Nuestro país es la nación que, según la OCDE, más ha llegado a empeorar en el ranking de Estados con más corrupción, al haber pasado del puesto 23 al 14 en el pasado año, entre los países que integran esa organización, con mayor problema de corrupción.
Cada día al levantarnos y leer prensa o escuchar radio, podemos hacernos eco de un nuevo caso investigado, de corrupción en el ámbito político, y se da en casi todos los partidos políticos.
El último viene referido a un Ministro, que ostentó la cartera de Hacienda, desde 2011 a 2018, en el Gobierno del Partido Popular: Cristóbal Montoro, considerado en esa etapa como un excelente gestor en el tema público que se le encomendó.
Investigado por un Juzgado desde hace unos años, la conclusión inicial de la Justicia, siempre respetando el principio de presunción de inocencia, es que, desde su despacho, se recibían representantes de empresas gasísticas, quienes a cambio de importantes cantidades de dinero, se confeccionaban proyectos –para sus intereses– que, aprobados por el Parlamento, se convertían en leyes, suponiendo para los corruptores unos grandes beneficios, al reducirse el pago de sus impuestos, que le correspondían por esa actividad.
Se consideraba por el despacho liderado por el Sr. Montoro, perfectamente lícito tener intereses monetarios, en una firma cuyos clientes trataban de presionar a su gobierno a modo de lobby. El conflicto de intereses era obvio, y denunciado hace años, al agravar la desconfianza de la población hacia sus dirigentes.
Este tipo de actuaciones causa una situación de alarma social, llegando a ser una de las primeras preocupaciones de los ciudadanos españoles. La corrupción política causa indignación y repulsa del ciudadano, toda vez que además de atentar a los principios morales y de buena conducta que se presume en toda persona a quien se le confía un cargo político, supone un aprovechamiento de recursos obtenidos de manera ilícita, chocando con las obligaciones de honradez, exigida a cualquier ciudadano, y en especial a quienes tienen encomendada la gestión de asuntos públicos.
Soy de la opinión de que la política, siempre ha sido algo muy importante, ya que se confía en quien voluntariamente desea gestionar los asuntos de los demás, y ello debe conllevar para quien asume esa obligación, el no poseer empresas, donde el cargo que desempeña pueda servirle para su negocio personal; así se evitaría en gran parte el que se produzca la corrupción en los negocios que realizan en su ámbito privado, implicando al político.
De ahí que, la sociedad en general desconfíe más de sus políticos, y afecta a quienes tienen realmente un fin altruista de dedicarse un tiempo a la gestión de asuntos comunes del resto de ciudadanos.
La persona designada para un cargo político, tiene la consideración de funcionario público, durante el tiempo en el que participa de dicho empleo, y no deberá tener participación alguna en algún tipo de actividad o contrato en el que participe como político, y que tenga una relación con su empresa. No obstante, vemos en bastantes casos, que se vulnera este principio, pese a ser un delito castigado con penas de prisión e inhabilitación.
Y es que da la sensación de que quien pretende acceder a este tipo de cargos, en algunos casos, no lo hace para solucionar asuntos de los demás, sino los suyos propios; y está calando cada vez más en la sociedad esta idea, rechazándose de modo tajante.
Los partidos políticos eligen, en bastantes ocasiones, a personas sin formación para desarrollar una labor pública, al ser más manejables, dejando al margen a los más jóvenes y los mejores preparados, constituyendo un grave problema para nuestra democracia, ya que ambos se sienten desatendidos por la política.
Decepción ha producido este caso, como otros producidos con anterioridad, y que debe servir para castigar, si existen pruebas, a sus autores, y que se vaya erradicando la utilización de cargos públicos para negocios particulares.
Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable.
Y como dice Fernando Sabater: “En cierta medida la corrupción es un asunto cultural y lo peor que le puede pasar a una sociedad es acostumbrarse a ella”.
