Cultura

El juez decreta libertad con cargos para Teddy Bautista tras tomarle declaración

  • La SGAE reclamará "daños y perjuicios" si se demuestra que ha sido perjudicada

El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, así como el director general y el director financiero de la institución, Enrique Loras y Ricardo Azcoaga respectivamente, quedaron ayer en libertad "con cargos y sin fianza" tras declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Según consta en el auto, a los tres le imputa "un delito de apropiación indebida de especial gravedad atendiendo al valor de la defraudación", que puede ser penado con hasta seis años de prisión. También se les acusa de "administración fraudulenta", delito por el que la ley contempla hasta cuatro años de cárcel.

En el caso de Bautista, se le imputa también "un delito societario por negativa o impedimento a los socios del ejercicio de los derechos de asociación y participación", según señala el auto, que precisa que la pena puede llegar hasta los 12 meses de multa.

La libertad provisional y sin fianza decretada por el magistrado está justifica por las "particulares circunstancias de arraigo en España" de los tres imputados, por lo que existe escasa probabilidad de que se sustraigan a la acción de la Justicia. No obstante, el juez ha decretado la prohibición de salida del territorio nacional y la retirada de sus pasaportes.

Junto a Bautista, Loras y Azcoaga, el viernes fueron detenidos el director general de la filial digital de la SGAE (la Sociedad Digital de Autores y Editores, sDae), José Neri, a quien los investigadores sitúan como máximo responsable de la trama delictiva; y cinco personas de la empresa Microgénesis, vinculada a Neri: Antonia García y Elena Vázquez, esposa y cuñada de Neri, respectivamente, así como Rafael Ramos, Eva García y Celedonio Martín. Los dos últimos también declararon ayer ante el juez.

Por otro lado, la SGAE aseguró ayer en un comunicado que "adoptará las medidas legales oportunas y reclamará daños y perjuicios" en el caso de que se demuestre que "la entidad ha sufrido algún perjuicio por parte de los proveedores contratados por el área de informática". También expresó su confianza en que una vez "analizada toda la documentación" por parte de la Guardia Civil, "se despejará cualquier duda sobre el comportamiento de la SGAE".

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