El fiscal general y las dos Españas

La situación procesal de Álvaro García Ortiz ha desenterrado el hacha de guerra: han reaparecido con fuerza las dos Españas. La supuestamente progresista que se alinea con el fiscal general y por tanto con las tesis del Gobierno, frente a la supuestamente conservadora que se confiesa escandalizada ante el procesamiento de un fiscal general.

Frente al sentir de estas dos Españas, un número considerable de jueces y fiscales de reconocido prestigio que tradicionalmente han sido catalogados, a su pesar, como progresistas o conservadores, ha lanzado un grito unánime: señores, esto va de Justicia con mayúscula.

Estos jueces y fiscales etiquetados de distinta manera se expresan en los mismos términos: el fiscal general del Estado no ha sido procesado por un juez, sino que cuenta con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Y dicen más, unos y otros, cuando la periodista que no ha estudiado Derecho, pretende desentrañar el asunto: la presunción de inocencia se está respetando escrupulosamente, pero en un procedimiento judicial es obligado trabajar sobre los indicios para ver si se trata de pruebas.

En el caso de Álvaro García Ortiz, el auto se refiere a indicios, no pruebas; pero el propio fiscal dio pasos muy significativos que agravaron esos indicios: al borrar los mensajes de su teléfono móvil buscaba deshacerse de las pruebas. Los mensajes no solo borraban el contenido de las conversaciones mantenidas con su círculo profesional y con los periodistas con los que habló, sino que borraba las horas en las que se produjeron las conversaciones. Que demostrarían si fue él quien filtró la información sobre el acuerdo de conformidad que el novio de Ayuso buscaba con Hacienda, y si era cierto que cuando habló con los periodistas ya conocían los hechos.

Otra coincidencia de jueces y fiscales de diferente “sensibilidad”, es la incongruencia de que si se confirma el procesamiento del FGE y de la fiscal jefe de Madrid, para esta última habría suspensión de su cargo porque se le aplica el estatuto fiscal, mientras que el FGE, cargo político, puede mantenerse en el puesto.

El FGE comparecerá los próximos meses ante siete jueces del Supremo. El apoyo del Ejecutivo y sus socios es inequívoco. Pero este asunto aún tiene muchas vueltas. Si el Supremo confirma el procesamiento de García Ortiz, el presidente del Gobierno, y el Ejecutivo entero, se van a encontrar en una situación muy delicada. Y las instituciones judiciales europeas están ya ojo avizor.