DESDE hoy no puede publicarse ningún sondeo electoral. Es absurdo, pero es la ley. En los últimos días de la campaña en las que los indecisos rezagados decantarán su sufragio, la norma impide el derecho a la información.

Todos los sondeos privados publicados ayer anuncian una victoria holgada del PP de Alberto Núñez Feijóo y dan al bloque de la derecha una mayoría rayana en absoluta o absoluta. Da igual el medio de comunicación que haya encargado la encuesta y su –legítima– línea ideológica, no hay duda sobre quién estiman que ganará las elecciones. Frente esa coincidencia abrumadora, sólo las estimaciones demoscópicas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dice lo contrario, que el PSOE ganará, ayer cifró la ventaja en 1,4 puntos sobre el PP, y que la mayoría la tendrá el bloque de la izquierda.

Esta contradicción se ha vuelto habitual desde que el Gobierno de Pedro Sánchez puso al frente del CIS a José Félix Tezanos. Pero que sea frecuente que esta institución pública contradiga los sondeos privados –que se hacen con menos medios– y falle estrepitosamente al contraponerlo con cada resultado electoral no puede admitirse tan alegremente porque se repita.

Tezanos ofrece un resultado contrario al de los demás sólo porque si también dijese lo que el resto de encuestas, el voto de izquierda podría desplomarse porque tiende a desmovilizarse mucho más cuando pintan bastos. Curiosamente, Sánchez señala a todos los demás sondeos porque buscan desmovilizar a la izquierda, salvo el CIS y el del Grupo Prisa.

Que el CIS haga esto en cada elección –baste recordar las andaluzas de hace un año o las recientísimas elecciones parciales del 28-M– es gravísimo. Me atrevo a decir que delictivo. Por ello, el uso malversador del CIS es una muestra nítida de la necesidad de cambio que tiene España.