Cultura

Odyssey devuelve las monedas de 'La Mercedes' que quedaban en Gibraltar

  • El Ministerio de Cultura recoge de la colonia los últimos objetos del pecio Son 200 bienes entre piezas de plata y fragmentos de madera

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha recogido en Gibraltar los últimos objetos arqueológicos procedentes de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, dando así por concluido el proceso que llevó al Gobierno a reclamar a la empresa Odyssey ante los tribunales estadounidenses la devolución de la carga extraída del buque hundido.

Los bienes que se han recuperado se han sumado al resto de la colección, compuesta por más de 500.000 monedas de plata, adscrita al Museo Nacional de Arqueología Subacuática ARQUA, donde recibirán las medidas adecuadas para su conservación.

Con cerca de 200 objetos, entre ellos monedas de plata y fragmentos de madera, los bienes recuperados aportan un valor cultural añadido, ya que permiten reconstruir, entre otras cosas, los procesos y materiales utilizados en el transporte del material numismático.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tiene previsto inaugurar en los próximos meses una exposición en la que se muestren los objetos más interesantes recuperados de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes y en la que el visitante podrá acercarse tanto a la época y las circunstancias del hundimiento, como al proceso de recuperación de este importante conjunto de patrimonio subacuático.

De esta manera, se cumple en su totalidad la sentencia norteamericana que obligaba a Odyssey a hacer entrega a España de todos los bienes extraídos del pecio, dictada en enero del año pasado y ante la que no cabía recurso, incluyendo parte de los bienes que se habían quedado en Gibraltar.

En aquella ocasión, el juez desestimó las alegaciones de Odyssey al considerar que la fragata española era un buque de Estado y no un barco mercante. La empresa cazatesoros pretendía demostrar que el barco no se encontraba en misión militar en el momento de su hundimiento y que, de esta forma, se perdía la inmunidad soberana y el barco dejaba de pertenecer al país de origen.

El 18 de mayo de 2007, Odyssey anunció que había encontrado y transportado un cargamento de monedas a los Estados Unidos. Esta empresa norteamericana bautizó a la operación y al pecio encontrado con el nombre de Cisne Negro. Desde ese momento, el Gobierno español abrió una investigación para averiguar en qué lugar encontró la empresa el botín, a qué pecio pertenecía, con qué permisos contaba para hacerlo y si lo halló en aguas españolas.

Meses después, y para justificar sus reclamaciones, un equipo conjunto del Ministerio de Cultura, la Armada, el Museo Arqueológico Nacional, la Real Academia de la Historia y otras instituciones reconstruyó la historia completa de La Mercedes, demostrando que éste, y no otro, era el pecio expoliado por Odyssey.

La documentación demostraba que La Mercedes estuvo en servicio militar activo con la misión de proteger al Estado español y a sus ciudadanos a lo largo de toda su historia, y también en el momento en que explotó y se hundió en combate. Asimismo, el material presentado prueba que Odyssey era plenamente consciente de ello, y que es esto precisamente lo que explica el secreto con que actuó y sus afirmaciones de no conocer la identidad del pecio.

La documentación incluía un amplio material fotográfico y otras pruebas que demostraban que el pecio sólo puede ser La Mercedes. Cañones, anclas, armas, efectos personales y una amplia variedad de otros materiales, incluyendo las monedas tomadas del barco, permitieron identificar definitivamente el pecio, hundido el 5 de octubre de 1804 frente a las costas de Portugal por la Armada inglesa cuando se dirigía a Cádiz.

En su escrito, España invocaba principios legales, entre ellos el derecho de una nación a proteger sus sitios y su patrimonio histórico (incluidos barcos hundidos) de cualquier tipo de perturbación y expolio por cazatesoros.

Asimismo alegaban que La Mercedes está protegida por los mismos principios de inmunidad soberana que se aplican a los barcos de Estado de todas las naciones, que prohíben la perturbación no autorizada o explotación comercial de los mismos.

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