¿Quién pide perdón?

Un año después de la filtración de unos mensajes en los que se exponía el posible abuso sexual de José Ignacio Landaluce a tres concejalas del Ayuntamiento de Algeciras. Un mes después de que el PSOE lo denunciara, no solo por abuso sexual, sino también por malversación y tráfico de influencias, al acusarlo de haberlas enchufado en el Ayuntamiento a cambio de su silencio, la semana pasada conocimos que la Fiscalía del Tribunal Supremo archivaba la causa al no encontrar indicios de delito.

Parece haberse convertido en una práctica habitual de la política actual denunciar a rivales políticos a quienes no se les puede vencer en las urnas, para así tener alguna opción de gobernar. No es la primera vez que ocurre y no es una práctica limitada a la izquierda; en 2022 quien lo sufrió fue Mónica Oltra, de Compromís.

A José Ignacio lo acusó Alvise. Lo denunció el PSOE y lo acribilló, literalmente, todo el gobierno de España. Dando veracidad a unos actos delictivos que no sé si son ciertos —obviamente creo que no lo son y por eso escribo esta tribuna—, pero que, en cualquier caso, nunca fueron denunciados y sí negados por dos de las supuestas víctimas. Tal ha sido el acoso a José Ignacio que aún estamos esperando los supuestos vídeos que Alvise tiene donde se demuestran estas prácticas y que harían caer a Landaluce si no dimitía.

Parecía que iban a tener razón, pues Landaluce dimitió, pero de sus cargos en el PP. Sin embargo, fue una dimisión extraña. Dejaba el partido, su acta de senador, pero seguía siendo alcalde. Más que darles la razón a quienes le acusaban, parecía que el partido al que pertenecía empezaba a dudar, y la dimisión respondía más a un cálculo electoral del PP para evitar perjudicar a Juanma Moreno en las elecciones andaluzas previstas para este año. Era tal la presión que ni en su partido aguantaban. Pero Landaluce y sus compañeros sí. Y si realmente es inocente, lo que se le ha hecho merece una disculpa pública a la altura del linchamiento sufrido. Si existen procesos judiciales, es para garantizar los derechos de las personas. Estar imputado puede resultar en condena o absolución, pero usar la mera denuncia, sin admisión a trámite si quiera, como arma política es de una irresponsabilidad absoluta que espero paguen política y judicialmente aquellos que han denunciado.