LA infame visita de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz en Bruselas al prófugo de la Justicia Carles Puigdemont ha truncado la táctica del PSOE de obviar durante el mes de septiembre las cesiones que tiene que hacer para lograr que una mayoría absoluta invista a partir de octubre a Pedro Sánchez, que se resiste a asumir la realidad: que perdió las elecciones y que la mayoría alternativa que quiere articular es imposible sin violentar el marco constitucional, a tenor de las condiciones exigidas por Junts, y también por ERC, que se ha visto arrastrado a pedir también máximos: amnistía inmediata y autodeterminación tras la investidura.

La realidad es que septiembre no está siendo el mes que esperaban: la treintena en la que Alberto Núñez Feijóo se abrasase. No, pese al mal momento del popular, es la amnistía como exigencia y el rechazo frontal que genera dentro y fuera del PSOE lo que está marcando la agenda política nacional.

Los socios del Gobierno en funciones que aspiran a reeditar coalición, PSOE y Sumar, están lanzando la idea de que no es posible aprobar la amnistía de forma previa a una hipotética investidura de Sánchez. ERC ya está dispuesta a aceptarlo si se firma un compromiso, porque el objetivo –también de los republicanos– es que Puigdemont ceda sin contrapartidas ciertas e invista a Sánchez con sus siete votos. No es eso lo que él exige, ni es cierto –como sostienen los afines al Gobierno– que no tiene más salida que ésa o una repetición electoral, que no le garantizaría mantener la llave de la gobernabilidad que le permite chantajear a España.

Puigdemont no se fía. Es un político impredecible y dado a giros inesperados: declaró la independencia porque se filtró que convocaría elecciones anticipadas en Cataluña y le llamaron traidor. Para el prófugo hay más salidas: tiene un su mano debilitar la posición de Pedro Sánchez en la negociación y alargar varios meses sus opciones de lograr la amnistía sin que medie repetición electoral. Si en dos semanas ve claro que no le concederán el borrado de sus delitos y la rendición del Estado respecto al golpe constitucional de 2017, Puigdemont puede usar los mismos siete votos para investir gratis a Feijóo el día 29: bastaría con que se abstuviesen. Con ello, desalojaría a Sánchez del poder y le retaría a una moción de censura al nuevo Ejecutivo del PP –que sería muy débil–, siempre que el socialista aprobase la amnistía previamente y una consulta para ejercer la autodeterminación, como le exige ahora para investirlo. No digo que lo haga, sino que tiene la opción de hacerlo: mantendría además sine die el poder que le da la endiablada aritmética parlamentaria que alumbró el 23-J para someter a PP y a PSOE.