: si comunidad que más aporta al fondo común se sumase al criterio de los gobernantes de Vasconia y Cataluña apenas quedaría nada que transferir desde la caja común a las regiones deficitarias. Conclusión: si ya es contrario a la solidaridad implantar un cupo catalán, sería todavía más contrario a la solidaridad generalizar los cupos. Esperemos, pues, que Ayuso no siga el ejemplo de Illa.

Entre los efectos negativos del cupo catalán quedan dos por mencionar. En primer lugar, dificultará extraordinariamente recaudar determinados impuestos, como los que generen los trabajadores de empresas con domicilio fiscal en Cataluña que residan fuera de esa comunidad. Por motivos similares, facilitará el fraude fiscal, pues se fraccionará la base única de datos de los contribuyentes que, año a año, ha elaborado la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En segundo lugar, se extinguirá, o se verá muy mermada, dicha Agencia, una de las joyas de la Administración española. No deja de ser paradójico que los mismos que quieren crear una Agencia Española de la Integridad vayan a cargarse la Agencia nacional para recaudar. Si esto sigue adelante, María Jesús Montero pasará a la historia como la ministra de Hacienda que liquidó la Agencia competente en esa materia. Cómo compatibilizará esa tarea con su candidatura la presidencia de la Junta andaluza, una de las comunidades perjudicadas, es un misterio que se me escapa.