Se ha publicado en Gibraltar una nueva ley, la Inquiries Bill 2024, que regula las investigaciones. El momento en que esto ocurre es interesante.

Independientemente, se han hecho públicos los resúmenes de las sentencias de la investigación McGrail. Se refieren a la pertinencia de determinadas pruebas y, sin relación con ello, a supuestos incentivos para la presentación de pruebas.

El Inquiries Bill 2024 se ha publicado para derogar la actual Ley de Comisiones de Investigación, que se basa en la Ley británica de 1888. El objetivo de la nueva ley es sustituir la ley actual por una nueva que se ajuste y reproduzca la Inquiries Act 2005 del Reino Unido.

Es pertinente señalar y tener en cuenta que el Parlamento no puede tramitar ningún proyecto de ley hasta que hayan transcurrido seis semanas desde su publicación, a menos que el ministro principal certifique la urgencia por escrito.

Estamos a la espera de ver si se certificará dicha urgencia teniendo en cuenta el inminente inicio de la investigación McGrail, que compromete al ministro principal y a su Gobierno. Está previsto que la investigación comience el 8 de abril de 2024.

Sin embargo, el calendario de la nueva ley debe hacernos dudar. Si el Gobierno la utiliza para algún fin concreto relacionado con la investigación McGrail, especialmente para restringir el escrutinio público, puede ser para quedarse perplejo.

Por otra parte, se han hecho públicos dos resúmenes de sentencias de la investigación McGrail. Uno se refiere a las solicitudes de órdenes de restricción. El otro, no relacionado con el primero, se refiere a la pertinencia de las pruebas y a los supuestos incentivos para aportarlas.

La primera resolución McGrail rechazó "la solicitud de la RGP de suprimir los documentos de la Operación Delhi, basándose en que [el Presidente] no consideraba que existiera un riesgo real de perjuicio para el interés público o, al menos, la lejanía o improbabilidad del riesgo se veía superada de forma decisiva por el abrumador interés público de oír las pruebas en público, dado que acceder a la solicitud de la RGP requeriría que la mayoría, si no todas, las pruebas y las presentaciones relativas a la Operación Delhi se oyeran en privado".

Redactar en este contexto significa editar un documento eliminando información sensible, a menudo para permitir una distribución más amplia.

La Operación Delhi consistió en una investigación sobre el presunto pirateo y sabotaje del sistema de Inteligencia Centralizada de Seguridad Nacional y sobre una supuesta conspiración para defraudar a una empresa privada que gestionaba el sistema. RGP es la Real Policía de Gibraltar.

La sentencia también trataba por separado "la solicitud del Ministro Principal... de que se redacten varios documentos relativos a la Operación Delhi" respecto a los cuales no se había alcanzado un acuerdo entre el abogado de la investigación y las partes gubernamentales. Se comprometió a "... ocho redacciones de documentos...".

Esa resolución "... rechazó el argumento del Ministro Principal de que la divulgación de [cierto] material... podría suponer un riesgo para la seguridad nacional y, por lo tanto, [el Presidente de la Investigación] se negó a dictar la orden de restricción solicitada, sujeta a un pequeño número de redacciones que podían hacerse sin disminuir la comprensión del público".

En consecuencia, cierto material que aparentemente el Ministro Principal no quería que se utilizara en la investigación formará parte de la misma. A primera vista, eso significa que el material será de dominio público, pero la nueva ley puede ofrecer una vía para mantenerlo en privado. Si eso ocurriera, el "entendimiento público" no entraría en juego en absoluto.

En cuanto a la segunda decisión sobre la pertinencia de las pruebas y los supuestos incentivos para aportar pruebas, Sir Peter Openshaw ha concluido que de "... 19 declaraciones de testigos que fueron presentadas por miembros actuales o antiguos de la Federación de Policía de Gibraltar... tres de las declaraciones contenían pruebas que son relevantes para el mandato de la investigación y la lista de cuestiones (aunque esas tres declaraciones también contenían material irrelevante, que será redactado...".

Sobre la cuestión de "... las circunstancias que rodearon la presentación de estas declaraciones, y en concreto si la investigación debe investigar las alegaciones de que se ofrecieron incentivos a cambio de prestar declaración ante la investigación", ha dictaminado que "... para mantener la integridad de la investigación y conservar la confianza pública, la investigación debe buscar pruebas y revelar las circunstancias en las que se llegaron a hacer estas declaraciones".

Una vez más, cabe esperar que todo lo que pueda ser de dominio público con arreglo a la legislación actual no se suprima si la nueva ley entra en vigor de la forma en que se aplicará a la investigación McGrail. La opinión pública espera con impaciencia los resultados de la investigación McGrail.