Del poder a la cleptocracia: cuando la legalidad pierde su esencia

Como profesional comprometido con el Derecho, pero también con una idea de justicia que no se subordine a los ciclos del poder, independientemente de ideologías o afinidades, no creo que se deba permanecer en silencio ante el conjunto de escándalos que rodean al exministro José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García, a figuras del entorno como Santos Cerdán, y a la cadena de decisiones públicas que en los últimos años han favorecido intereses privados de forma sistemática. Lo que está sobre la mesa no es un caso aislado de corrupción, sino un patrón estructural de degradación institucional.

En el plano jurídico-penal, los indicios que han salido a la luz permiten hablar, con total fundamento, de delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y posiblemente organización criminal, si se acredita un entramado estable para delinquir desde el poder. En el centro de esta red, el papel de Koldo no puede entenderse como una desviación personal, sino como la pieza operativa de una maquinaria con respaldo político.

El Derecho Penal no puede blindar a quienes toleran o permiten delitos desde el corazón del poder"

Ábalos, como ministro responsable, no puede invocar desconocimiento sin asumir que su negligencia es tan grave como la complicidad. Si sabía lo que su entorno hacía, incurrió en cooperación necesaria; si no lo sabía, su deber de control lo convierte en autor por omisión, atendiendo al artículo 450 del Código Penal. El Derecho Penal no puede blindar a quienes toleran o permiten delitos desde el corazón del poder. Y lo mismo vale para Santos Cerdán: su cercanía funcional y política con los protagonistas exige una investigación profunda. No basta con desmarcarse a posteriori.

El rescate de Air Europa

Pero el caso va más allá de las mascarillas y los contratos exprés: lo ocurrido con Air Europa es el reflejo de otro tipo de corrupción, menos tosca pero igual de lesiva. La condonación y posterior rescate con fondos públicos —más de 600 millones de euros del erario— se justificó por razones estratégicas, pero las condiciones reales del rescate, los intereses privados beneficiados y la ausencia de control parlamentario efectivo dibujan un panorama preocupante. ¿Quién decidió, cómo y en función de qué intereses?

Desde la perspectiva del Derecho Penal económico, también cabría explorar si hubo administración desleal del patrimonio público, prevaricación, o incluso tráfico de influencias, si se demuestra que las decisiones obedecieron más a presiones políticas o empresariales que a criterios técnicos.

Se está utilizando el aparato del Estado para proteger a ciertas empresas, mientras se deja caer a miles de autónomos y pymes sin red"

El problema no es solo legal, sino sistémico: se está utilizando el aparato del Estado para proteger a ciertas empresas, mientras se deja caer a miles de autónomos y pymes sin red.

Y aquí entra en juego un elemento central: la posible responsabilidad institucional del Partido Socialista. No se trata de criminalizar ideas o siglas, sino de asumir que las organizaciones políticas también deben responder por los delitos cometidos desde su estructura si se demuestra tolerancia, opacidad o beneficio directo. El artículo 31 bis del Código Penal, aunque tímidamente, ofrece una puerta para abordar esta discusión. Si un partido político funciona como red de protección o como canal para negocios espurios, entonces no puede quedar fuera del radar penal por razones simbólicas o electorales.

La dimensión moral

Todo esto, por supuesto, tiene una dimensión moral evidente. Pero no debe confundirse con el análisis penal. La moral pública juzga la traición a los ciudadanos; el Derecho Penal necesita pruebas, hechos, dolo o imprudencia, y análisis de la participación. Sin embargo, cuando ambos planos —ético y jurídico— se solapan, como ocurre aquí, el deber del penalista no es callar, sino exigir depuración, investigación y consecuencias.

Porque si no hay consecuencias penales para quienes utilizaron una pandemia y un cargo público para beneficiar a empresas amigas, mientras los sanitarios luchaban sin medios y la población se encerraba, entonces no queda nada del principio de igualdad ante la ley. Y si desde el poder se resuelven rescates millonarios en despachos cerrados, sin transparencia ni control, lo que tenemos no es democracia, sino cleptocracia revestida de legalidad.